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Aún no hay paz para los prisioneros políticos colombianos
W. T. Whitney Jr. / Lunes 5 de enero de 2015 / English
 

Así como un nuevo año comienza, la Red Internacional en Solidaridad con los Prisioneros Políticos Colombianos renueva su llamado por la libertad para los prisioneros políticos en Colombia. (El presente escritor es un miembro de esta organización, ver http://www.inspp.org). En efecto, el tiempo ha sido demasiado largo para todos aquellos encarcelados por la lucha en la causa del pueblo, en cualquier lugar. ¡Deben ir libres!

Este informe destaca a algunos de los prisioneros políticos más conocidos de Colombia. Las victorias para ellos, pensamos, acelerarían el proceso por el cual muchos pueden volver a sus familias y trabajo político. La lucha por los prisioneros políticos toma una urgencia ahora que los negociadores de paz en La Habana entran en su tercer año de conversaciones.

Los casos señalados abajo testifican lo defectuoso de los procesos legales y la persecución política que prevalece hoy en Colombia. El caso de Húbert Ballesteros es chocante en este respecto.

Las autoridades arrestaron a Ballesteros en agosto 25 de 2013 durante una huelga nacional por los derechos agrarios organizada por una coalición de grupos a los cuales Ballesteros servía como vocero. Él ha estado en la prisión La Picota desde entonces, ni condenado ni sentenciado. Un juez en mayo de 2014, falló en contra de la petición de Ballesteros para la detención domiciliaria por sus necesidades médicas; él sufre de diabetes.

La solidaridad internacional se ha montado en nombre de Ballesteros. En diciembre 9, la red de 50 grupos de derechos humanos “Detengan los Asesinatos” (Stop the Killings), establecida en Bélgica, le rindió homenaje. Dos semanas más tarde Vía Campesina, la organización internacional para los derechos de los campesinos, demandó su liberación. Marcando el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, el sindicato de trabajadores del servicio público en unión con la ONG Justicia para Colombia (Justice for Colombia), obtuvieron 7.500 firmas en una petición en representación de Ballesteros dirigida al fiscal general de Colombia.

A finales de noviembre, la red “Solidar” de grupos de derechos humanos, en su mayoría europeos, 60 de ellos, adjudicaron su premio “Rosa de Plata” (Silver Rose) a Ballesteros. Cientos de parlamentarios respaldaron el premio. Pocas semanas antes, la Federación Mundial de Sindicatos emitió una declaración urgiendo a los sindicatos mundiales a organizar protestas demandando la liberación de Ballesteros.

Ballesteros ha sido por largo tiempo vicepresidente de la Federación de sindicatos de trabajadores agrícolas Fensuagro, la más grande de Colombia. Para el 2005, 37 sindicatos rurales estaban asociados a Fensuagro. Unos 1.500 de sus miembros han sido asesinados desde su formación en 1976; 150 están ahora en prisión.

Húbert Ballesteros se desempeñó como uno de los representantes internacionales de Fensuagro. El servicio de noticias El Espectador, uno de los principales en Colombia, anota que Ballesteros “Siempre ha sido muy crítico del actual y de los anteriores gobiernos que han aplicado y profundizado políticas neoliberales y de exclusión social”.

Él es un vocero y miembro fundador del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, ahora asumiendo un papel de liderazgo en la nueva coalición electoral de izquierda en Colombia, el Frente Amplio. Él hace parte del comité ejecutivo de la central de trabajadores CUT.

Las autoridades colombianas le hicieron cargos por “rebelión y consecución de dineros en el exterior para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”. Los fiscales se basan en evidencia supuestamente incriminatoria, pretendidamente tomada de los computadores de los líderes de las FARC Raúl Reyes y Alfonso Cano, incautados después de que el Ejército los asesinara. El gobierno también le dio la bienvenida a las acusaciones contra Ballesteros de Raúl Agudelo Medina, un ex combatiente de las FARC quien cambió de lado y enfrenta cargos criminales.

“La cacería de brujas en la Universidad”

La persecución de Húbert Ballesteros refleja la determinación del gobierno colombiano para silenciar a la oposición política. Trata de hacerlo a través del temor, la intimidación y la eliminación de sus líderes. La guerra a la opinión disidente, esa herramienta del tiempo de prueba de los reaccionarios en todos lados, está en exhibición en el caso de Miguel Ángel Beltrán.

Cuando el gobierno colombiano aseguró la extradición de este académico y sociólogo, él estaba completando estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de México, donde obtuvo su grado de doctorado. Acusado de reclutar para las FARC, él pasó dos años en una prisión colombiana donde supuestamente sufrió torturas. Aunque él fue dejado en libertad en mayo de 2011, después de que la Corte Suprema de Justicia fallara que la evidencia tomada de los computadores incautados a las FARC no tenían un estatus legal, el gobierno reaccionó aliviando la persecución contra otros izquierdistas similarmente acusados –pero no hacia Húbert Ballesteros, y no, como resulta ser, hacia Miguel Ángel Beltrán.

Beltrán había vuelto a enseñar e investigar en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, cuando bajo una orden de la Procuraduría General de Colombia, él fue destituido en julio de 2014. El pretexto fue la historia, tomada de los archivos de los computadores, de que Beltrán era un miembro de la Comisión Internacional de las FARC. La orden le prohibió emplearse en universidades públicas colombianas durante 13 años.

Seguidamente, en diciembre 18, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la absolución emitida por un juzgado de primera instancia en 2011. Las autoridades han emitido una orden para que Beltrán vuelva a prisión. Él enfrenta una sentencia de 100 meses de prisión, pero está libre ahora a la espera del resultado de su apelación a la Corte Suprema de Justicia. El cargo, como antes, fue el de “rebelión”, evidentemente en su asociación con las FARC.

