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Los diálogos de paz y la reforma rural integral para la soberanía y seguridad alimentaria
Daniel Eduardo Castillo Melgarejo / Martes 19 de mayo de 2015
 

Palabras claves:

Paz, Diálogos, Gobierno, FARC-EP, reforma, Seguridad alimentaria, acuerdos, Estado, justicia, alimentación, nutrición, soberanía, tierra.

Los diálogos de paz

Actualmente el país habla de paz, de la paz que se dialoga en La Habana, la paz que propone la academia, la sociedad, el estado, la que propone la guerrilla de las FARC-EP; y la paz que grita el pueblo colombiano, en especial las comunidades víctimas del conflicto. Necesaria, urgente e indispensable, por esto debe estar en boca de todos. La pregunta inmediata es: ¿En qué va eso? O mejor, ¿Cómo vamos con aquello de la paz?

El 26 de agosto del 2012 la insurgencia de las FARC- EP y el gobierno nacional de la República de Colombia firman el denominado “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” en donde, tras reconocer la necesidad de la paz para el pueblo colombiano, el fin del conflicto armando y el papel que juegan estos eventos en el desarrollo regional y mundial. Enmarcado a su vez en la justicia social, se acuerdan la metodología y agenda de los diálogos de paz más relevantes en la historia de Colombia hasta el día de hoy. Pues desde los acuerdos de La Uribe en 1982 bajo la Presidencia de Belisario Betancourt Cuartas y los otros cinco diálogos de paz con los actores armados “ilegales”, y en este caso específico con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP); no se vislumbraban unos diálogos de tal carácter como los de hoy. Con la inclusión de las víctimas, de la academia, de la sociedad en general. Con el apoyo incondicional internacional y las organizaciones sociales y de derechos humanos en todo el mundo.

Tal carácter le ha impuesto a estos diálogos la seriedad y el carácter que merece su nombre, de igual manera le han fortalecido al pueblo colombiano el sueño de la paz verdadera y duradera. “...Con la disposición total del Gobierno Nacional y de las FARC-EP de llegar a un acuerdo, y la invitación a toda la sociedad colombiana, así como a los organismos de integración regional y a la comunidad internacional, a acompañar este proceso...” (mesadeconversaciones, 2012) El acuerdo firmado consta de una agenda con seis puntos de diálogo: 1. Política de desarrollo agrario integral, 2. Participación política, 3. Fin del conflicto, 4. Solución al problema de las drogas ilícitas, 5. Víctimas, 6. Implementación, verificación y refrendación. Todos estos bajo un conjunto de reglas y garantías de diálogo de la mano de un principio fundamental: “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

En el pasado mes de junio del año 2014 la oficina del Alto Comisionado para la Paz, entidad pública encargada del desarrollo de estrategias, control, vigilancia, dirección y asesoramiento en lo que concierne a las acciones de paz por parte del estado colombiano; publicó una cartilla denominada “Entérese del proceso de paz” como información pública sobre la situación actual de los diálogos y de acceso nacional a toda la sociedad. Cartilla entregada de forma gratuita en la reciente feria del libro en la ciudad de Bogotá de la mano de otras publicaciones. Dicha publicación resume a groso modo lo acordado a la fecha, las fases del proceso y concluye con dos interesantes textos por parte del jefe de la delegación del Gobierno Nacional y el Alto comisionado para la paz.

Hasta el momento en el que se escribe este artículo han sido firmados tres acuerdos en los diálogos de paz. 1. Política de desarrollo agrario integral (en el cual se profundiza más adelante), 2. Participación política y 3. Solución al problema de las drogas ilícitas. Teniendo en cuenta que el Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderon decidió dialogar en medio de la guerra, sin un cese al fuego bilateral, con el riesgo que ello implica y con los últimos acontecimientos violentos por parte de los actores armados en las diferentes regiones del país, de la mano del cese al fuego unilateral con ya más de 137 días por parte de las FARC-EP; se evidencia no sólo la seriedad y compromiso con los diálogos por las partes, sino el avance importante que se ha dado, ya con la mitad del diálogo avanzado y a pesar de las críticas y de los hechos en medio del mismo el proceso que si bien va por buen camino, tiene grandes dificultades, pues mientras se habla de paz en Cuba, en Colombia la guerra se intensifica y ese sueño de paz se difama en las regiones del país, mezclando el continuo discurso de paz del Estado y la guerra que intensifica en hechos y palabras.

