Agencia Prensa Rural
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Seminario barcelonés " Libertad de prensa y conflicto en Colombia"
“Nos acusan de obedecer a intereses de la guerrilla”
Entrevista con César Jerez, coordinador de la Agencia Prensa Rural
Marina Cantero / Viernes 5 de diciembre de 2008
 

La Agencia Prensa Rural (APR) nació para denunciar las violaciones a los derechos humanos en Colombia desde las propias voces de los campesinos. Con fuentes de primera mano que informan lo que pasa en su territorio, ésta iniciativa de comunicación comunitaria intenta paliar la censura que se vive en el país. César Jerez es coordinador de la APR y vive en España, donde ha solicitado la categoría de refugiado, desde hace dos años. Geólogo de profesión, devino en periodista para narrar lo que pasa en su país.

César Jerez, coordinador de la Agencia Prensa Rural de Colombia. Foto: Mariana Cantero

¿Cómo nace la APR?

Desde la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, nos planteamos hace cinco años que había que empezar a romper la censura y tener canales de comunicación con otras organizaciones. Tener la intención de fundar una agencia de comunicación parece fácil cuando no eres periodista de oficio, pero después te enteras de todo lo que necesitas para hacerlo. Al principio nos estrellamos con la realidad de que primero teníamos que generar un proceso formativo hacia el interior de las organizaciones que componen la agencia, porque nuestra información es de base, viene de los propios campesinos que cuentan lo que sucede. Hemos tenido que replantear varias veces la estrategia, buscar financiamiento y voluntarios.

¿En qué formatos difunden esta información?

Enpezamos con lo más fácil y barato, que es Internet. Después desarrollamos un programa de radio, una revista institucional y publicaciones hacia el interior de las organizaciones. El balance después de cinco años es que ahora somos seis organizaciones campesinas que componemos la agencia y la meta un poco utópica que tenemos, es que nuestro portal sea el de todas las organizaciones rurales. La APR sirve de fuente de información para organizaciones de derechos humanos e incluso para algunos medios de comunicación masivos y tiene unas 80 personas informando.

¿Qué obstáculos encuentran cotidianamente para desarrollar su labor?

Recibimos muchas amenazas, nuestras organizaciones enfrentan procesos judiciales y tenemos compañeros presos. Se nos ha acusado de que nuestro portal obedece a intereses de la guerrilla y eso se ha plasmado en los montajes judiciales que se han utilizado para encarcelarnos. En Colombia la participación en una organización social es igual a rebelión.

¿En concreto de qué se los acusa?

Hace un año se abrió una causa donde 18 informantes pagados por el ejército dicen que somos del brazo político de la guerrilla. A esto se sumó un informe de inteligencia de la policía secreta colombiana, que nos ubicaba en posiciones guerrilleras a los dirigentes sociales. Ahora Andrés Gil y Miguel González son los dos compañeros que continuan presos en espera de juicio. Además de eso, hay doce compañeros, entre ellos yo mismo, que tenemos órdenes de búsqueda y captura, por lo que estamos fuera del país. Nosotros ejecutamos proyectos de cooperación internacional por los que recibimos financiación de la Unión Europea y una de las líneas de acusación es que nosotros entregamos esos fondos a las FARC. Esto refleja el nivel de persecución al que nos vemos sometidos.

¿Qué mecanismos tienen para demostrar lo contrario?

Nuestro trabajo es totalmente público, es de defensa de derechos humanos y si es cierto que interlocutamos con los que participan en la guerra, tanto con la guerrilla como con el Estado. Tenemos fuentes de información en Arauca, en el Catatumbo, en Sumapaz, Tolima y en el suroccidente colombiano. Ahora tenemos que ver también cómo podemos perdurar, porque tenemos presión y amenazas y a la gente le da miedo estar en un proyecto como éste.