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Es hora de suspender las fumigaciones con Glifosato: una exigencia de más de veinte años del pueblo colombiano
Sandra Liliana Mejía Alfonso / Lunes 4 de mayo de 2015
 

Los colombianos hemos tenido que pagar un precio muy alto por seguir cumpliendo con la “guerra contra las drogas”, declarada en junio de 1971 por el entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Esta cruzada mundial basa su estrategia en reprimir y fiscalizar la producción de opio, coca y marihuana, con el fin de hacer más difícil la producción de drogas para desestimar su consumo y así evitar que los estupefacientes sean traficados ilícitamente. Este objetivo a todas luces ha sido un rotundo fracaso, criminalizando los dos eslabones más débiles de esa cadena: la producción (campesino cocalero) y el consumo (adicto).

Colombia es el único país del mundo que permite la fumigación aérea con glifosato. Llevamos más de dos décadas implementando la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito como eje estratégico del “Plan Nacional de Lucha contra las Drogas”, cuyo enfoque es cortar la producción de materia prima para la producción de drogas, lo cierto es que la cocaína y heroína no han desaparecido como tampoco los cultivos.

Mediante la Resolución 001 de 1994 el Consejo Nacional de Estupefacientes autorizó el glifosato como el herbicida más efectivo para la erradicación de cultivos de uso ilícito, pero recordemos que las fumigaciones aéreas se vienen dando desde mucho antes, por ejemplo en la Sierra Nevada de Santa Marta en tiempos de la “bonanza marimbera”, asperjando con químicos como el Paraquat.

Ha sido una larga historia en la que diversos sectores de la sociedad civil han denunciado, e interpuesto diversos mecanismos ante el Estado colombiano para pedir la suspensión de las fumigaciones aéreas por los graves daños que ocasiona a la salud humana, a la economía campesina y al medio ambiente, sin obtener respuesta por parte de los gobiernos de turno quienes se han excusado en que no existe un informe científico que demuestre que el herbicida sí es realmente tóxico.

Pues bien, la Organización Mundial de la Salud – OMS a través de su Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer, acaba de sostener científicamente que el glifosato es un herbecida con alta probabilidad de ser cancerígeno para el ser humano y lo clasifica en categoría 2A. El Ministro de Salud pidió, entonces, al Consejo Nacional de Estupefacientes “suspender de manera inmediata el uso del glifosato en las operaciones de aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos”. Se ha pedido a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, encargada de autorizar y vigilar el Plan de Manejo Ambiental para estas operaciones antinarcóticos, presentar su propio concepto ante la reunión programada para el próximo 14 de mayo, donde el Consejo Nacional de Estupefacientes decidirá la suspensión o continuidad de las fumigaciones.

Las fumigaciones no acaban con la coca

El último censo del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos – SIMCI presentado en 2014, asegura que los cultivos se han reducido significativamente gracias a la fumigación aérea, donde se fumigó para 2013, un área de 47.503 ha asperjadas, estas operaciones se concentraron en los departamentos de Putumayo (19%), Nariño (17%), Chocó (16%), Guaviare (14%) y Caquetá, Cauca y Valle del Cauca (24%) . Sin embargo, el SIMCI registra que para este mismo año, existen en el país 48.000 hectáreas sembradas de coca distribuidas en 23 de los 32 departamentos del país. El 56% de la coca se ubica en 3 departamentos: Nariño, Norte de Santander y Putumayo; y el 82% se concentra en solo 6 departamentos (Guaviare, Caquetá, Cauca, Meta, Choco y Antioquia), que coinciden con los departamentos donde más se fumigó.

Por su parte la Embajada de Estados Unidos, en su medición particular detectó para el 2014 un alza del 39% en la coca sembrada, pasando de 85.000 ha en 2013 a cerca de 112.000 ha en 2014 . Los departamentos donde se registra mayor área sembrada corresponden a Nariño, Putumayo, Norte de Santander y Antioquia.

Esta inconsistencia en las cifras, también ha sido una constante en los más de veinte años de las fumigaciones contra los cultivos de uso ilícito; pero ya sea que las hectáreas aumenten o disminuyan en los censos, en la realidad la coca sigue vigente lo que significa que la fumigación aérea no arroja los resultados prometidos.

Lo que sí podemos observar es una dinámica espacial histórica de los cultivos frente a las fumigaciones, que llevaron inicialmente a la atomización de las siembras y más recientemente a una concentración.