Cómo olvidar los dudosos hechos del pasado 14 de abril de 2015 donde resultan muertos 11 soldados de la brigada móvil 17 de la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército colombiano en el corregimiento de Timba, en el municipio de Buenos Aires, norte del Cauca por un presunto ataque de la columna móvil ‘Miller Perdomo’ de las FARC-EP sobre las 11:30 de la noche. Hecho que generó controversia nacional, sin duda por el amarillismo de los medios de comunicación, de la mano del oportunismo político del uribismo y los enemigos de la paz, a tal punto que Santos decide reanudar los bombardeos suspendidos en fechas pasadas e intensificar la guerra oponiéndose al actual cese al fuego de dicha guerrilla y poniendo en riesgo la continuación de los diálogos; mientras que según un reporte de Contagio Radio, medio de prensa alternativo “ (...)desde el mes de enero de 2015 hasta el 14 de abril, la Fuerza Pública ha realizado 55 acciones operativas ofensivas, entre ataques y hostigamientos hacia las FARC-EP y contra la población civil. Según denuncias analizadas por el Frente Amplio, durante ese periodo se presentaron 15 ataques de parte de las fuerzas militares contra la guerrilla, 11 acciones operativas en territorios de parte de la fuerza pública, 3 cercos militares a las FARC EP, quienes a su vez realizaron 2 ataques defensivos. Además las FFMM realizaron 4 operaciones de persecución contra las estructuras guerrilleras y 8 bombardeos indiscriminados...” (ContagioRadio, 2015). Estos sucesos evidencian la continuidad de la guerra en medio de los diálogos, la doble moral en los mismos y la preocupante situación actual de esa llamada “paz estable y duradera”.

Al finalizar los informes de los acuerdos, Humberto de la Calle, jefe de la delegación del Gobierno Nacional explica -desde su posición claro está- resumidamente lo que es y lo que no es el diálogo con la insurgencia, recalcando que la propiedad privada no está en discusión y mucho menos la estructura y funcionamiento de las fuerzas armadas, pues seguramente para el gobierno nacional un ejército de más de medio millón de hombres y el gasto militar más alto del continente es un garante constitucional en un contexto de paz. Una paz con armas y cañones por todo el territorio. En dicho texto -como rindiendo cuentas- le aclara a los enemigos del diálogo varios puntos, de la mano de un discurso que perpetúa el interés de la clase que representa, la protección de la inversión privada, la intervención extranjera y los leves cambios en la institucionalidad que vienen en el estado que representa.

Por otro lado Sergio Jaramillo Caro, Alto comisionado para la paz y plenipotenciario de la delegación del Gobierno Nacional, se extiende en cuatro páginas y media de dicho informe con un texto enmarcado de derechos, institucionalidad y democracia en el cual, en medio de palabras bonitas, plasma puntos claves de este importantísimo proceso de paz:

1. La importancia de la paz para la sociedad colombiana y para que el Estado llegue a aquellos lugares donde no llega y donde nace la insurrección armada producto del abandono, (...)"El problema evidentemente es que si un país vive un conflicto -aun uno como el colombiano que se ha reducido en su alcance e intensidad-, es inevitable que tenga o haya tenido serias fallas en su capacidad de producir bienes públicos y satisfacer derechos en todo el territorio, como de asegurar las condiciones para tramitar las demandas de la sociedad... Tenemos que aprovechar el momento de la paz para alinear los incentivos y desarrollar las instituciones en el territorio que con el tiempo van a hacer valer los derechos de todos por iLos diálogos de pazgual”(...) (Jaramillo, 2014)

