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Carta pública de Liliana Obando
Llamado a la solidaridad internacional: Cacería de brujas en Colombia
Liliana Patricia Obando / Martes 23 de septiembre de 2008 / English
 

La activista de izquierda Liliany Obando, actualmente en reclusión, acusada por el estado por supuestas relaciones con las FARC-EP, denuncia que las “FARC política” es una invención del estado y constituye una nueva cacería de brujas contra la oposición política. En una carta firmada a principios de este mes, Liliany Obando, tras un breve recuento sobre la paramilitarización de las instituciones políticas colombianas, señala las anomalías que han rodeado su detención, y el asedio del que es victima, así como su madre e hijos, por parte de las autoridades colombianas. La defensa de Liliany es clave en la lucha contra la criminalización de las reivindicaciones y de la solidaridad, por tratarse además de una mujer que con valentía encara las acusaciones situándolas en el contexto de terrorismo de estado y ha anunciado denunciar el informe de Policía Judicial por su falsedad acerca del 1 de marzo y la invalidez de las “pruebas” que el estado presenta como incautadas a Raúl Reyes, y con las que el estado viene adelantando campaña de criminalización contra un sinnúmero de personas comprometidas con la justicia social.

A continuación publicamos la carta en su totalidad:


Bogotá, Colombia, Reclusión de Mujeres
Septiembre 3 de 2008

Carta abierta a la comunidad nacional e internacional

La “FARC-política”: una nueva cacería de brujas en contra de la oposición política

Como en ninguna otra época de la vida nacional, la pérdida de credibilidad en las instituciones tiene una correlación directa con la forma mafiosa de gobernar. La parapolítica; el delito de cohecho que favoreció la reelección de Uribe; los nexos de funcionarios del gobierno, de la Fiscalía, de los organismos de seguridad del estado con los carteles de la mafia paramilitar; el fracasado ’proceso’ de desmovilización de los paramilitares y la muy extraña extradición de los jefes paramilitares -cerrando de tajo la posibilidad de conocer la verdad que demandan sus víctimas-; los reiterados intentos del gobierno de minar la independencia y autonomía de los órganos de justicia, en especial de la Corte Suprema de Justicia; la politización de la Fiscalía a favor del gobierno; las incursiones militares por fuera del territorio nacional y el infortunado manejo diplomático con los gobiernos progresistas de la región, son sólo algunos elementos que evidencian la falta de gobernabilidad y ponen en cuestión la existencia de una democracia real.

Ni para el pueblo colombiano, ni para la comunidad internacional, son extrañas las maniobras y las cortinas de humo que tiende el gobierno colombiano cada vez que enfrenta un nuevo escándalo que evidencia su ilegalidad e ilegitimidad.

En esta oportunidad, el gobierno de Uribe, en una reedición de las épocas más tenebrosas del terrorismo de estado, ha desatado una nueva ’cacería de brujas’ en contra de la oposición política. El pasado 22 de mayo, en alocución pública en los medios de comunicación, el Fiscal General de la Nación Mario Iguarán, y el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, anunciaron el inicio del proceso que han denominado como la ’farc-política’; proceso derivado de los correos electrónicos encontrados supuestamente en los computadores del abatido jefe de las FARC, Raúl Reyes, tras la incursión militar en territorio ecuatoriano, el pasado 1 de marzo.

Acto seguido, procedieron a leer una lista de los presuntos implicados en los supuestos correos. Todos líderes de la oposición nacional e internacional: congresistas, académicos, periodistas y personalidades.

El pasado 8 de agosto fue publicado en los medios de comunicación la apertura de investigación con orden de captura incluida en mi contra, como una de las mencionadas en la lista de la ’Farc-política’. Pocas horas más tarde era allanado mi lugar de residencia, se me detenía ’preventivamente’, se me conducía a las instalaciones de la Unidad Antiterrorismo de la Dijín (Policía Judicial) y seis días después, se me encarcelaba en la Reclusión de Mujeres en Bogotá.

Durante la diligencia de allanamiento conducida por la Dijín se cometieron varias arbitrariedades, que hoy quiero denunciar públicamente:

• Se hicieron filmaciones de mis hijos menores de edad (5 y 15 años);

• Se agredió e intimidó verbalmente a mi hijo de 15 años de edad, a quien en varias oportunidades le dijeron que si ’iba a seguir los pasos de su madre’.

• La incautación ilegal de elementos personales y documentos de mi madre y mis hijos (documentos bancarios, pasaportes, computador), que nada tienen que aportar al procedimiento adelantado en mi contra.

• La filmación de forma manipulada, y la posterior filtración a los medios de comunicación, de documentos y libros de venta libre, que fueron presentados por los medios como propaganda subversiva.

• La incautación aberrante de documentos públicos como estatutos de la Juventud Comunista; documentos alusivos al Partido Comunista; un libro titulado ’Bolívar para Niños’, etc. y hasta la pretensión absurda de llevarse un trabajo escolar de mi hijo que cursa noveno grado porque trataba del conflicto colombiano.