Según el SIMCI, el 17% del territorio ha estado permanentemente afectado por cultivos de coca durante los últimos 10 años (Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare y Santander); el 6% del territorio presenta una afectación reciente entre 2011 y 2013 (Norte de Santander, Pacífico y Orinoquia) y el 46% del territorio presenta afectación intermitente (Catatumbo y Pacífico).

Más caro el remedio que la enfermedad

La política de erradicación forzosa mediante fumigación aérea con el herbicida glifosato y otros más potentes como Round Up Ultra, Imazapyr y Tebuthiuron, empleados también en la historia de las fumigaciones, no han funcionado. Incluso, se ha intentado emplear métodos alternativos como el hongo Fusarium oxysporum, que produjo un gran rechazo de la sociedad civil.

El glifosato es un herbicida patentado por la multinacional Monsanto, y se vende bajo la marca Roundup. Se usa de forma rutinaria en cultivos agrícolas, pero Colombia es el único país donde se permite la fumigación aérea para la erradicación de los cultivos de uso ilícito, esto es una escala mayor que el uso doméstico. Este método no es selectivo, es decir no solamente destruye los cultivos de coca y amapola sino también contamina las aguas y suelo, causa la pérdida de vegetación de nuestras selvas, afecta la economía campesina y atenta contra la salud de campesinos, indígenas y afrodescendientes.

Las aspersiones han acabado con los cultivos de los campesinos, incluso con aquellos proyectos productivos de las agencias que contribuyen al desarrollo alternativo en la sustitución de cultivos de coca: Unodc y Usaid. Pero esto parece no importarle ni a las agencias internacionales ni al gobierno nacional pues resulta más rentable seguir recibiendo la financiación multimillonaria para la guerra contra las drogas y de paso antiterrorista.

Son altos los costos que debe pagar el Estado colombiano para seguir manteniendo esta política de erradicación forzosa mediante el método de aspersión aérea y ello se refleja en los costos de legitimidad del Estado, en los costos en salud de nuestros campesinos y en los costos ambientales como la pérdida de biodiversidad.

Un ejemplo claro es la indemnización de 15 millones de dólares que pagó Colombia al hermano país de Ecuador, cuando en 2008 las denuncias llegaron ante la Corte Internacional de Justicia por fumigar con glifosato en área fronteriza, causando daños ambientales y a la salud humana; el gobierno nacional, además, se comprometió a no fumigar en un área menor de los diez kilómetros de frontera y debido a esto, se generó un malestar en las víctimas colombianas del glifosato a quienes no se les escucha y por el contrario son estigmatizas como narcotraficantes.

La sociedad civil se pregunta ¿para quién se gobierna? Recordemos las marchas cocaleras, las acciones populares y tutelas interpuestas por ambientalistas y la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, las comisiones de gobernadores que fueron a Washington a exponer las razones de parar las aspersiones. Recientemente, los paros campesinos como los del Cauca, el Catatumbo y en la Cumbre Agraria la suspensión inmediata de estas operaciones es una exigencia. Pese a los reclamos, el gobierno nacional no reconoce los graves daños de esta medida impositiva y arbitraria sobre la población rural y desconoce las raíces socioeconómicas ligadas a la economía campesina de la coca, rechazando sistemáticamente las demandas de la población afectada.

También la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República le han pedido al gobierno la suspensión inmediata de las fumigaciones con glifosato, presentado las quejas de las víctimas afectadas desde el inició de las fumigaciones.

Hay que reconocer los logros judiciales, fruto de los mecanismos interpuestos por las comunidades, que produjeron el pronunciamiento de las altas cortes como la Sentencia de la Corte Constitucional SU-383 de 2003, que obligó al Estado cumplir con la Consulta Previa a los pueblos indígenas de la Amazonia, donde se desarrolla el programa de erradicación. La Sentencia del Consejo de Estado (2013) que prohibió fumigar con glifosato los Parques Nacionales Naturales en las que se apela al principio de precaución, rector y proteccionista del medio ambiente, el cual debe tenerse en cuenta en toda política, proyecto o actividad sobre el territorio con el fin de no causar daños graves e irreversibles al ambiente. Este principio está consagrado en el derecho internacional público y en la legislación nacional y debe aplicarse cuando una determinada acción se considere de alto riesgo o en peligro de daño, o cuando no exista certeza científica absoluta sobre su ocurrencia.

