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En palabras de Uribe: de la seguridad nacional a la “seguridad democrática”
Proyecto Colombia Nunca Más / Lunes 29 de septiembre de 2008
 

Como tesis de partida, es necesario señalar que la pervivencia de distintos elementos de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) en la constitución de la llamada Política de Seguridad Democrática (PSD), nos remonta a todo un cuerpo, ideológico y doctrinario, creado e implementado por primera vez en los Estados Unidos en el año de 1947. El propósito original era evitar la desmovilización durante la posguerra ante la inminencia de una confrontación con el “campo comunista”. La famosa doctrina fracasó y posteriormente tomó la figura de la defensa de los derechos humanos, especialmente durante el gobierno del presidente Carter. Así, los Estados Unidos enmascararon su responsabilidad en la perversa ola de represión desatada a lo largo de América Latina. Fue, en el escenario de las dictaduras del Cono Sur y las guerras contra el movimiento guerrillero y popular en casi todo el continente, la oportunidad inmejorable para que la DSN se desplegara en toda su dimensión. Así las cosas, la PSD es una expresión de la empresa recolonizadora estadounidense, y desde luego, del imperialismo.

El periodo que comprende el mandato de Álvaro Uribe encarna una combinación entre la tradición intervencionista y el ascenso de una oligarquía mafiosa profundamente retardataria. Establecer esas conexiones constituye una posibilidad para el movimiento social y popular, pues tras de la construcción mediática del “carisma y el empuje paisas”, o del “hombre resentido por la muerte de su padre en manos de la guerrilla”, existe una estrategia, sistemáticamente planificada y ejecutada a través del estado colombiano. A continuación, algunas de las principales características de la DSN recurrentes en la PSD.

Empleo de plataformas de acción cívico-militares, usando las carencias y necesidades de los sectores populares para recaudar información, romper tejido social y procurarse legitimidad. De otro lado, se propende por establecer relaciones de cooperación entre diferentes sectores económicos y políticos locales. Así lo señala Álvaro Uribe en una reunión con representantes de las empresas privadas de seguridad en agosto de 2007: “Si la ciudadanía no se integra con la Fuerza Pública, es muy difícil, por grande y potente que sea la Fuerza Pública, derrotar el terrorismo. La clave contra el terrorismo radica en la alianza ciudadanía - Fuerza Pública – Constitución. Es bien importante” [1]. La cooperación de la “ciudadanía” con las fuerzas de seguridad del estado es un deber en la defensa de una “frágil democracia”. La virtual derrota del terrorismo –representado en las organizaciones guerrilleras- reconfigura la vieja figura de interés nacional que, en vista de la estabilidad institucional y los amplios índices de gobernabilidad, nos trasporta hacia una “democracia incompleta”. Expresión del interés general de la sociedad en cuya defensa nadie resulta ajeno. ¿Qué mejor oportunidad que la conmemoración de la batalla de Boyacá? Allí el primer mandatario insistió en: “Pero también decíamos que para poder llevar esta batalla a su éxito final, necesitamos la integración con el pueblo. Si bien entre todas las fuerzas suman cuatro millones de cooperantes, deberíamos tener 43 millones de cooperantes” [2].

La DSN es garantía armada de la aplicación de políticas de ajuste económico que incrementa el saqueo por capitales trasnacionales, ahondando con ello la subordinación económica y expoliación de recursos nacionales. Entre la seguridad y la elevación de las tasas de ganancia existe una estrecha reciprocidad. En reunión anteriormente señalada entre el presidente y los empresarios de la seguridad, Uribe señala: “Hay que persistir en esos tres valores: la seguridad, la confianza inversionista y la política social. El camino es de resistir, de ajustar, de mejorar, de ser más y más eficaces” [3]. Ese modelo agroindustrial de exportación requiere como condición de la “confianza inversionista” la expropiación de más de 15 millones de hectáreas y la consolidación de los aparatos paramilitares como autoridades civiles. La persistencia de las organizaciones sociales, populares y defensoras de derechos humanos constituye una amenaza para la libre puesta en marcha de grandes megaproyectos, y en general, a la configuración de un modelo profundamente anclado en procesos de acumulación originaria de capitales.

La DSN militariza el concepto de seguridad, a la vez que reduce los conflictos sociales a la esfera de lo policivo. Con ello procura ocupar espacios en la vida cotidiana y cultural utilizando y administrando el uso de la fuerza como medio de acrecentamiento de las desigualdades sociales y políticas. No hay duda de que un componente esencial de la PSD es la militarización de la sociedad colombiana en todos sus ámbitos, incluyendo espacios públicos tradicionalmente dados al debate político y la confrontación ideológica. Frente al tema de la seguridad, Uribe defiende la PSD de la siguiente manera: “Aquí se tuvo durante años la equivocación de despreciar la seguridad. Se mira la seguridad como una postura de derecha militarista, fascista. Se negó durante décadas y por eso del país se apoderaron terroristas de toda pelambre” [4]. La situación de las universidades públicas y la creciente criminalización de las organizaciones estudiantiles se enmarcan precisamente en la negación del conflicto social y la lucha de clases. El ejercicio de la política se desarrolla en medio de polarizaciones sustentadas en posturas demagógicas que, compensan en la fuerza, una pobre argumentación: “Yo viví a la universidad pública, las guerrillas marxistas, que trajeron el odio de clases, fueron las mismas que trajeron la combinación de las diferentes formas de lucha. Asesinaban y penetraban el movimiento obrero, el movimiento estudiantil. Llegaron después los paramilitares e hicieron lo mismo” [5].

La DSN viabilizó y aseguró en sucesivas etapas el tránsito a un modelo de estado que, aunque formalmente social de Derecho, pasó en realidad a ser más antisocial y antijurídico. El estado colombiano, denodadamente, ha borrado el límite entre lo legítimo e ilegítimo –cuando menos en el ámbito jurídico-. No ha dudado en pasar de la represión abierta y franca de las fuerzas de seguridad y la implementación de disposiciones legales como el estado de sitio o de excepción, a las acciones de tipo encubierto apoyadas por los servicios de inteligencia o, como hemos sido testigos, a la creación de grandes ejércitos de paramilitares y el terror generalizado. Ni siquiera se garantiza la independencia de poderes de las tres ramas públicas, y la airada defensa de los paramilitares insertos en cargos públicos por parte del Ejecutivo, está dispuesta, de ser necesario, a pasar por encima de cualquier principio constitucional.

Así las cosas, creemos que la salvaguarda de la memoria de los crímenes cometidos por el estado colombiano es un testimonio vivo en la lucha contra la aplicación de este tipo de políticas y la visualización de sus formas más perversas, sus consecuencias y probables resistencias. Parafraseando un poco a Camilo Torres: “No hay nada más desmoralizador para el enemigo, que nuestro propio valor, que nuestra propia entereza”.

[1Palabras del presidente Álvaro Uribe en el Congreso de Seguridad Privada. Agosto 17 de 2007 (Quimbaya - Quindío)

[2Palabras del presidente Álvaro Uribe en la conmemoración del aniversario de la Batalla de Boyacá. Agosto 07 de 2007 (Bogotá)

[3Palabras del presidente Álvaro Uribe en la firma de TLC entre Colombia y el Triángulo. Agosto de 2007 (Bogotá)

[4Palabras del presidente Álvaro Uribe en el Congreso de Seguridad Privada. Agosto 17 de 2007 (Quimbaya – Quindío)

[5Ibíd.