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Julian Bolívar, capo de escuadrones de la muerte y narcotraficantes reconoció asesinato de sindicalistas en Barrancabermeja
La calumnia, arma de defensa de gobierno y paramilitares
Unión Sindical Obrera / Jueves 13 de noviembre de 2008
 

En la versión del 31 de octubre de 2008, Rodrigo Pérez Alzate, alias “Julián Bolívar”, enunció por lo menos siete casos de sindicalistas asesinados por las AUC por parte del Bloque Central Bolívar. En los siete casos el señor Pérez Alzate afirmó que se trataba de guerrilleros, justificando de esta manera crímenes de lesa humanidad cometidos contra los sindicalistas.

En su declaración este “jefe paramilitar” citó, entre otros sindicalistas, el nombre del compañero Rafael Jaimes Torra, asesinado en Barrancabermeja el 20 de marzo del 2002. Haciendo caso omiso al proceso adelantado por la Fiscalía , donde se comprobó que la razón del asesinato de Rafael fue la denuncia realizada por la USO sobre las irregularidades en la contratación de ECOPETROL, que estaba siendo monopolizada por el grupo paramilitar que el citado Pérez Alzate dirigía.

En declaración ante los fiscales de justicia y paz, rendida en el Palacio de Justicia de Barrancabermeja, Luís Fernando Muñoz Mantilla alias “chito”, integrante del frente Fidel Castaño Gil de los paramilitares del Magdalena Medio, afirmó que la muerte de Rafael Jaimes T. se debió a que este lideraba paros en ECOPETROL, que causaban perdidas a una firma contratista; además dijo que cuando perteneció a la guerrilla del ELN recibió órdenes del sindicato de trabajadores de ECOPETROL, para atentar contra la infraestructura petrolera, lo cual es una solemne mentira. . Este caso podría compararse con los cientos de “falsos positivos” que hoy están siendo denunciados en todo el país. El jefe de los bandidos Julián Bolívar dice que Rafael fue asesinado por ser integrante de la guerrilla y el sicario que ejecutó su orden ratifica que fue por razones económicas. Un caso más de la criminalización y estigmatización de los afiliados a la USO.

Hemos demostrado con nuestra práctica e informado de distintas maneras que la USO es un Sindicato autónomo, al cual le definen sus políticas los organismos democráticos aprobados en nuestros estatutos. Reiteramos que el asesinato de compañeros y la violación de los derechos humanos de los que ha sido objeto la USO, obedecen al afán de privatización de la empresa, política de este y anteriores gobiernos en Colombia. En consecuencia, nos reafirmamos que hay responsabilidad estatal, por acción o por omisión, en la ejecución de estos crímenes.

Solicitamos a la Fiscalía que durante estas diligencias no se preste para armar montajes que afectan las organizaciones sindicales y la oposición política. Que luchamos para que en Colombia prevalezca la verdad, la justicia, y reparación integral.