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No más pueblo arrodillado a Santos y San Guijuelas
¡Somos más, somos un pueblo que busca la paz con justicia social!
Lorena González / Lunes 6 de octubre de 2014
 

En la actual coyuntura política y social, se presentan escenarios que, ante su complejidad, se asumen de manera superficial y ligera; esta situación no puede continuar, de esta forma posiblemente no se va a llegar a respuestas sólidas ante las problemáticas que realmente subyacen a este contexto del conflicto social y armado.

En ningún momento se puede caer en una visión sesgada y tratar de buscar un particular como único causante de los fenómenos de violencia, de las crisis económicas, sociales y políticas que atraviesan todas las dimensiones y manifestaciones de la vida; sin embargo, vale la pena retomar espacios que cuestionen el pasado, indaguen el presente y proyecten el futuro de nuestro país.

Luego de que miles de colombianos escucharan los argumentos y evidencias presentadas por el senador Cepeda en el “debate sobre paramilitarismo”, ronda entre nosotros el fantasma del olvido, de esa impunidad que se confunde con el miedo y esa desafortunada costumbre de mejor ignorar y olvidar.

El senador Cepeda presenta cronológicamente y grosso modo algunas acusaciones sobre posibles nexos y actuaciones del “señor que no se puede nombrar” con estructuras al margen de la ley: “En 1990, Pablo Escobar habría financiado las campañas al Congreso de varios políticos antioqueños del Partido Liberal, que pudieron ganar un puesto en el Senado. Álvaro Uribe Vélez sería uno de ellos” –explica Cepeda–, aunque según Uribe él ha dicho que conoció a Salvatore Mancuso antes de que este último se volviera paramilitar, Mancuso dijo que se encontró con el entonces gobernador de Antioquia.

“Uribe es mencionado como promotor, desde su mandato como gobernador, de las cooperativas de seguridad Convivir, algunas de las cuales se volvieron grupos de autodefensas”. De estos y otros hechos puede inferirse que posiblemente sí pudo haber promovido el conflicto social y armado, con la colaboración de personas allegadas a él en el país.

Ante estas acusaciones el ex presidente, como respuesta, insinuó que las relaciones que lo comprometerían judicialmente están ligadas a una serie de “tragedias familiares”; este tipo de “argumentos” busca provocar sentimientos de lástima y compasión ante la población del “país del Sagrado Corazón”; justificando su accionar como única salida y respuesta de las familias “de bien” al fenómeno estructural de la violencia.

La respuesta de su accionar “político”, y su embestidura en drama, no permite valorar con objetividad los hechos y sus funestas consecuencias, en este sentido se percibe que tras esta “actuación” en el debate lo que se pretende es sostener y justificar el fenómeno de la parapolítica.

Entonces, ¿cómo juzgar las actuaciones de este personaje y su posición política ante las masacres, desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, entre otras acciones dirigidas por este tipo de “San-guijuelas”? ¡El olvido no puede ser respuesta!

Por otro lado, se viene forjando el proceso de paz, en el cual se depositan la esperanza, la fe y la reconciliación de miles de colombianos que han sufrido en carne propia las consecuencias del conflicto armado y sobreviven a los efectos del conflicto social que pervive en nuestro territorio.

Es preocupante que Santos se venga favoreciendo de dicho proceso, vemos en él un “camaleón”, un perspicaz estratega “político” que es capaz de dar la mano y a la vez embestir con una orden de su bípeda lengua; en ese sentido, vuelven a ser partícipes los medios de des-información, que son realmente los que adiestran a este pueblo, y lo acostumbraron hace mucho a observar su propia realidad a través de los realities, a explicar la historia haciendo apología a la cultura mafiosa que nos gobierna, produciendo y exportando sus famosas narconovelas. El resultado es un país incapaz de superar las limitaciones y poner fin a este conflicto, reconociendo sus causas y que hace de sus desgracias una estadística de audiencia.

Por lo anterior, es necesario que cada uno de nosotros sea consciente de que el proceso de paz no es un proceso de Santos, es un proceso de todos, que aún está en construcción, y que depende del aporte que hagamos desde cada uno de los escenarios y contextos sociales: desde las familias, las organizaciones e instituciones educativas del país.

En los acuerdos de La Habana quedan plasmados compromisos de manera global de los cuales se puede ser veedor, para garantizar el reconocimiento, reparación y la no repetición a las víctimas del conflicto, pero el compromiso es de cada uno de los colombianos, y el esfuerzo es transformar y propiciar esa otra realidad, necesaria para las nuevas generaciones.

Otra situación que genera gran preocupación es la pervivencia de un letargo en los compromisos del gobierno con los campesinos, los cuales sostienen y abastecen de alimentos al país. Si bien el gobierno ya reconoció políticamente la Cumbre Agraria Étnica y Popular, se ha demostrado que la paciencia se agotó y el hecho de mendigar recursos para el agro ya no son medidas a tener en cuenta por los agricultores y el campesinado.

Tras la experiencia de lucha y movilización, el sector ha visibilizado ampliamente desde sus organizaciones, asociaciones y plataformas, las reclamaciones y presentado con argumentos las verdaderas políticas agrarias, es decir: aquellas que garanticen la producción de alimentos saludables, el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y el reconocimiento de sus derechos para una vida digna. Ante esta situación, más allá de los formalismos y la voluntad del gobierno de Santos, los acuerdos concretos establecidos en el 2013 deben considerarse como prioridad para empezar una reivindicación real y sostenida con el campesinado, la población afro y las comunidades indígenas.

En ese mismo escenario también son preocupantes y han de tenerse en cuenta algunos de los principales orígenes del conflicto social y armado en Colombia como lo han sido la tenencia de la tierra, las desigualdades sociales y las arbitrariedades del Estado.

Las organizaciones sociales no piensan ceder sus derechos ni sus territorios a las familias que históricamente han querido adueñarse de todo el país; las zonas de reserva campesina como figura jurídica y los resguardos indígenas, que gozan de una protección especial constitucional y legal, no pueden ser afectadas por figuras que el gobierno de Santos quiera generar para adjudicar tierras a multinacionales, no se puede permitir que el mismo Estado como principal victimario del conflicto quiera ordenar las tierras baldías sobre intereses particulares; ante estos hechos, la unión de campesinos, indígenas y afros puede una vez más demostrar que la construcción de un país desde las diferentes formas culturales, de pensamiento y resistencia puede ser una realidad.

La organización, la disciplina y la construcción de los procesos sociales, campesinos, estudiantiles, políticos de base no han sido en vano y cada día se muestras más fortalecidos y nutridos de académicos, analistas y demás profesionales que no van a abandonar estos procesos y no contemplan “sobrevivir en un país con el pueblo arrodillado”. Por tanto, ante los Santos y San-guijuelas no es cuestión de ignorar las actuaciones y consecuencias del accionar de ciertos personajes, sino de tomar posiciones claras que en términos de una realidad colombiana pueda ser traducida en la construcción de verdadera paz sin impunidad.