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Son 18 terrenos ubicados en La Gloria (Cesar) y Puerto Gaitán (Meta)
Los baldíos que terminó administrando Fidupetrol
Les corresponde a las autoridades determinar si esas 18.886 hectáreas, que fueron baldíos adjudicados a campesinos en los últimos 30 años, delatan algún acaparamiento ilegal de tierras
Diana Carolina Durán Núñez / Lunes 16 de marzo de 2015
 

Hace unos días, el representante a la Cámara por el Polo Democrático Alirio Uribe dejó en el aire un dato relevante: que Fidupetrol, la empresa más sonada en estas últimas semanas a raíz del escándalo en la Corte Constitucional, se había beneficiado de tierras baldías. “Hemos iniciado una investigación sobre acumulación irregular de baldíos, por medio de sociedades fiduciarias, entre la que encontramos el caso de la Fiduciaria Petrolera S. A. en liquidación (Fidupetrol)”, le dijo Uribe a este diario. Y agregó: “Solicitamos al Incoder, la Contraloría y las autoridades competentes poner lupa sobre estos contratos mercantiles”.

Se trata de 18 terrenos ubicados en Cesar (siete propiedades) y Meta (11), que suman 18.886 hectáreas —un poco más que la superficie de Bucaramanga—. No es posible determinar aún si se trata de un acaparamiento ilegal de tierras, pues un dictamen de esa naturaleza sólo podría hacerlo un juez. Lo que sí se sabe es que en casi todos los casos las propiedades en cuestión coinciden en extensión con el límite establecido para las Unidades Agrícolas Familiares (baldíos entregados a campesinos) en esas regiones: en Cesar es de 28 a 38 hectáreas y en el Meta, de 1.300 a 1.840 hectáreas.

De esa manera, con lotes que entre 1979 y 2009 se adjudicaron como baldíos, ubicados en las jurisdicciones de los municipios La Gloria (Cesar) o Puerto Gaitán (Meta), se conformaron patrimonios autónomos que pasaron a ser administrados por la fiduciaria. Sólo en un par de casos la tierra aún le pertenecía al beneficiario de la entrega de baldíos. En todos los casos el proceso fue el mismo: con el terreno se constituía un fideicomiso que lleva el mismo nombre del predio (por ejemplo, fideicomiso El Paraíso) y éste, a su vez, quedaba bajo la responsabilidad de Fidupetrol. Mientras el predio esté en el patrimonio autónomo, le pertenece a éste y no a quien figuraba como su dueño.

Como parte del proceso de liquidación de esta compañía, que empezó en junio de 2014, se ha convocado a otras fiduciarias para ver si quieren encargarse de la administración de esos fideicomisos. Hasta ahora, sólo tres han cambiado de manos —lo cual, por ley, tiene que contar con la aprobación de quien creó el fideicomiso—: El Manantial, El Edén y El Refugio, todos en Puerto Gaitán (Meta). Se encuentran ahora en manos de Acción Sociedad Fiduciaria, una empresa cuyas acciones están repartidas entre CO S.A.S. (75%) y la Fundación Antonio Restrepo Barco (25%). Su junta directiva la encabeza un hombre llamado Pablo Trujillo, indica información de la Superintendencia Financiera.

En relación con las tierras situadas en La Gloria (Cesar), son vecinas de una hacienda emblemática en el marco del conflicto: Bellacruz. Extensos pedazos de tierra de los cuales fueron expulsados unos 500 campesinos en la época del comandante paramilitar Juancho Prada. Hace poco se conoció que el Incoder dejó sin piso unas resoluciones del extinto Incora de los años 90, en las cuales se pedía aclarar a quién le pertenecían los terrenos de la hacienda. En abril de 2013, el Incoder había ordenado la recuperación de 1.200 hectáreas de esta hacienda, ocupadas, según anunció la propia entidad, por empresas privadas.

Entre esas compañías mencionadas por el Incoder se encontraba La Dolce Vista Estate, cuyo principal accionista es Germán Efromovich, dueño de Avianca. Efromovich ha sostenido que compró terrenos de la hacienda Bellacruz de manera legal para hacer negocios con otros inversionistas. El fin de semana pasado, Noticias Uno denunció que el proceso de la hacienda Bellacruz había contado con el lobby ante agencias gubernamentales de Rodrigo Escobar Gil, exmagistrado de la Corte Constitucional que también asesoró a Fidupetrol. “En lo absoluto hay relación de mi parte en ambos asuntos, decir eso es una mentira”, le dijo a este diario el abogado Escobar Gil.

