Asociación Campesina del Catatumbo
:: Norte de Santander, Colombia ::
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Familias de víctimas denunciaron más de 200 casos en Ocaña
En el municipio nortesantandereano se realizó la octava audiencia ciudadana por la verdad
El Tiempo / Viernes 5 de diciembre de 2008
 

"Yo quiero denunciar el caso de la muerte de Jesús Emel Téllez Carrascal, a quien lo asesinaron los paramilitares al mando de Salvatore Mancuso en el corregimiento El Aserrío, en Teorama, el día 15 de abril del 2002".

Con esas palabras, comenzó el relato de uno de los familiares del asesinado campesino de la región del Catatumbo, que ayer tuvo el valor de denunciar el caso públicamente durante la Octava Audiencia Pública del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que se realizó en el coliseo Argelino Durán Quintero, de Ocaña (Norte de Santander).

"Lo que esperamos es que haya justicia, de que condenen a los responsables y que por medio de la política de paz y reparación haya indemnización para esos hijos que quedaron huérfanos y abandonados", pidió ante los asistentes el valeroso familiar, quien debido al mal estado de las vías debió realizar un viaje de casi 12 horas desde Cúcuta pasa asistir al evento.

Como él, más de 200 personas llegaron al sitio de concentración desde los distintos municipios nortesantandereanos y, sobre todo, de la conflictiva región del Catatumbo a realizar sus denuncias sobre las desapariciones forzadas, los juicios extrajudiciales y los asesinatos de grupos paramilitares a sus amigos y familiares.

Durante la jornada, que inició a las nueve de la mañana y se extendió hasta al final de la tarde, un grupo de siete abogados, con computador en mano, escucharon los casos de unas 180 personas, mientras otros 40 lo hicieron en público.

"La mayoría de los testimonios recibidos fueron de víctimas por paramilitarismo, aunque también hubo varios de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y dos de minas antipersonales", explicó una de las abogadas que recogió la versión de los casos.

En la octava Audiencia Pública del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado estuvieron presentes los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, así como algunos representantes a la Cámara y de algunas organizaciones como el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y un amplio grupo de organizaciones sociales de la región.

Posterior a esta Audiencia, la Comisión de Derechos Humanos del Senado y el Movimiento Nacional de Víctimas ordenarán las denuncias para luego pasar los derechos de petición y solicitudes a los diferentes organismos y autoridades como la Fiscalía, la Procuraduría o a las que tengan que dirigirse cada caso para pedir resultados y el por qué no han avanzado.

La incursión paramilitar, que se dio en Norte de Santander desde 1999 hasta el 2004, disparó la tasa de mortalidad en todo el departamento, pero ante todo en El Catatumbo, cuya tasa de homicidios es sólo superada por Cúcuta.

Con la desmovilización de los grupos paramilitares, la intensidad del conflicto el Catatumbo disminuyó hacia el 2005, pero se implementó una nueva dinámica bajo una política de la militarización que desde comienzos de 2006 permitió la creación de las Brigadas 30, con sede en Cúcuta y la Móvil No. 15, con asiento en Tibú.

Según cifras de las ONG, del 2006 al 2008 se han registrado en el Catatumbo cerca de 55 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la Fuerza Pública, el 84% de ellos sucedidos en el 2007.

Por fuera de estos datos estarían los casos no denunciados y que podrían alcanzar un número muy elevado, pues sólo en Ocaña se habla de cien de personas no reconocidas, muertas en hechos violentos y que pueden estar relacionados con la otra cara de las ejecuciones extrajudiciales, los positivos del Ejército en la lucha contra la guerrilla.