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Organizaciones piden poner fin a nocivas fumigaciones aéreas con glifosato en Colombia
Las organizaciones sociales catalogan las fumigaciones de inhumanas y ambientalmente nocivas
 

Plataforma de incidencia política internacional y nacional e en materia de derechos humanos integrada por 269 organizaciones a lo largo del territorio nacional, que cuenta con una trayectoria de 21 años de trabajo ante: el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las Instituciones Europeas ,Autoridades Norteamericanas y, Autoridades Colombianas.

El 27 de abril de 2015, el Ministerio de Salud de Colombia recomendó a las autoridades antinarcóticos del país suspender inmediatamente el uso de fumigación aérea para erradicar cultivos de coca, planta utilizada para producir cocaína. Esta recomendación vino después del anuncio hecho en marzo por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, la cual determinó que el glifosato, el herbicida químico utilizado en la fumigación, era "probablemente cancerígeno" para los humanosii . Actualmente, el Gobierno de Colombia está considerando aplicar esta recomendación. Mientras tanto, y en respuesta a la recomendación del Ministerio de Salud, el director de la Policía Nacional de Colombia pidió que la fumigación se realice lejos de casas y cultivos de alimentos.

Aplaudimos la recomendación del Ministerio de Salud y urgimos al Gobierno colombiano a suspender el programa de fumigación aérea destinado a erradicar cultivos de coca y amapola que son considerados de uso ilícito. Durante más de quince años, organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos y Colombia han pedido que se ponga fin a este programa inhumano y nocivo para el ambiente. La sustancia química utilizada en la fumigación daña ecosistemas vulnerables y cultivos de alimentos. El químico es rociado rutinariamente sobre casas, animales domésticos y fuentes de agua. La seguridad alimentaria de comunidades indígenas y afrocolombianas, y de agricultores de pequeña escala ha sido afectada; y se han ignorado las múltiples denuncias sobre impactos en la salud de personas afectadas por las fumigaciones. Al destruir los cultivos de uso ilícito sin apoyar adecuadamente la transición de los campesinos a la siembra de alimentos, la fumigación aérea provoca desplazamiento y daños ambientales mientras las personas y los cultivos considerados ilícitos pasan de una zona a otra.

A pesar del alto costo humano y ambiental, ha sido evidente durante casi una década que la fumigación no ha reducido el cultivo de coca de uso ilícito a nivel nacional. Los productores se han adaptado a la fumigación de diversas maneras, y mediciones del gobierno de Estados Unidos han identificado que la cantidad de coca sembrada en 2007 es la misma a la sembrada en 2001. Las reducciones identificadas desde entonces han sido producto de una mayor presencia del Estado en algunas zonas tradicionales de producción de coca. Ello ocurrió durante un periodo constante de reducción de fumigación.

Por otra parte, el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, que actualmente negocian un acuerdo de paz para poner fin a más de cincuenta años de conflicto armado, han llegado ya a un acuerdo sobre política antidrogas que limita la fumigación aérea a una herramienta de última instancia, enfatizando en su lugar la cooperación con comunidades agrícolas rurales para realizar el tránsito de cultivos de coca y amapola de uso ilícito a la siembra de alimentos y a otras actividades económicas. El Gobierno de Colombia y también el de Estados Unidos, el cual ha brindado apoyo político y material al programa de fumigación aérea, deben aprovechar este momento para adherirse a las reformas propuestas en este acuerdo. Ya es tiempo de avanzar hacia soluciones más humanas y sostenibles.

Organizaciones firmantes:

Latin America Working Group (LAWG); Washington Office on Latin America (WOLA); Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); Oxfam Environmental Investigation Agency Center for International Policy (CIP); Open Society Foundations Global Drug Policy Program and Latin America; Program Institute for Policy Studies, Drug Policy Project; Jesuit Conference, National Advocacy Office; AFL-CIO United Church of Christ, Justice and Witness Ministries; Drug Policy Alliance; Amazon Watch; Colombia Human Rights; Committee Witness for Peace; Mennonite Central Committee U.S. Washington Office; MamaCoca; La Corporación Jurídica Yira Castro; La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo (INDEPAZ); Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo"; Organizaciones y Procesos del Congreso de los Pueblos; Intereclesiastical Commission of Justice and Peace; Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ); Censat Agua Viva de Colombia; La Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos (CCEEU); Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ); Asociación Ambiente y Sociedad (AAS).

Notas:

i The International Agency for Research on Cancer determination was made by 17 experts from 11 countries, who determined that glyphosate was a “probable carcinogen” for humans. In an article published in The Lancet, the IARC asserted glyphosate “induced DNA and chromosomal damage in mammals, and in human and animal cells in vitro” and that “case-control studies of occupational exposure in the USA, Canada, and Sweden reported increased risks for non-Hodgkin lymphoma.”

ii La determinación de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC en inglés) fue hecha por 17 expertos de 11 países, quienes determinaron que el glifosato era "probablemente cancerígeno" para los humanos. En un artículo publicado en The Lancet, la IARC afirmó que el glifosato "inducía daños en el ADN cromosómico de los mamíferos, y en células humanas y animales in vitro" y que "los estudios de caso y controles de exposición ocupacional en EE.UU., Canadá y Suecia informaron de mayores riesgos de linfoma non-Hodgkin".