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La amenaza paramilitar
La insurgencia de las FARC cumple con la tregua unilateral, asegura el Frente Amplio en su tercer mes de veeduría
Hernán Camacho / Sábado 28 de marzo de 2015
 
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En once departamentos hay presencia paramilitar que preocupa a las organizaciones sociales.

El llamado de Iván Márquez, jefe de la delegación de paz de las FARC-EP, desde la mesa de conversaciones a Juan Manuel Santos, fue contundente: “Haga algo”. El líder guerrillero se refería a la intensa actividad militar y paramilitar que se lleva a cabo en los escenarios de guerra del país. Márquez teme que tengan que tomar la decisión de levantar la tregua, pues ellos no están dispuestos a dejarse matar.

Tal decisión resquebrajaría la confianza en las conversaciones, dicen voceros del Frente Amplio, quienes presentaron el tercer informe de veeduría de la tregua unilateral indefinida de las FARC, que arroja cumplimiento total. Así lo señala la comisión de verificación del Frente Amplio por la Paz, que presentó el informe en Fortul, municipio del departamento de Arauca.

Allí se expuso la importancia que tienen las declaraciones de la Subcomisión Técnica Fin del Conflicto, compuesta por los comandos de Transición y Normalización, del gobierno y las FARC-EP, respectivamente; así como el pronunciamiento del presidente Santos frente al cese de los bombardeos a los campamentos de la insurgencia.

La zozobra

En los últimos tres meses, dice el informe, se han presentado más de 66 bombardeos en 14 departamentos del país. De acuerdo a las organizaciones campesinas y ONG de derechos humanos estos actos dejan desplazamiento, muerte de labriegos, animales y destrucción de siembras. Por eso el Frente Amplio exige que cesen estas acciones oficiales que solo van en contra de las comunidades campesina, afro e indígena. “El cese de bombardeos será un alivio para muchas comunidades de territorios que tradicionalmente han vivido en el marco del conflicto armado y el ambiente de zozobra disminuirá”, sentencia el informe.

Pese a las buenas noticias, no todo es tranquilidad. En algunas regiones se percibe tensión tras un peligro real e inminente. Según señala el informe de verificación, existe un hostigamiento constante y creciente por parte de la Fuerza Pública en ciertas regiones del país. Pero el hecho más relevante y que suscita la preocupación de los voceros del Frente Amplio es la expansión paramilitar en todo el país, en especial en aquellas zonas de presencia guerrillera donde las FARC mantienen su decisión de no atacar.

“Se ha tenido información proveniente de las organizaciones sociales, en el sentido que se está produciendo un aumento en los últimos meses de la presencia de grupos paramilitares que perpetran graves violaciones de derechos humanos que amenazan a líderes sociales, comunidades y defensores de derechos humanos en diferentes zonas del país”, explica la comisión de verificadores del Frente Amplio.

Casos verificados

El ejercicio de la protesta es otro de los elementos estudiados por la comisión de verificación. Existe una retaliación, intimidación y persecución por parte de la Fuerza Pública contra quienes protagonizan movilizaciones o protestas en reivindicación de sus derechos.

“Es posible evidenciar el incremento, de junio de 2013 a la fecha, de asesinatos selectivos, amenazas individuales y colectivas, desplazamientos forzados, confinamientos, desapariciones forzadas, torturas, estigmatización, señalamientos, judicializaciones y criminalizaciones, entre otros delitos graves que permiten dar cuenta de un patrón, en cabeza de la Fuerza Pública, quien desplegando de manera exacerbada sus métodos en contra de la sociedad civil, se encarga de reprimir la protesta social a través del tratamiento y el ataque de la sociedad civil como actor armado”, explica el informe.

Solamente contra la comunidad indígena de todo el país se identificaron, entre el 1 de enero y el 9 de marzo de 2015, 2.373 violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. Entre ellas se cuentan las ocurridas el 25 de febrero pasado, en violentos desalojos cometidos por la fuerza policial del Esmad a comunidades indígenas en el norte del departamento del Cauca, dejando 106 indígenas agredidos, entre ellos tres con heridas de arma de fuego.

Paramilitares

En once departamentos y en la capital del país la presencia paramilitar preocupa a las organizaciones sociales y políticas que integran el Frente Amplio. El informe demuestra cómo los paramilitares hacen presencia visible en algunas poblaciones: “En estos casos, se ha denunciado no sólo su presencia en lugares públicos, sino también la apropiación del espacio, citación a pobladores, cobro de impuestos, control de tráfico de drogas, es decir: se están produciendo amenazas y graves violaciones de DD.HH. en contra de la población civil de estas zonas, afectando su vida diaria y causándoles un grave perjuicio”, denuncia el Frente Amplio.

Los grupos paramilitares denominados Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas, Clan Úsaga, Oficina de Envigado, están actuando bajo el patrón de la amenaza selectiva a dirigentes políticos y sociales del lado de la solución política al conflicto, como es el caso del senador Iván Cepeda y los voceros de Marcha Patriótica Piedad Córdoba y David Flórez, entre otros. “Estas amenazas suponen ataques a la integridad tanto física como psicológica de las personas amenazadas, además de acompañarse con difamaciones calificándolos de ‘guerrilleros’, se han dado tanto en zonas rurales como urbanas”.

El enfrentamiento entre ELN y paramilitares en el Bajo Baudó (Chocó) dejó un desplazamiento masivo. La incursión de al menos 300 paramilitares, señala el informe, ocasionó el desplazamiento de cinco comunidades indígenas y tres afrodescendientes; unas 160 familias, para un total de 655 personas en situación de desplazamiento. Otras 1.500 personas de la misma región tienen restringido el derecho a la movilidad por orden paramilitar.

Recomendaciones

En sus recomendaciones el Frente Amplio extendió un llamado al gobierno nacional para intensificar operaciones militares y judiciales contra los grupos paramilitares que están violando derechos humanos, amenazando e incrementando el conflicto armado. Al tiempo que invitó al Ministerio de Defensa a implementar políticas, estrategias y acciones efectivas para reducir a cero las violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública.

“La protesta social debe recuperarse como derecho constitucional y no debe ser criminalizada. Agresiones violentas por parte del Esmad contra la población civil, como las que también sucedieron en el paro camionero, deben ser rechazadas y no pueden repetirse. La protesta social es una expresión de la democracia y violentarla obstaculiza el proceso de paz”, señalan las recomendaciones.

Así termina el tercer mes de verificación efectiva de la tregua de la guerrilla de las FARC, y se espera que sea la comunidad veedora en todo el país la que certifique los compromisos abordados por el gobierno nacional en lo que tiene que ver con los bombardeos.