Pese a los avances en el proceso de restitución de tierras, los pobladores del Oriente Antioqueño no cuentan con garantías de retorno digno a sus parcelas debido a que el Estado está adjudicando terrenos abandonados o despojados en razón del conflicto armado a multinacionales para explotación minera, según un informe realizado por la Corporación Jurídica Libertad.

Este informe llamado ‘El proyecto minero-energético en la región del Oriente Antioqueño: sus impactos sobre el territorio’ a manos del investigador Fabián Emilio Restrepo García, magister en Estudios Contemporáneos de América Latina, afirma que: ‘En la actualidad grandes extensiones de tierra se encuentran solicitadas para la exploración o explotación minera y sobrepasan la mitad de las áreas totales municipales en el Oriente Antioqueño. Incluso buena parte de esas solicitudes se ubican en zonas que cuentan con algún tipo de protección legal, como las reservas forestales’.

Así como muestra la gráfica, para este año el número de licencias otorgadas supera el de licencias en trámite. Esta situación se traduce en un significativo aumento de la actividad minero-energética y un mayor interés por desarrollar proyectos hidroeléctricos en la región.

El Estado y las grandes empresas transnacionales dedicadas a la explotación minero-energética han estado estrechamente relacionados con el conflicto armado en la zona.

Las confrontaciones entre los actores del conflicto, cuando el territorio era disputado por guerrillas, paramilitares y Ejército, provocaron consecuencias graves en materia de violación de los derechos humanos, comisión de crímenes de lesa humanidad, atentados contra las normas del Derecho Internacional Humanitario y apropiación del territorio a manos de los vencedores de la guerra, quienes instauraron prácticas de terror y desplazamiento sistemático de las poblaciones en defensa del modelo minero-energético.

Desde hace décadas, el paramilitarismo aliado con las Fuerzas Armadas y con los intereses de las élites económicas y políticas trató no sólo de derrotar a las guerrillas, sino garantizar el funcionamiento del statu quo en las regiones y la implementación de proyectos económicos acordes a sus intereses.

Por esta razón, el informe asegura que: ‘Los reclamos del movimiento cívico frente a la arbitrariedad en la construcción y operación de los proyectos hidroeléctricos generaron una violenta reacción por parte de quienes los ejecutaban, que propició la persecución y asesinato de importantes líderes sociales y el desplazamiento de los habitantes de las zonas afectadas por los proyectos’.

De esta forma, los habitantes del Oriente Antioqueño, marcados en su historia por la violencia, aún hoy se enfrentan a violaciones sistemáticas de sus derechos y se encuentran nuevamente amenazados por la construcción de megaproyectos hidroeléctricos, de acuerdo a una nueva modalidad de despojo de la tierra en nombre del interés general y de un modelo de explotación extractivista de los recursos naturales.