2. El necesario cambio del modelo centralista del estado actual. Jaramillo es consciente de que el país no puede seguirse direccionando desde La Casa de Nariño, gobernar un país no se reduce a despachar órdenes a diestra y siniestra desde cualquier entidad pública, es importante la apropiación de la comunidad en las decisiones gubernamentales en donde aclara que: (...)“El estado colombiano ha intentado todo tipo de programas para llevar desarrollo a las regiones apartadas. Sin negar sus logros, creo que el modelo centralista en el que unos funcionarios aterrizan como unos marcianos entre las comunidades para “traer el Estado”, se quedó en el aire, he hecho parte de esos esfuerzos y conozco sus méritos y limitaciones. Y estoy convencido de que así el estado nunca va a llegar a ninguna parte de manera sostenida y con suficiente intensidad... necesitamos es imponer una lógica de inclusión e integración territorial, basada en una nueva alianza entre el estado y las comunidades para construir conjuntamente institucionalidad en el territorio”(...) Algo que denomina como una “campaña para la paz” en donde al concluir los acuerdos se busque movilizar a todo el país en torno a la necesidad de la construcción de paz con el fin de generar credibilidad en torno al proceso, reducir la brecha de la sociedad con los diálogos, establecer las formas de reincorporación de las guerrillas a la vida civil y a la vida política sin armas y la construcción de espacios de reconciliación y deliberación en las comunidades.

3. La propuesta de lo que él llama “justicia y paz territorial” que no es más que poner en discusión nacional la justicia transicional en donde se busque garantizar derechos a todas las víctimas del conflicto armado, por medio de la participación política de las mismas, garantizando la justicia en los territorios por medio del diálogo interno de la comunidad, la reparación, la verdad y las garantías para la NO repetición de los hechos para ellos y otras personas.

Concluye Jaramillo recalcando la importancia de que lo acordado debe ser refrendado por todo el pueblo colombiano como lo viene manifestando Santos hace varios meses e invitando a todos a apropiarse del tema, propuesta alterna pero no contradictoria con la propuesta de las organizaciones sociales y de las mismas FARC-EP de refrendar el acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente, en donde el constituyente primario por medio de espacios locales, barriales y regionales, sea quien decida sobre el futuro político, económico y social del país mismo.

Palabras profundas y agradables al oído de cualquiera con importantes aportes para el proceso, pero que se contradicen con el accionar del Estado. Que dejan en duda las intenciones al separar por un lado a las comunidades del Estado para “crear alianzas” y por otro lado hablar de la necesaria participación y movilización de las mismas, desconociendo una vez más las acciones de los movimientos sociales entorno a la paz, como el proceso de “Constituyentes por la Paz con Justicia Social” iniciativas de diálogo comunitario para establecer territorialidad y paz en las regiones del país, o como la gran movilización nacional de millones de personas a nivel nacional e internacional el pasado 9 de abril en apoyo a los diálogos y al proceso de paz convocada por el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica y demás sectores sociales que respaldan y exigen paz en el territorio colombiano.

El acuerdo agrario

Ahora profundicemos un poco en lo acordado y toquemos el tema rural pues, es en esta crisis profunda donde brota, en 1964, en manos de familias campesinas del Tolima colombiano, la guerrilla de las FARC-EP como ejército campesino que se resiste a las políticas de saqueo, el abandono, la pobreza, el hambre y demás conjuntos de inequidades que vive el campesinado hace más de 50 años.