De los 11 predios en Puerto Gaitán (Meta), sólo tres se encuentran en veredas distintas a Rubiales, en donde se encuentra el campo Rubiales, cuya explotación petrolera estaba a cargo de Pacific Rubiales y ahora, según anunció Ecopetrol hace un par de días, pasará a estar a su cargo. De estos lotes en Cesar y Meta se puede ver, además, que algunos fueron vendidos a terceros por precios muy bajos: por 22 hectáreas del predio El Triunfo se pagaron en 1988 $150.000, que hoy serían casi $3 millones. En 2009, las 1.043 hectáreas del predio La Camela, en Puerto Gaitán, las compró en $8’000.000 un hombre llamado Adamed Herrera Tafur. Un año más tarde, él vendió el predio en $85’000.000.

Fidupetrol fue una exitosa fiduciaria sin nexos con entidades bancarias, creada en 1994, hasta el 18 de junio de 2014: ese día, la Superintendencia Financiera la intervino y ordenó la liquidación inmediata de sus “bienes, haberes y negocios”. Hasta el último segundo, sin embargo, la junta directiva y los accionistas de la compañía creyeron en los buenos oficios de los abogados que había contratado para presentar una tutela en la Corte Constitucional, Víctor Pacheco y el exmagistrado de ese alto tribunal Rodrigo Escobar Gil. Con ese recurso se buscaba reversar la multa de $22.500 millones que le había impuesto la Corte Suprema de Justicia en 2013.

Así quedó plasmado en el acta de la sesión extraordinaria de la asamblea general de accionistas de Fidupetrol, llevada a cabo el 12 de marzo de 2014. Según ese encuentro, los accionistas de Fidupetrol tenían “altas y positivas expectativas a corto plazo respecto de la decisión de la Corte Constitucional frente a la acción de tutela interpuesta por la fiduciaria”. Con ese argumento, la empresa intentaba comprar algo más de tiempo frente a la Superfinanciera, que un año atrás le había ordenado ingresar en sus estados financieros las sanciones que le había impuesto la Corte y la Contraloría. Para Fidupetrol, hacerlo significaba muerte comercial.

Para esa época, Pacheco era un asiduo visitante de los despachos de algunos magistrados de la Corte y esas “altas expectativas” se entienden hoy en un complejo panorama: el litigante dejó el país y se fue para Chile hace unos días, luego de que en la Fiscalía, citado a interrogatorio como estaba, exclamara que iba a contar “toda la verdad”. Ya había revelado que, a través de Rodrigo Escobar Gil supuestamente, el magistrado Jorge Pretelt había recibido una oferta de $500 millones para influir en la decisión del caso Fidupetrol. Escobar Gil, quien también fue llamado a interrogatorio por la Fiscalía, niega haber tenido cualquier injerencia o cometido cualquier irregularidad.

Hasta el día que fue intervenida y liquidada, Fidupetrol era la fiduciaria más pequeña del país que no estaba relacionada con bancos. La fundaron en 1994 para hacer negocios en el sector energético y principalmente con Ecopetrol, con un capital de $1.000 millones —hoy serían casi $11.000 millones— que se reunieron entre socios como la Corporación de los Trabajadores y Pensionados de la Empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol S. A. (Cavipetrol), que tenía casi la mitad de las acciones; y otros minoritarios como Uniandinos (Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes), Julio Lizarazo y María Helena Giraldo.

Cuando Fidupetrol fue intervenida en 2014, se encontró que la compañía tenía dos carteras colectivas (negocios de inversión) de $86.000 millones y 227 negocios fiduciarios activos. Las carteras se liquidaron de inmediato, por lo que ninguno de los casi 800 inversores perdió dinero. En los mejores años de Fidupetrol (2003, 2004), ésta llegó a administrar contratos de hasta $500.000 millones. Para 2004, el retorno de la inversión para sus accionistas iniciales ya había sido del 100%. Sin embargo, pagar los $22.500 millones de multa impuesta por la Corte Suprema, más los $45.954 millones impuestos por la Contraloría en dos procesos, fueron más de lo que la fiduciaria podía soportar.