Queda claro que la política de fumigación es una imposición del gobierno estadounidense, que limita el margen de maniobra del gobierno nacional para garantizar a sus ciudadanos sus derechos y responder a sus demandas sociales .

Esta guerra contra el pueblo colombiano con acciones como la “Operación Comején”, “Operación Resplandor”, los millonarios recursos del Plan Colombia y el Plan Patriota en sofisticados sistemas bélicos piloteados por la firma Dyn Corp quienes, paradójicamente, también se han visto envueltos en escándalos de tráfico de estupefacientes y drogadicción , termina arrojando altos costos y pocos resultados en el afán por presentar resultados de erradicación total, en el menor tiempo posible y como elemento disuasivo para acabar con el narcoterrorismo.

Nuevos vientos para la Política Antidrogas

Los diálogos de paz en La Habana, permitieron un acuerdo para adelantar un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, aquí las fumigaciones aéreas desaparecen, priorizando la erradicación voluntaria y en caso forzoso solamente se emplearía la erradicación manual, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente y el buen vivir . Este modelo recoge las propuestas planteadas por diversos sectores sociales frente a la impositiva fumigación aérea. Este acuerdo sería un aporte a la política antidrogas y una forma de caminar hacia el anhelado desarrollo rural en el posconflicto.

Comienzan a soplar nuevos aires renovadores para superar el fracaso de la “guerra contra las drogas” y sus nefastos efectos en nuestros países productores. Así lo reflejan los últimos informes de la Secretaría General de la OEA, la Comisión Global de Políticas de Drogas, La Declaración de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, y así esperamos lo asuma la Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia. Es imprescindible apuntar con más audacia a los temas neurálgicos del narcotráfico, donde no se puede seguir atacando al primer eslabón de la cadena desde una perspectiva criminal. Es la oportunidad para escuchar las propuestas de los campesinos y ambientalistas colombianos quienes apuntan a tratar el tema desde la realidad de sus territorios, superando la represión de “fumigar para no cultivar”, donde se respeten los derechos colectivos y del ambiente y se promueva el desarrollo rural integral.

Estas propuestas recogen entre otros puntos, los siguientes:

⋅ Suspensión inmediata del mecanismo de erradicación forzosa aérea de los cultivos de amapola, marihuana y coca.

⋅ Concertación comunitaria para erradicación manual de cultivos de uso ilícito.

⋅ Compensación económica por daños causados a la economía lícita, el medio ambiente y la salud por las operaciones antinarcóticos demandados en los últimos veinte años.

⋅ Ordenamiento Ambiental del Territorio en áreas con presencia de cultivos de uso ilícito con figuras como las Zonas de Reserva Campesina.

⋅ Reforma agraria integral que redistribuya las tierras ociosas, improductivas e incautadas al narcotráfico entre campesinos e indígenas desposeídos, y restitución de los predios adquiridos por medios violentos e ilegales a sus antiguos propietarios.

⋅ Formas asociativas campesinas para la implementación de proyectos económicos sostenibles basados en los principios de concertación, solidaridad, diversificación productiva, seguridad alimentaria y competitividad.

⋅ Legalización de cultivos de coca, amapola y marihuana para usos benéficos alimenticios, medicinales e industriales en el marco de mercados regulados por el Estado.

⋅ Acuerdos de autoregulación y control comunitario que eviten el rebrote del narcotráfico y la resiembra de cultivos ya sustituidos.

⋅ Respeto al cultivo y uso de plantas psicoactivas utilizadas por comunidades indígenas en rituales y prácticas tradicionales de cohesión comunitaria, medicina tradicional, transmisión de saberes y preservación de identidad cultural.

Notas:

1. Colombia: Censo de Monitoreo de Cultivos de Coca 2013. Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito – UNODC y Gobierno de Colombia. Junio de 2014.

2. http://es.scribd.com/doc/263703141/...

3. Para ampliar: “La política de fumigación de cultivos de uso ilícito en Colombia (1998-2003). Alcances y limitaciones”. Mejía Alfonso Sandra Liliana. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Universidad Nacional de Colombia. 2004.

4. “Mercenarios” en: Revista Semana. Edición No. 1.002. julio 16-23 de 2001. Pág. 26-30.

5. Comunicado conjunto 36. Delegaciones del gobierno y Farc-ep. La Habana, 2014.