De manera curiosa pero trascendental al mismo tiempo, el primer acuerdo dado a conocer en La Habana Cuba entre el gobierno nacional y esta guerrilla colombiana el 21 de junio de 2013, fue la Política de Desarrollo Agrario integral. Dicho acuerdo parte de garantizar el acceso a la tierra de forma equitativa para la población más afectada, las mujeres cabeza de hogar, el pequeño y mediano productor, campesinos y campesinas del país que han sido despojados de sus tierras, que nunca han sido legalmente dueños de ella o que lo que tienen actualmente es insuficiente. El acuerdo busca otorgar tierras para fortalecer la agricultura familiar y comunitaria, como solución pronta a la grave crisis actual del campo en Colombia; esto por medio de la creación de un Fondo Nacional de Tierras recuperadas de aquellos que las tienen hoy de forma ilegal producto del desplazamiento forzado y el paramilitarismo, con vocación agrícola inexplotadas, o en medio de una zona de reserva forestal con vocación agrícola de ser el caso.

Según el informe conjunto de la mesa de conversaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP dado a conocer en enero de 2014 este acuerdo (...)“No se trata simplemente de brindar acceso a la tierra, sino de asegurar el acceso integral; es decir que junto con las tierras hay que proveer los medios y capacidades para hacer uso de ellas (como capital, semillas, riego donde sea necesario, asistencia técnica, vivienda y crédito), así como crear un entorno que contribuya a la productividad y el bienestar mediante provisión de bienes y servicios públicos como vías, salud, educación, agua potable y apoyo a diferentes formas de asociatividad solidaria y cooperativismo y a la comercialización de productos”(...) (FARC-EP, 2014) lo que evidencia el interés de ambas partes para la solución a la crisis agraria en Colombia.

Por otro lado se nombra la formalización de la propiedad rural, subsidios y créditos especiales, la formación de una jurisdicción agraria que garantice la protección a los derechos de propiedad en el campo en cuanto uso del suelo, catastro rural eficiente, conciliación y resolución de conflictos; También se tocan temas transversales para la transformación del campo en materia de educación, salud, vivienda agua y saneamiento básico con una mirada territorial que garantice cobertura a todo el campesinado de forma digna, (...)“se acordó un plan para apoyar y consolidar la generación de ingresos de la economía campesina, familiar y comunitaria, y de los medianos productores con menores ingresos”(...) (FARC-EP, 2014) buscando de esta forma estimular la economía de las regiones del país en donde la pobreza es ley.

Por último en dicho acuerdo se menciona la necesidad de fortalecer el sistema de protección y seguridad social de los campesinos y campesinas. Dentro de este sistema de protección se enmarca la producción de planes departamentales y locales de alimentación y nutrición culturalmente apropiados de la mano de consejos locales y departamentales entorno al tema y un consejo nacional de alimentación y nutrición que tendrá como función principal definir lineamientos y coordinar dicha política pública en todos los niveles. "(...)Se fortalecerán los mercados locales y regionales, se harán campañas para un manejo adecuado de alimentos por parte de las familias y se aplicarán programas especiales contra el hambre. Crearemos concejos de seguridad alimentaria y nutricional en todos los niveles territoriales y pondremos en marcha toda una institucionalidad para mejorar la seguridad alimentaria de las comunidades(...)" (mesadeconversaciones, 2012) y por otro lado “(...) El acuerdo reconoce que las Zonas de Reserva Campesina son una figura que tiene el Estado para promover la economía campesina, y contribuir al cierre de la frontera agrícola y la producción de alimentos”(...) (FARC-EP, 2014) De tan profunda importancia es está parte del acuerdo para el futuro del derecho fundamental a la alimentación que me detendré para revisarlo de forma más minuciosa.

Seguridad y Soberanía Alimentaria

Si bien el Conpes 113 de 2008, nuestra política actual de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SAN-, especifica que: “(...)la política está dirigida a toda la población colombiana y requiere de la realización de acciones que permitan contribuir a la disminución de las desigualdades sociales y económicas, asociadas a la inseguridad alimentaria y nutricional, en los grupos de población en condiciones de vulnerabilidad(...)” (DNP, 2008) donde el gobierno en su política nacional evidencia la necesidad de garantizar a toda la población colombiana condiciones de vida digna que permitan la realización del derecho a la alimentación en todos sus niveles; hoy al 2015, después de 7 años de ser establecida dicha política, la situación alimentaria de la sociedad colombiana no deje de ser preocupante.

