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Agronegocio en Colombia: un feudalismo del siglo XXI
Prólogo al Diagnóstico sobre la situación de los trabajadores de la agroindustria de la palma en el Magdalena Medio y el Meta
Héctor Mondragón / Jueves 2 de abril de 2015
 

“Las rentas territoriales altas se identifican directamente con los salarios bajos. Y en la medida en que el nivel del precio de la tierra se halle condicionado por este factor que viene a aumentar la renta, el alza de la valorización de la tierra será idéntica a la depreciación del trabajo, el alto nivel del precio de la tierra coincidirá con el bajo nivel del precio del trabajo”.

Carlos Marx
El Capital, tomo III, capítulo XXXVII

El agronegocio en Colombia se autocaracteriza por su baja competitividad. La producción de aceite de palma en Colombia cuesta 40% más que en Malasia; la de leche 143% más que en Nueva Zelanda; la de maíz 118% más que en Estados Unidos; los costos de producción del algodón nacional son 36% superiores a los del importado.

¿Cómo han respondido los grandes empresarios y los sucesivos gobiernos a esta situación? Con políticas, leyes y medidas a mejorar la competitividad vía la reducción del costo de la mano de obra, bajando los salarios reales y eliminando el pago de las prestaciones sociales al trabajador rural.

El notorio retraso del sector agropecuario colombiano con respecto al avance de los demás países latinoamericanos es un testimonio irrefutable del fracaso de la vía de reducción de los ingresos y el bienestar de los trabajadores como camino para elevar la productividad del sector.

Para encontrar alternativas ciertas hay que encontrar en primer lugar la fuente principal de los elevados costos y del atraso productivo. Ella es el alto precio de la tierra en el país. La firma LMC International realizó un estudio que demostró que en Colombia se paga uno de los valores más altos del mundo por hectárea de caña cosechada, 82% más que en China, 75% más que en Brasil, 63% más que en Guatemala, 42% más que en Tailandia; 28% más que en Australia y 6% más que en Sudáfrica. Según Procaña, los precios de la tierra en el Valle del Cauca, son de los más elevados del mundo.

Incluso un estudio comparativo de los costos de los predios en Colombia, Ecuador, Costa Rica y Brasil realizado por la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), que agrupa a los empresarios del sector, concluyó que, si bien los precios de los fertilizantes y fletes influyen en el alto valor de la tierra en nuestro país, y a pesar de la violencia -que podría hacer creer que la propiedad rural es barata-, acá la tierra es mucho más cara y hasta cuatro y cinco veces más que en los otros tres países investigados.

El precio de la tierra o de su arrendamiento ha subido rápidamente en Colombia debido al rápido proceso de concentración de la propiedad rural. La gran propiedad, con más de diez unidades agrícolas familiares, pasó de tener el 39% de la tierra en 1999, al 53% en 2008. Sin embargo los acaparadores de tierra la quieren para especular con su precio y no para producir: 16,6 millones de hectáreas aptas para la agricultura no están siendo sembradas y son desperdiciadas en las grandes propiedades. La especulación sube el precio.

Los empresarios agrícolas, parte de los cuales son también grandes propietarios de tierras, pretenden desarrollar el agronegocio con dos instrumentos:

(i) El suministro barato de tierras que permiten el despojo del campesinado, el desplazamiento forzado, la ocupación de tierras colectivas de los afro o el acaparamiento ilegal de los que eran baldíos de la nación.

(ii) La sobreexplotación de los trabajadores.

Es en esta situación que se impusieron las mal llamadas “cooperativas” como formas de reclutar la mano de obra para la caña de azúcar y la palma aceitera. El primer tipo de supuesta “cooperativa” activa en la producción de palma y que asocia a campesinos productores, ha sido primer lugar una forma de desplazar los altos costos de la tierra al campesino, a quien además el empresario no reconoce ninguna prestación social por trabajar para él.

La primera generación de empresas de palma se vio ante la realidad de que el costo de la tierra es mayor en la palma, porque al terminar su ciclo productivo es muy caro reciclar el lote y al cortar las palmas viejas dejan las filas donde estaban los tallos quemadas por químicos, de manera que hay que sembrar entre fila.

Con las “alianzas estratégicas” con campesinos la empresa no solamente ahorra los costos laborales, sino los impuestos y la depreciación de la tierra. En realidad usa la tierra del campesino, que trabaja para la empresa atado por un contrato de endeude, que recuerda los de las caucherías, y además frecuentemente debido a la inequidad del contrato termina rehipotecando la parcela para sobrevivir y a veces perdiendo toda la tierra por no poder pagar las hipotecas sucesivas. Esta es realmente una explotación del trabajo campesino por aparcería, un feudalismo del siglo XXI.

