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Denuncia
Grave situación en refugio humanitario en Magdalena Medio
Miembros de la comunidad del Guayabo temen por sus vidas
Asorvimm / Viernes 27 de febrero de 2015
 

La Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado en el Magdalena Medio (Asorvimm), es una organización que hace parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y busca la verdad, la justicia, la reparación integral, así como la no repetición de los crímenes de lesa humanidad que se han presentado en un modelo estatal de “seguridad democrática” o terrorismo de Estado. Asorvim busca fortalecer la organización de las víctimas y dignificar sus nombres, recuperar la memoria y sobre todo rechazar la impunidad.

Asorvimm, organización defensora de Derechos Humanos y de víctimas de crímenes de Estado del Magdalena Medio, y la Asociación Pesquera Pecuaria del Guayabo; manifiestan las circunstancias en las que actualmente se vulneran los derechos de la comunidad del corregimiento del Guayabo, municipio de Puerto Wilches. Esta situación es alarmante debido al constante ataque contra las comunidades campesinas que hoy son despojadas de sus tierras y que han sido objetivo de amenazas. La comunidad del Guayabo se declaró el pasado 14 de noviembre de 2014 en “campamento permanente de refugio humanitario” debido a las diferentes agresiones de las que ha sido víctima: amenazas, hostigamientos, destrucción de linderos y agresiones verbales como que “les van a dar bala para que dejen de joder”.

Desde el año 2002 llegá al Guayabo el señor Rodrigo López Henao, miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia con hombres fuertemente armados para amenazar a la comunidad con quitarles sus tierras y cobrando una extorsión de 10 mil pesos por cada hectárea de tierra y 20 mil pesos por cada cabeza de ganado; realizando además señalamientos irresponsables a la comunidad al acusarlos de ser guerrilleros. Como comunidad se intervino para prevenir que los paramilitares no los asesinaran.

El 12 de noviembre de 2013 el Inspector de Policía del corregimiento de Vijagual, municipio de Puerto Wilches, ordenó el desalojo de la casa del profesor Henry Rincón Reinel. La comunidad se unió en una acción pacífica, y con cantos y pancartas con mensajes de paz, evitaron el desalojo. Sin embargo, de nuevo el 26 de junio de 2014 autoridades de Puerto Wilches representados en el Inspector de Policía de Vijagual, el Personero Municipal y el Comisario de Familia ejecutaron esta orden de desalojo y, pese a que la comunidad pacíficamente hizo presencia en el predio, fueron atropellados como delincuentes por fuerzas del Esmad con gases lacrimógenos y golpeando a varias personas. Finalmente el señor Lopez Henao tomó posesión de la casa dejando varios hombres armados para cuidarla, con la colaboración de miembros de la Policía Nacional que también custodiaban el predio.

El 30 de octubre del 2014, hombres al mando de Rodrigo Lopez Henao, acompañados por miembros de la Policía Nacional, destruyeron una cerca e invadieron la finca vecina del señor Jhon Fredy Cáceres. Cuando la comunidad intervino, el capitán Garzón respondió que “El patrón había dado la orden de correr la cerca”. Gracias a la oportuna denuncia a través de varias organizaciones, el coronel Gonzalez, comandante de la Policía del Magdalena Medio, ordenó que la cerca fuera devuelta a su sitio original.
Obreros al servicio de Rodrigo López Henao vienen destruyendo los cultivos de pancoger desde el 29 de octubre de 2014, amenazando la seguridad alimentaria de la comunidad. También se tiene conocimiento de las instenciones de desalojar 60 familias campesinas de los predios de San Felipe y Altamira para sembrar palma aceitera. Eso afectaría la seguridad alimentaria del municipio de Puerto Wilches y de la región del Magdalena Medio.

El 22 de noviembre, hombres al servicio de Rodrigo Lopez Henao amenazaron de muerte al líder campesino Erik Payares y a su hija menor de edad, quienes fueron intimidados con arma de fuego para que abandonaran sus predios. Líderes de la asociación de víctimas Asorvimm fueron agredidos también al intentar defender a los atacados.

El 30 noviembre regresaron las amenazas, esta vez con machetes. Hombres comandados por Rodrigo Lopez Henado amedrantaron a la comunidad repitiendo en varias ocasiones que ese día debía correr sangre y que iban a matar a un campesino. Recogieron además arbitrariamente el pendón institucional de la Asociación Regional de Víctimas de Crímenes del Estado del Magdalena Medio de la cerca donde se encontraba exhibido, a la fecha no se sabe su destino.

Durante el mes de diciembre impidieron la recolección de los cultivos de los campesinos y destruyeron las pancartas ubicadas en el campamento de refugio humanitario que hacen un clamor por la paz, el derecho a la tierra y al territorio y por la seguridad alimentaria. Amenazaron también a Freddy Jesid Payares, Erika Castrillón, Eulises Porras Rojas y Geraldin Alvarado. Realizaron tomas fotográficas de las personas refugiadas, de sus pancartas y de sus predios.

El mes de enero del año en curso no presentó situaciones muy diferentes. Hombres armados se exhiben en ropa interior delante de las mujeres y niñas refugiadas con el fin de intimidarlas. El 11 de enero, vía telefónica, Erik Payares fue advertido por parte de presuntos actores armados de que su vida corría peligro y que lo iban a pasear en un ataúd por las calles del corregimiento. Incendiaron varias casas de los campesinos refugiados. Estas amenazas redujeron a la comunidad a un estado de vulnerabilidad y desprotección, situación que fue aprovechada el señor José Cendal, quien llevó a las fincas de los campesinos un lote de ganado y un tractor para intimidar y ocupar sus terrenos alegando supuestamente servidumbre de paso.

En este sentido y preocupados por la situación de seguridad de esta comunidad, Asorvimm manifiesta que las autoridades locales, regionales y nacionales son conocedoras del riesgo e inseguridad que está viviendo la comunidad del Guayabo y las organizaciones que estamos acompañándolas y hasta el momento no se han tomado medidas para resolver dicha situación de riesgo permanente, violando los derechos integrales como el derecho a la vida y a la seguridad alimentaria.

Denunciamos públicamente la circunstancia de vulnerabilidad a la que está expuesta esta comunidad ante las entidades territoriales, agencias internacionales, autoridades defensoras de derechos humanos y a quien corresponda para que sean veedores y tomen cartas en el asunto ante esta alarmante situación.

Ante estos hechos de violaciones a los derechos humanos, la seguridad alimentaria, la vida y la integridad, denunciamos públicamente y responsabilizamos a las autoridades competentes para que investiguen y tomen las consideraciones necesarias en procura de la defensa de los derechos inherentes a toda la comunidad campesina para que acompañen, verifiquen y se pronuncien a favor de las comunidades violentadas.

El guayabo, Bella Unión central y alrededores.

¡Comunidades campesinas, víctimas de la violencia, en campamento humanitario!