En carta enviada al presidente Juan Manuel Santos, el asesor del punto agrario en La Habana en Cuba, y miembro de la Misión Rural, Alejandro Reyes Posada, calificó como una “falsa recuperación simbólica” el anunció del Gobierno sobre 300.000 hectáreas de tierras que estaban bajo dominio de las Farc.

En la carta, Reyes le dice al jefe de Estado respecto a las “285.000 hectáreas de las Farc en La Macarena y los llanos del Yarí, que el Estado está lejos de poder hacerlo jurídicamente”.

Asegura que “gran parte de la zona es, legalmente, baldíos nacionales ocupados por campesinos desde hace décadas, con derechos consuetudinarios como ocupantes con aspiración a ser beneficiarios de adjudicación, sometidos al dominio territorial de las Farc”.

Según Reyes, en la zona no está formado el catastro, no hay condiciones de seguridad para enviar topógrafos a hacerlo, y precisa que solo 10 de las fincas pequeñas han sido adjudicadas por Incoder y casi ninguna tiene folio de matrícula en el Registro.

“Creo que usted fue inducido a error grave por el Superintendente de Notariado y Registro, quien lideró la operación, a partir de información de inteligencia militar surgida de los computadores de Jojoy, que no demuestran propiedad de las Farc sino contabilidad tributaria de las Farc sobre una región bajo su control”, advirtió Reyes.

Asegura que el Incoder, había iniciado en 2013 el estudio de la propiedad en el área y “pronto desistió de enviar catastrales y abogados por temor a riesgos de seguridad”.

Para este experto, que participó de la negociación de La Habana, “el impacto de esta falsa recuperación simbólica en la negociación de paz es muy negativo, pues les dice a las Farc que el Estado no respetará derechos de tenencia de los campesinos en sus áreas de influencia”.

Esto iría en contravía de lo pactado en el acuerdo agrario, “que obliga al gobierno a formalizarlos, adjudicarlos, restituirlos y distribuirlos”.

Puntualizó que la tierra en Colombia no puede recuperarse con una operación militar “con apariencia precaria de legalidad”, sino que debe adelantar un proceso de ordenamiento integral de la zonas identificadas.