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Se agudiza la crisis de derechos humanos en el valle del río Cimitarra
 

Históricamente la zona de reserva campesina del Valle del río Cimitarra ha sido una región en disputa, además de ser una zona de colonización y de lucha por parte del campesinado por el derecho al trabajo a la tierra y el territorio.

Siempre el campesinado ha exigido a las partes en guerra el respeto de los derechos humanos y de las normas de la guerra o Derecho Internacional Humanitario ya que durante muchos años ha sufrido por los abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes del Estado representados en sus fuerzas de seguridad y las infracciones al DIH por parte de los grupos insurgentes que se operan en la zona.

El día 23 de enero del 2015, tropas del ejercito nacional en la realización de un operativo que dio con la muerte de un presunto guerrillero de las FARC- EP, como según lo publica el diario Vanguardia Liberal, en su página de internet, en el cual reproduce la fuente oficial según la cual el guerrillero fue dado de baja en combate. Mientras que otra situación es la que presentan las organizaciones sociales que estuvieron en el lugar de los hechos ya que el operativo generó pánico y terror en los campesinos, hombres, mujeres y niños de la región ya que fue una acción realizada fuera de combate y donde las infracciones al DIH fueron evidentes por parte de ambos bandos involucrados en el conflicto.

Podemos citar apartes de dicho informe:

siendo las 6:00 de la mañana la señora Fanny percibe la presencia de algunos miembros de la insurgencia en la vereda, ella continuando con sus labores cotidianas y propias del campo, sin percatarse que el Ejército Nacional se encontraba instalado en la parte montañosa de la parte trasera de su vivienda, allí permanecieron por más de seis horas acantonados, realizando labores de inteligencia acompañados por un supuesto desmovilizado de la guerrilla. Tras permanecer el Ejército en ese lugar por un tiempo estimado de seis horas, a las 12 y 15 del mediodía, el Ejército procede a realizar varios disparos al insurgente desde una distancia de 500 metros aproximadamente, impactando en una de las piernas del guerrillero, luego de ser herido acercándose a él proceden a rematarlo propinándole varios disparos a quema ropa en frente de la comunidad, a pesar que ya estaba neutralizado y no podía responder a agresión. Los hechos se dan a escasos 150 metros de la vivienda de la señora FANNY DEL SOCORRO GARCIA, a 20 metros de donde se encuentra ubicada La Trilladora, proyecto productivo de la comunidad dentro de la normatividad de la Zona de Reserva Campesina y a 10 metros del camino real, lugar por donde en esos momentos se encontraba transitando la población civil. La vivienda de la señora FANNY DEL SOCORRO GARCIA, es habitada por 5 personas entre ellas, tres menores de edad, que en el momento de realizados los disparos por parte del Ejercito Nacional, dos de las niñas menores de 6 años se encontraban cerca al lugar de La Trilladora cogiendo guayabas ( relata su señora madre). Junto con ellas se encontraban dos adultos mayores que al ver las niñas allí, se acercaron a saludarlas. Al percatarse de que el Ejército estaba disparando salieron corriendo hacia la parte trasera de La Trilladora y se arrojaron al río. La madre de las niñas, relata que ella salió corriendo desde la vivienda al lugar de los hechos gritando que no dispararan que allí estaban sus hijas y que había civiles, cuestión que fue ignorada por parte de los miembros del ejército.

Ante esta situación, la comunidad del Nordeste Antioqueño exige al Estado colombiano el respeto por los derechos humanos del campesinado.

La comunidad denuncia que no se realizaron combates en la zona y contaron cómo vivieron ellos el operativo en la Vereda Dos Quebradas.

También exige a los grupos insurgentes y a las fuerzas militares el respeto a las normas del Derecho Internacional Humanitario.

En medio de este contexto la comunidad viene denunciando que son objeto de señalamientos y estigmatización por parte de las fuerzas militares, pero que también en la región del Nordeste Antioqueño se vienen presentando robos a los campesinos de la región por parte de personas desconocidas además de amenazas por parte de grupos paramilitares de incursionar en la zona.

Continuando con la dura situación que viven los campesinos de la región, el día 4 de febrero de 2015 en la vereda Carrizal en el Nordeste Antioqueño se presentó la retención por parte de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional ELN del joven Jefferson Estiben Gallo Pérez. Aunque la comunidad a través de la Junta de Acción Comunal se opuso a dicha retención, la guerrilla del ELN hizo caso omiso y se llevo al joven con rumbo desconocido.

También denunciamos el asesinato de Jaminton Andrés Ávila, líder comunitario, campesino jornalero, de 43 años de edad, fue asesinado el viernes 30 de enero, en la escuela de la vereda La Punta, del municipio de Yondó, Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra.

Jaminton, a quien el campesinado le llamaba “Monoberta”, era fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Porvenir desde hace cuatro años y delegado por la misma vereda a la Mesa Comunal por la Vida Digna del municipio de Yondó, líder reconocido y muy activo en todo lo que contribuyese al bienestar de la comunidad. Como lo publicamos en la pagina de la Agencia Prensa Rural, hechos que vienen sucediendo y que tienen con temor y preocupación a los habitantes de la zona de reserva campesina y en especial a los campesinos del Nordeste Antioqueño.

Solicitamos a los organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional estar atentos a la situación de violación de los derechos humanos del campesinado de la Zona de Reserva Campesina y en especial de las comunidades del Nordeste Antioqueño.

Al Estado Colombianos exigimos el Cumplimiento de los Derechos Humanos y el respeto al Derecho Internacional Humanitario.

A los grupos insurgentes el respeto y cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.

Zona de Reserva Campesina del Valle del Rio Cimitarra. Barrancabermeja Magdalena Medio, 6 de febrero de 2015