María Helena Giraldo fue representante legal de la fiduciaria hasta 2013. Unos ocho meses antes de la intervención presentó la renuncia. Giraldo, no obstante, no salió en buenos términos: en 2014 presentó una demanda en el Juzgado 31 Laboral del Circuito con la que reclama cerca de $1.200 millones como indemnización porque, palabras más palabras menos, sostiene que la obligaron a renunciar. Giraldo, conoció este diario, tuvo varios desencuentros con integrantes de la junta directiva de Fidupetrol que estaban en contra de algunos de sus manejos. Ella contrató al abogado Jaime Lombana para representar a Fidupetrol ante la Corte Suprema.

En un reporte que Lombana le envió a Giraldo el 18 de marzo de 2013, conocido por este diario, se lee que el 21 de diciembre de 2010 fiscal general (e) Guillermo Mendoza Diago ordenó vincular a Fiduagraria y Fidupetrol en el expediente del exgobernador del Casanare Whitman Porras, quien sería condenado en 2013 por celebración de contratos sin requisitos y peculado por apropiación en favor de terceros. Fue sentenciado a 18 años y seis meses de prisión. La condena como “tercero civilmente responsable” sólo vino para Fidupetrol: Fiduagraria —filial del Banco Agrario—, a la cual Porras también le había entregado dineros de regalías, esquivó la bala.

En corto tiempo, Mendoza Diago resultaría siendo asesor de Fidupetrol en un proceso ante la Contraloría por más de $100.000 millones, el cual perdió. Su contrato, de $100 millones, terminó en enero de 2014. Esta semana, Mendoza Diago resultó mencionado porque, en medio de estas conexiones con el caso Fidupetrol, se supo que su esposa, Nora Vélez, trabaja en el despacho de Jorge Pretelt. El exfiscal (e) rechazó las insinuaciones de una supuesta relación con el proceso y señaló que Vélez, con quien ha estado casado por 30 años, nunca ha elaborado borradores de ponencias y que mucho menos conoció del caso Fidupetrol.

Esta fue, por 20 años, una exitosa y rentable fiduciaria. De no haber caído bajo su administración dineros públicos que no podían invertirse en operaciones de riesgo, Fidupetrol seguiría de pie.
El camino de la tutela de Fidupetrol

El 29 de abril de 2013, Fidupetrol apeló la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que le había ordenado pagar más de $22.500 millones por su responsabilidad civil en la pérdida de miles de millones de regalías de Casanare. La Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá recibió la tutela y para el 13 de junio de 2013 la declaró improcedente, pues no encontró ninguna violación al debido proceso, como se argumentaba en la tutela.

La fiduciaria impugnó el fallo y el caso fue recibido por el Consejo Superior de la Judicatura. Después de un recuento de los hechos, los magistrados de este tribunal confirmaron la decisión de primera instancia el 17 de julio de 2013. Siete meses después, la Sala Plena de la Corte Constitucional se dispuso a revisar el caso presentado por el magistrado Mauricio González Cuervo.

El caso fue estudiado durante ocho meses y el 14 de octubre de 2014 la Corte confirmó las dos sentencias anteriores.

Las sanciones contra Fidupetrol

Cuando Fidupetrol fue liquidada, entre los principales accionistas de la compañía figuraba Hélber Otero, quien se había hecho a las acciones de Cavipetrol, la cual tenía casi el 50%. Hélber Otero aparecía como invitado en la junta directiva, pero nunca como parte de ella. La junta la encabezaban Julio Lizarazo y José Alarcón Bernal, y los suplentes eran Luis Ignacio Suárez y José Manuel Vásquez.

Se espera que el proceso de liquidación haya culminado en el primer semestre de 2016. El caso de Carbones Likuen, que implicó que dinero de las regalías del Casanare terminaran en un proyecto de alto riesgo, llevó a una sanción de la Contraloría contra Fidupetrol por $33.837 millones, en octubre de 2013. Seis meses más tarde vino la segunda sanción de la Procuraduría, esta vez por el caso Cosacol: el contralor delegado José Miguel Char absolvió de responsabilidad fiscal a Fidupetrol, pero Sandra Morelli reversó la decisión y los multó con $12.117 millones.

*Tomado de El Espectador