Un informe de noticias señala las acusaciones de los fiscales de que Beltrán “cumplió tareas políticas dentro de la organización ilegal, difundió con sus escritos el pensamiento revolucionario de las FARC, divulgó las ideas del grupo armado ilegal en foros internacionales, organizó eventos en la Universidad Nacional con sentido político invitando a los estudiantes a que se unieran a las filas de esa guerrilla y pretendió crear un centro de investigación de este grupo armado ilegal”.

La Red de Intelectuales por la Humanidad reunidos en Caracas, inmediatamente emitió una declaración llamando a la liberación de Beltrán. Ellos rechazaron “la persecución de académicos e intelectuales colombianos comprometidos con su pueblo. El camino de la paz para Colombia también incluye el pleno e irrestricto respeto a quienes impulsan el pensamiento crítico”.

Lucha por la verdad y la supervivencia

La lucha de la prisionera Liliany Obando no ha terminado. Defensores de Obando enviaron recientemente una carta, ahora hecha pública, a una funcionaria del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario recordándole que la continua falta en la entrega de los documentos solicitados que apoyan las peticiones de Obando para la “libertad condicional” violan la ley colombiana.

Obando, habiendo entrado a prisión en agosto 8 de 2008, salió el 1 de marzo de 2012 en libertad provisional. En junio de 2013 ella fue finalmente condenada bajo el cargo de “rebelión”, sentenciada a prisión domiciliaria, y multada con el equivalente de $368.347.70 dólares. Sus 70 meses de larga sentencia incluyen los 43 meses que ella ya había pasado en prisión. Entonces, a pesar de la prisión domiciliaria, las autoridades la encarcelaron de nuevo por 15 días en agosto de 2014, sin ninguna obvia razón.

Ella comparte el cargo de “rebelión” con Ballesteros y Beltrán, y con ellos, la supuesta evidencia tomada de los computadores incautados de los líderes muertos de las FARC. Ninguno de los tres derivó beneficios del fallo de la Corte Suprema de Justicia invalidando tal evidencia.

Obando, madre de dos hijos, se mantiene confinada en su hogar, acosada por la Policía e informantes, y socialmente aislada.

Ella, como Húbert Ballesteros, vinculada a Fensuagro, en su caso como directora de derechos humanos. Al decir de todos, ella era una carismática defensora de los derechos agrarios, y, como él llevó ese mensaje al exterior.

Antes de su encarcelamiento Obando, como Miguel Ángel Beltrán, fue una académica, investigadora y profesora. En el momento de su arresto, ella estaba trabajando para un grado de Maestría en Estudios Políticos en la Universidad Nacional de Colombia, y aún está en ello. Ella es una documentalista. Los documentales de Obando, uno sobre Fensuagro, el otro sobre la lucha agraria en Colombia, hablan la verdad. Ellos documentan, en inglés, la épica y peligrosa lucha contra la monumental opresión. Estos extraordinarios documentales, seguramente indicativos de la amenaza que Obando representa desde el punto de vista del Estado, están accesibles aquí y aquí.

En escritos y acciones, dentro y fuera de prisión, Obando ha defendido y organizado a las mujeres. Ella ejemplifica la lucha de las mujeres revolucionarias y políticamente conscientes por sus propios derechos y aquellos de sus hijos. Su historia de vida es emblemática de la notable contribución que las mujeres han hecho al auge revolucionario en Colombia.

Manteniendo a los lobos alejados

La historia del prisionero David Rabelo, actualizada recientemente por el presente autor, contiene una nueva nota de justicia poética para el enemigo de Rabelo, el líder de la manada que él contuvo durante muchos años. La responsabilidad del anterior presidente Álvaro Uribe con los violentos grupos paramilitares de extrema derecha está bien documentada.

En una vida llena de acción política en la causa del pueblo, Rabelo hizo mucho en su ciudad natal Barrancabermeja desde la década de los noventa para protegerse de los ataques mortales de los paramilitares. Rabelo hizo públicos los vínculos de Uribe con los líderes paramilitares que estaban atacando Barrancabermeja y así provocó un instrumental contraataque que lo puso en prisión en el 2010. Él está cumpliendo una sentencia de 18 años.

Sin embargo, un informe del 27 de diciembre revela: “Ya es oficial: Uribe es investigado come presunto responsable o inductor de más de 3.000 asesinatos.” Adicionalmente, “Los datos afloran y el círculo se estrecha: Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia durante el período 2002-2010, es objeto de investigación por parte de la fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya como posible autor de crímenes de lesa humanidad”.

En síntesis, los cuatro prisioneros discutidos aquí son simbólicos a través de sus creencias y acciones de puntos cruciales que dividen a la sociedad colombiana y provocan la guerra civil. Uno o más de estos pequeños grupos han luchado contra la monopolización de la tierra, la represión del pensamiento y disenso, la persecución laboral y la opresión de las mujeres. Ellos todos se levantan por una nueva Colombia, una donde la oligarquía gobernante ya no tenga más rienda suelta ni donde los Estados Unidos intervengan.

Eso es por lo que ellos y otros espíritus semejantes están en las prisiones, testimoniando a una sociedad en guerra, no menos que aquellos asesinados al por mayor, desaparecidos, y desplazados de la tierra, todos también bien conocidos. Todos los ojos están en las negociaciones de paz en La Habana.

Traducido al español por Liliany Obando, prisionera política colombiana