Llamo la atención cómo, en un acto sorprendente de ’eficiencia’, las imágenes obtenidas en el allanamiento eran profusamente difundidas en los medios, aun antes de que la diligencia del allanamiento hubiera terminado, mientras el capitán de la Dijín me decía que ’me harían famosa nacional e internacionalmente’.

Mientras personalmente desconocía los detalles del proceso que la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía adelantaba en mi contra, en una práctica también ilegal por cuanto viola el debido proceso y la reserva sumarial de la investigación, la inteligencia del estado y las autoridades judiciales a cargo, filtraban a los medios de comunicación, en especial al periódico El Tiempo, y a cuentagotas, algunos de los supuestos correos y difamaciones en mi contra, como mi supuesta relación íntima con el asesinado jefe de las FARC, Raúl Reyes. Difamaciones que rechazo y denuncio por la forma irresponsable y claramente mal intencionada como han sido presentadas públicamente violando mi dignidad, mi honra y derecho a la intimidad, en mi condición de mujer, de madre, de profesional y de militante de izquierda. Pero también porque hacen parte de una oscura estrategia del gobierno para resquebrajar la imagen de los dirigentes y organizaciones revolucionarias.

Quiero denunciar también públicamente cómo, violando el Código Penal y los derechos fundamentales de mis hijos y el mío propio como madre cabeza de familia, la fiscal 19 de la Unidad Especializada Antiterrorismo, Nancy Esperanza Pardo Bonilla, ha negado la detención domiciliaria. Decisión que rechazamos y estamos apelando con mi defensa.

Denuncio también públicamente y manifiesto mi profunda preocupación por los seguimientos de que viene siendo víctima mi hijo de 15 años, posteriores a mi detención.

Hago directos responsables al gobierno y sus organismos de seguridad por cualquier hecho que vulnere la integridad física y moral de mi familia y la mía propia.

Solicito la solidaridad de las organizaciones progresistas y de derechos humanos, para que tramiten las debidas medidas protección para mi familia.
Como es claro que el denominado proceso de la FARC-política es más un hecho de persecución política que un caso jurídico, y que está lleno de ilegalidades, con los abogados de mi defensa hemos decidido:

1. No reconocer los supuestos correos de los computadores del abatido jefe de las FARC Raúl Reyes, como prueba en nuestra contra, toda vez que la acción militar del pasado 1 de marzo, en la que fueron presuntamente obtenidos, fue una acción ilegal realizada por fuera del territorio nacional, violando la soberanía territorial del Ecuador, ya que no contó con la autorización ni del gobierno ecuatoriano, ni de sus autoridades policiales ni judiciales.

2. Rechazar los supuestos correos como prueba válida en nuestra contra, no sólo porque fueron presuntamente obtenidos tras una acción ilegítima de guerra, después de masacrar a los civiles y guerrilleros que se encontraban en el campamento de Raúl Reyes, como lo reconociera la propia Organización de Estados Americanos (OEA), sino por el manto de duda que existe sobre la veracidad y manipulación de que hayan sido objeto los mismos.

3. Denunciar públicamente a la Fiscalía General de la Nación por avalar e iniciar procesos acusatorios en contra de varios líderes de la oposición y personalidades nacionales e internacionales, con base en los supuestos correos ilegalmente obtenidos que carecen de validez probatoria.

4. Denunciar públicamente al Juez 60 de Control de Garantías de Bogotá, por darle validez a unas supuestas pruebas ilegalmente recaudadas.

5. Denunciar el informe de Policía Judicial por falsedad ideológica, al expresar de forma falaz los hechos ocurridos el 1 de marzo de 2008, donde fueron presuntamente obtenidos los computadores con los cuales pretenden inculparnos.

6. Acudir a instancias internacionales ante la poca credibilidad y legalidad de que gozan los responsables de impartir justicia en Colombia.

Ante la cruzada ’antiterrorista’ nacional e internacional que el gobierno colombiano viene realizando en contra de la oposición política, no son ni la indiferencia, ni el miedo, que amordaza e inmoviliza, ni las actitudes pusilánimes ni insolidarias las que nos pondrán a salvo. No es negando a los luchadores políticos ni a las organizaciones revolucionarias, ni la justeza de la lucha de los pueblos, como saldremos de la ’oscura noche’.

Sólo la unidad de acción, la denuncia, la movilización, la solidaridad y la consecuencia con los principios revolucionarios, nos permitirán enfrentar los momentos difíciles y avanzar en el camino de la construcción de una democracia real, de la inclusión política, y de la tan anhelada paz con justicia social.

Finalmente, quiero agradecer todas las manifestaciones de solidaridad que organizaciones nacionales e internacionales, sindicales, sociales, políticas, de derechos humanos y de personas comprometidas con la justicia social, me han expresado.

Agradezco el reconocimiento que han hecho de mi labor como académica y como activista social en la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la paz con justicia social para nuestro país.

Aquí seguimos con la moral en alto, en esta nueva trinchera de lucha, porque el encarcelamiento de nuestros cuerpos no implica la renuncia a nuestros ideales, ni a nuestros principios, que siguen libres.

Fraternalmente,

Liliany Obando
Prisionera Política
Prisionera de Conciencia
Militante Comunista
Sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica.