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La protesta social y los pueblos indígenas en la mira de la "seguridad democrática"
Freddy Ordóñez / Miércoles 29 de octubre de 2008
 

Cuando conversaba con César sobre la coyuntura vivida durante los meses anteriores en el país, en la cual se percibía la protesta social y la movilización, como muestra del inconformismo con quienes detentan el poder en la “Casa de Nari”, concluimos que cada vez es mas evidente que la "Seguridad Democrática" tiene, aparte del componente militar antisubversivo, o en términos del Príncipe, antiterrorista, un componente fundamentalmente antipopular que a su vez se bifurca en dos áreas: la “legal” (es decir aquellas medidas legales que el ejecutivo y el legislativo adopta para golpear los sectores populares), y la “guerra sucia mediatizada”, que por ser mediatizada, deja de ser sucia, y se “limpia”. Vale decir, que también es evidente, el desprecio y la repulsión sentidas por el mandatario hacia los sectores excluidos de este país: campesinos, tanto jornaleros agrarios como desplazados, indígenas y población urbana económicamente precaria. Cómo olvidar las palabras del Presidente: las minorías étnicas que son el 2.2 o 3.2% a lo sumo de la población, tienen el 27% de la tierra del país. Le faltó (que estoy seguro lo pensó) el ¿qué más joden?. ¿Qué otra cosa se puede esperar del latifundista sentado hoy en la Casa de Nari?

Este segundo semestre del año ha estado enmarcado dentro de la agitación social, las movilizaciones y las jornadas de expresión por parte de organizaciones y movimientos sociales y sectores sindicales de Colombia. Abriendo septiembre, los estudiantes universitarios agrupados en organizaciones gremiales realizaron Congresos; luego el Sector Judicial realizo un paro memorable, exigiendo el cumplimiento de acuerdos laborales, cese de actividades que duró mes y medio; posteriormente los Corteros de caña, iniciaron un paro también, exigiendo a los poderosos ingenios azucareros mejores condiciones salariales; y finalmente los indígenas desde el pasado doce de octubre han adelantado movilizaciones y manifestaciones en diversos departamentos de Colombia. Todas estas expresiones enmarcadas dentro de actuaciones de carácter político y social, tendientes a la exigibilidad de derechos, valga decir fundamentales, y dentro de un marco de derechos también, como son el derecho a la libertad de expresión, a la huelga, a la asociación, etc.

Pero este tipo de actuaciones no fue del agrado del Gobierno, y empezó la guerra sucia mediatizada: A los estudiantes universitarios, tantas veces victimizados y agredidos por sectores Estatales y Paraestatales, se les sindicó públicamente de terroristas, la hoy exdirectora del DAS, Maria del Pilar Hurtado fue quien salió esta vez lanza en ristre contra los Universitarios, ya en ocasiones anteriores lo han hecho Álvaro Uribe, Francisco Santos, Andrés Felipe Arias, Gina Parody, entre otros, los cuales desean un tipo de educación funcional a los intereses de la “Seguridad Democrática”. Posteriormente el Gobierno no dudó en indicar que el paro de Asonal, tenia intereses oscuros al querer ser alargado hasta el 11 de octubre, fecha en la que, se intentaría desestabilizar el régimen, y como todos saben el paro de los empleados de la Justicia, dio para Decreto de Conmoción Interior y los medios día a día nos invadieron de ladrones, violadores, y demás delincuentes que quedaban libres, y crímenes que quedaban en la impunidad por culpa del paro de Asonal, hasta de la impunidad en el caso del Palacio de la Justicia les estaban acusando. Los corteros de caña 8cosechadores) también fueron incriminados de tener nexos con las FARC, y sus líderes fueron perseguidos. Finalmente los indígenas fueron contra quienes el Ejecutivo enfilo toda su artillería, buscando por todos los medios desacreditarlos y criminalizar sus aspiraciones dándole nuevamente un tratamiento de orden público a un conflicto social.

El 25 de mayo de este año, en un Consejo Comunal celebrado en Popayán, el Presidente Uribe indicó al entonces Ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín, la necesidad de una reforma penal para que la invasión y destrucción de predios acarreara tuviera como consecuencia una pena más severa. Hoy después de ese Consejo Comunal, los indígenas (aunque no hubo reforma penal) son tratados como delincuentes de alto calibre: el Ministro de Protección Social, el de la Yidispolítica, Diego Palacio, aseveró: Más allá de la inconformidad, hay un interés que busca desestabilizar, confrontar y hacer oposición al Gobierno Nacional; el Director de la Policía, el General Óscar Naranjo, dijo que la protesta indígena se caracteriza por la actitud violenta de muchos movilizados, el uso de artefactos explosivos y de armas no convencionales y que obviamente detrás de la protesta estaban las FARC; y Uribe indicó que la protesta estuvo marcada por los hechos de ataques terroristas contra la Fuerza Pública.

Pero a mi modo de ver, lo más grave de las intervenciones presidenciales referentes a los hechos en el Cauca, no fue si el presidente sabia o no del uso de armas de fuego por parte de la Policía y el Ejército para contener las protestas (varios cubrimientos noticiosos de los hechos y del caso de los Corteros mostraban a los oficiales disparando) sino su total indiferencia frente al tema de la Vida indígena: a mí lo que me preocupa no es que se haya disparado o no. A mí lo que me preocupa es que el Presidente de la República no le diga la verdad al país. El Presidente en la alocución del pasado 22 de octubre, en ningún momento preguntó por los resultados de estos disparos, hacia donde iban, hacia donde llegaron, si se lesionó a alguien. Y esto es algo lógico pues para él: El patrullero de la Policía que disparó, […] disparó porque los estaban atacando con explosivos o sea disparó a terroristas. En el video, se observa al policía disparar, se observa salir de atrás del Esmad y ser cubierto por estos mientras disparaba de frente a un objetivo (obviamente indígenas), lo que desvirtúa la famosa y honorable confesión y evidencia complicidad por parte de otros agentes.

Al Presidente tampoco le importaron los dos indígenas muertos (terroristas para él) en el Cauca, ni el niño que murió a causa de los gases lacrimogenos en Risaralda, ni los más de 90 heridos, ni el hecho de que las protestas de las comunidades, con diferentes matices, se hubiesen extendido a 16 de los 32 departamentos. Otros temas que no son del interés presidencial como ya se ha mostrado anteriormente, son las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (caso Ingrid Betancourt) y la cantidad de solicitudes (muchas de ellas aprobadas) en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para obligar al Estado a adoptar medidas cautelares para las comunidades indígenas, así como los fallos de la Corte Interamericana, por motivo del incumplimiento estatal de su deber de garantizar y respetar los Derechos Humanos, así como el deber de adoptar disposiciones de derecho interno para garantizar el ejercicio de derechos y libertades.

Según el Sistema de información del Centro de Cooperación al Indígena (Cecoin) durante el primer Gobierno de Uribe fueron asesinados 584 indígenas por motivos políticos o sociales, 54 más que durante el Gobierno Pastrana. Un promedio de 146 asesinatos por año entre 2002 y 2006, mucho más alto que el promedio, ya de por sí lamentable, de 52 asesinatos por año entre 1974 y 2002. Los paramilitares son autores del 41% de los asesinatos políticos de indígenas durante el primer mandato de Uribe, las guerrillas culpables del 26% de los casos y la Fuerza Pública pasó de 26 asesinatos en el Gobierno Pastrana a 62 durante el primer mandato de Uribe.

Por el lado de la guerra Legal contra los indígenas, ejercida como parte de la Seguridad Democrática, se tienen entre otros el Código de Minas y con el Estatuto de Desarrollo Rural, violatorios del Convenio 169 de la OIT. La Seguridad Democrática apunta, entre otros, a los indígenas.

Cuando hablaba con César sobre la coyuntura y la problemática de los indígenas recordé un artículo, hecho hace algunos años para el periódico universitario Museo, de la ciudad de Cúcuta, en él hice referencia al 12 de octubre, a las condiciones de indignificación de la vida por la que atraviesan los indígenas, al deber del Estado de garantizar los derechos de todos los habitantes, especialmente aquellos habitantes en manifiesta vulnerabilidad, pero también señalé en el texto, la hermosa lucha de estos pueblos, su capacidad y entrega, su voluntad para salir de la noche, para llegar a esa prohibida luz del día, esa luz que será mañana para las mayorías, hoy excluidas, negadas, llamadas nadies, ningunos, llamadas despectivamente minorías, esas conformadas por indígenas, campesinos y asalariados. Esos a quienes la Seguridad Democrática tiene en la mira.

Fuentes.

“Bomba de tiempo” en Cambio, edición No. 799, 23 al 29 de octubre de 2008, págs. 20 – 27.

Mondragón Héctor, “Ley 1152 de 2007, hija de la parapolítica”, en VVAA. La cuestión agraria hoy. Colombia: Tierra sin campesinos, Bogotá, 2008, ILSA, págs. 87 – 130.

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