A la espera de la nueva Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia la ENSIN 2015, la cifra actual de inseguridad alimentaria del país es de 42,7% (ENSIN 2010) y pese a esto, las acciones concretas de dicha política comenzaron a evidenciarse hasta cuatro años después de su publicación, las ayudas alimentarias y nutricionales no pasan de ser eso, ayudas que no garantizan en desarrollo autónomo de la alimentación en la población colombiana y en especial de la población más vulnerable siendo esta la principal afectada.

“(...)Las cifras lo dicen, la situación lo confirma y, sin embargo, el Estado no ha logrado garantizar a esta población la restitución de los derechos que les han sido vulnerados y que van desde el derecho a su tierra y a su territorio, la garantía de poder contar con una actividad económica para el logro de su subsistencia, su derecho a la seguridad alimentaria y nutricional y demás derechos económicos, sociales y culturales. Sólo la garantía de estos derechos les permitirá mejorar su calidad de vida, por sus medios y sin tener que depender de los programas eternos de ayuda alimentaria, que no son más que paliativos y no logran constituirse en una respuesta eficaz para la superación de la desnutrición, el hambre oculta y la muerte por estas causas(...)” (Gordillo, 2011)

Es crítico reducir toda una política alimentaria a nivel rural de país al asistencialismo, por tal motivo lo discutido en cuanto a la seguridad alimentaria y nutricional de la población rural del país en La Habana es clave, no sólo para quienes han de ser beneficiados, sino para la política alimentaria del país, pues es en el campo y son los campesinos colombianos quienes siembran y cosechan los alimentos de toda la población colombiana.

El garantizar una transformación en la agricultura nacional impacta directamente el acceso y disponibilidad de alimentos en el país, de la mano de la reducción de las cifras de hambre y malnutrición de nuestra población rural; Hechos que se plasman de forma concreta en el acuerdo actual, en donde en primera medida se garantiza el acceso de forma integral a la tierra cuya vocación ha de ser específicamente agrícola priorizando la producción y comercialización de alimentos; y en segunda medida establece instituciones locales y regionales para el seguimiento de la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones, de tal forma que se garantice la exigibilidad y vigilancia al derecho humano de la SAN de toda la población rural, contribuyendo del mismo modo a la seguridad alimentaria y nutricional del país mismo.

De la misma manera teniendo en cuenta el derecho de los países a su soberanía nacional y por ende a su soberanía alimentaria entendiendo esta última como “el derecho de los pueblos, las comunidades y los países a definir sus propias políticas agrícolas, de trabajo, pesca, alimentación y tierras, que sean adecuadas desde el punto de vista ecológico, social, económico y cultural a sus circunstancias únicas. Esta incluye el verdadero derecho a la alimentación y a producir el alimento, lo que significa que todo el mundo tiene el derecho a una alimentación inocua, nutritiva y culturalmente adecuada y a los recursos para producir estos alimentos, así como el derecho a poder alimentarse a sí mismo y a sus sociedades”. (FAO, 2002)

Este acuerdo agrario, al ser refrendado por las comunidades, permite la construcción local y regional de dicha política, haciéndola soberana a las acciones alimentarias nefastas establecidas en los previos acuerdos de libre comercio y las intenciones alimentarias de las potencias exportadoras de alimentos a nivel internacional. Fortaleciendo la cultura y costumbres alimentarias de alguna manera con el impulso de la producción agrícola de los productos alimenticios regionales que contribuyen con la alimentación de la región y del país.

