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Yo quiero que Iván Márquez sea presidente
Adelaida Nikolayeva / Miércoles 19 de agosto de 2015
 

Los anteriores diálogos de paz han sido un fracaso y nos dejaron enseñanzas que nos sirven para reflexionar sobre el proceso actual que se lleva a cabo en La Habana. Una de las razones por las cuales existen las guerrillas es el cierre del sistema político y la exclusión de otros actores en la participación del poder en Colombia.

De los diálogos de paz anteriores es importante rescatar algunas enseñanzas que nos permitan entender el momento actual y lo que significaría la firma del acuerdo que ponga fin al conflicto armado.

Los acuerdos de La Uribe, Meta, entre el gobierno de Belisario Betancur (1984-1986) y las FARC-EP no se cumplieron porque pesaban más los enemigos del mismo, dentro y fuera de las instituciones del Estado, como el alto mando militar, por ejemplo, que se opuso rotundamente a los acuerdos y sabotearon la tregua bilateral.

Fue lo que se conoció como los poderosos enemigos agazapados dentro del Estado y las fuerzas armadas, que denunció en su momento el Comisionado de Paz, Otto Morales Benítez.

Las FARC, por su parte, habían planteado la posibilidad de convertirse en partido político e iniciar un proceso de desmovilización. De hecho, dos de sus comandantes fueron elegidos a cargos públicos. Iván Márquez y Braulio Herrera llegaron al Senado en 1986. Debido a la masacre que se estaba cometiendo contra la UP, el recién fundado partido por el que fueron electos y la falta de garantías para sus vidas, dejaron su cargo y regresaron a las filas de la guerrilla.

Los acuerdos por la solución política del conflicto entre el gobierno de Betancur y las guerrillas fueron saboteados por agentes poderosos dentro del Estado que contaban con un aliado estratégico como el paramilitarismo, que irrumpe con fuerza en la década del 80, ligado al narcotráfico, aunque no exclusivamente, causando el exterminio de la UP y las organizaciones populares que creyeron y apostaron por la apertura democrática.

La toma violenta del Palacio de Justicia por un comando armado del M-19 el 6 de noviembre de 1985 y la retoma desproporcionada y violenta de las fuerzas armadas del Estado puso fin a cualquier posibilidad de solución incruenta al conflicto armado. Con el asesinato del candidato presidencial de la UP, Jaime Pardo Leal en 1986, y cientos de sus activistas y simpatizantes, el país fue relanzado a una violencia política sin precedentes que se intensificaría en las décadas siguientes.

Los diálogos de paz de La Habana pasan por uno de los momentos más sensibles. La amenaza de que los acuerdos que se firmen no se cumplan (la implementación, verificación y refrendación, punto 6 de la agenda) es uno de los principales temores que sienten quienes hoy están sentados en la mesa de diálogos de La Habana, ya que uno de los objetivos primordiales de la guerrilla es poder participar en la vida política de forma legal y con garantía de no ser eliminados. De ahí la importancia de que los diálogos culminen en la firma del acuerdo del fin del conflicto, y el cumplimiento de lo acordado sea una realidad tangible, algo que debe llevarnos a la reflexión a todos en esta sociedad. Si es el Estado el que acuerda la solución vía el diálogo, por mandato ciudadano, es deber de todos vigilar y exigir que los acuerdos se cumplan, ya que las consecuencias de una ruptura del proceso esta vez, serían incalculables en lo político, social, cultural para el país y las futuras generaciones.

Por eso debe haber una preparación y disposición de la sociedad para asumir esta nueva realidad política a la que nos vamos a enfrentar. Este es el reto más grande que tenemos hoy. Crear las condiciones para el paso de las insurgencias a la vida política y pública, en condiciones de igualdad. De lo contrario, estaríamos frente a una nueva espiral de violencia que no quisiera imaginar.

Así suene utópico decirlo, yo quiero que Iván Márquez sea presidente.