Dado que las fincas campesinas suministran menos del 5% de la producción de palma de Colombia, el segundo y más extendido tipo de “cooperativa” en la palma y mucho más en la caña de azúcar es la “cooperativa de trabajo asociado” (CTA), bajo cuya forma las cinco empresas sobre las que trata la investigación aquí publicada se benefician del trabajo del 75% de sus obreros.

Contra este régimen de explotación de las CTA se han hecho las grandes huelgas de la caña y la palma en este siglo. Las CTA, así como sus gemelas “Empresas Asociativas de Trabajo” y los llamados “contratos sindicales”, no han sido más que un disfraz de la relación laboral y una burla al derecho laboral, a la jornada de ocho horas, a los copagos de salud y seguridad social y vacaciones y hasta una forma de lograr que el trabajador tenga que pagar hasta sus herramientas de trabajo.

Este texto ilustra en forma concreta y clara esa realidad dramática del trabajador de la palma aceitera. Que al final del mes termina recibiendo 460 mil pesos por nueve horas de trabajo diario durante seis días a la semana, en promedio. La CTA es una mentira que niega el contrato de trabajo entre empresa y obrero.

En otras formas de tercerización de la relación laboral se trataba y se trata de ocultar el carácter permanente de los contratos, evidente en la antigüedad que caracteriza a los trabajadores de la palma y presentarlos como simples trabajadores temporales. Pero en las CTA, que rigen la mayoría del trabajo en la palma aceitera y la caña de azúcar, se esfuma ante la ley cualquier rastro de contrato laboral con la empresa que percibe el lucro generado por el plustrabajo del obrero, que queda sin posibilidad de acudir a la justicia laboral para tratar de conseguir que la empresa reconozca sus derechos mínimos como trabajador.

Las duras condiciones de vida que detecta la investigación realizada por Rosa Ramírez Vargas son el resultado de ese régimen laboral disfrazado de CTA, que a su vez ha sido impuesto por las estructuras del sector agropecuario y la economía colombiana.

Darle la vuelta a esta situación es desde luego posible y la lucha huelguística ha comenzado a hacerlo. Más del 20% de los trabajadores de las empresas donde se realizó la investigación ya están sindicalizados, pero menos del 2% de los trabajadores de la palma están sindicalizados, porque aún la represión y la violencia, expresadas en despidos y en el asesinato de sindicalistas, impiden que se garantice el derecho de asociación.

La lucha por conseguir la vigencia del derecho laboral en el campo y establecer los derechos fundamentales de los obreros rurales está de todos modos completamente entrelazada con la lucha por terminar con el acaparamiento especulativo de la propiedad de la tierra, principal causa de la falta de competitividad de nuestra producción, así como con la lucha porque Colombia genere su propia tecnología limpia adecuada a cada ecosistema del país y adecuada tanto a la producción campesina como a las medianas y grandes fincas, tecnología limpia en vez de superexplotación de la mano de obra.

El mínimo nivel de generación de tecnología propia y la pérdida de toda visión de estudio de los problemas tecnológicos concretos de cada región, producto y forma de producción es causa de la dependencia cada vez mayor de las importaciones y de la subordinación de la producción nacional a las transnacionales que venden las semillas y la tecnología.

La ausencia de generación de tecnología causa además graves fracasos productivos como el de la semilla de algodón transgénico, Bolgard II (BT), de Monsanto, que rebajó la productividad en 30%, o aun peor, permite multiplicar los desastres causados por las plagas, como la enfermedad de la “pudrición del cogollo” de la palma, la moniliasis del cacao, o la recaída del café en la roya.

La dependencia tecnológica es una de las consecuencias de la imposición de la ideología neoliberal en nuestro país, como lo es también el desmantelamiento del crédito de fomento, del mercadeo de alimentos dirigido a los sectores populares y de toda la institucionalidad agropecuaria. La consecuencia más grave ha sido la destrucción de la soberanía alimentaria con la apertura a las importaciones de alimentos. Todo el trigo, casi toda la cebada, el 80% del maíz son importados. Hasta café se importa. Los TLC aumentan estas importaciones, incluso las de aceite, de manera que hasta la plantación estrella se ve amenazada hacia el futuro, considerando su poca competitividad internacional.

Hasta la historieta de una Colombia exportando grandes cantidades de agrocombustibles es desmentida por la realidad de los TLC.

Colombia y su población rural merecen otro destino. Este trabajo de Rosa Ramírez Vargas, al poner en evidencia la situación de los obreros de la palma aceitera, es una contribución a la lucha de ellos y de sus organizaciones sindicales y por tanto a la lucha por un nuevo campo y por la paz de Colombia en que los colombianos estamos empeñados.