Aun así la política acordada se queda corta en cuanto al tema de Soberanía Alimentaria pues no se especifican las acciones alrededor del fortalecimiento y protección de las semillas nativas, el reconocimiento y rescate de la cultura alimentaria en la totalidad de las comunidades, el fortalecimiento del auto consumo urbano y rural y la construcción de un tejido alimentario en todo el país entendiendo este como una plataforma donde esos consejos locales de SAN y las comunidades campesinas y urbanas tengan la oportunidad de articular propuestas entorno a las decisiones a corto y largo plazo en alimentación y nutrición. Es clara la vía campesina afirmando dentro los siete principios de la soberanía alimentaria que:

“(...)La Soberanía Alimentaria implica el cuidado y uso sostenible de los recursos naturales, especialmente tierra, agua, semillas y razas de animales. Las personas que trabajan la tierra deben tener el derecho de practicar la gestión sostenible de los recursos naturales y de preservar la diversidad biológica libre de derechos de propiedad intelectual restrictivos. Esto solamente puede lograrse desde una base económica sólida, con Seguridad en la tenencia, con suelos sanos y uso reducido de agroquímicos(...)” (FILHO & SCHOLZ, 2008)

El acuerdo de reforma agraria integral, al día de hoy, no es claro en la relación que tendrán las familias campesinas con la naturaleza, y el impacto ambiental de la reforma agraria en cuanto a asistencia técnica, comercialización y producción. Si no se tienen en cuenta los efectos ambientales el tema de soberanía alimentaria queda en el aire, la reforma agraria integral no toca el peligroso tema minero energético del país, preocupante para la salud de las comunidades enmarcada en la seguridad humana y seguridad ambiental, componentes claves de la seguridad y soberanía alimentaria del país.

El tema no se pude concluir sin un acuerdo general de paz y sin la refrendación del mismo, donde por parte del autor se comparte la iniciativa de una gran asamblea nacional constituyente en la cual las comunidades puedan reafirmar la política pública del país que garantice una paz realmente estable y duradera, reconociendo los procesos de organización y movilización por la lucha de la tierra hasta el día de hoy, la consolidación del tejido social en campos y ciudades en torno a una construcción de país y el freno inmediato del paramilitarismo. Es importante seguir con lupa el asunto agrario y por ende el futuro mismo de la seguridad y soberanía alimentaria, exigiendo en este espacio de constituyente la protección misma de la naturaleza y una mejor relación del hombre con la tierra, frenando la peligrosa locomotora minera del actual periodo presidencial, exigiendo precios de sustentación y control a la desmesurada política de libre comercio del actual sistema neoliberal.

A modo de propuesta se indica el replantear en Colombia dinámicas de seguridad y soberanía alimentaria llevadas a cabo en la región con ejemplos claros como Ecuador, Bolivia y Venezuela, teniendo en cuenta las particularidades del país y sumándonos del mismo modo a las iniciativas económicas y políticas latinoamericanas como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Referencias

ContagioRadio. (05 de 05 de 2015). http://www.contagioradio.com/. Obtenido de http://www.contagioradio.com/: http://www.contagioradio.com/fuerza-publica-ha-cometido-55-acciones-contra-farc-y-civiles-frente-amplio-articulo-8098/

DNP. (2008). Documento Conpes social conpes113. BOGOTÁ MARZO 2008: DNP.

FAO, F. A. (2002). Seguridad Alimentaria en los países andinos: Hacia una estrategia de desarrollo rural integral y lucha contra la pobreza.

FARC-EP, g. n. (2014). informe conjunto mesa de conversaciones. La Habana Cuba: mesadeconversaciones.

FILHO, N. A., & SCHOLZ, V. (2008). Soberanía alimentaria y seguridad alimentaria: ¿Conceptos complementarios? . Santiago chile: Engenheira agrônoma (Pucv-Chile) e especialista em desc e políticas publicas de la fhdal.

Jaramillo, S. (2014). La paz territorial. Bogota DC.: oficina del alto comisionado para la paz.

Matamoros, S. D. (2011). Agrocombustibles vs hambre. Facultad de Medicina Universidad Nacional de Colombia, 61.

Mesa de conversaciones. (26 de 08 de 2012). www.mesadeconversaciones.com. Obtenido de https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf