El pasado 20 de agosto, al cumplirse los 30 días del cese unilateral de fuegos, decretado por la insurgencia, el Estado Mayor Central de las FARC-EP decidió prorrogarlo de manera indefinida, a pesar de los ataques de la Fuerza Pública y de los bombardeos de la FAC a los campamentos guerrilleros. Pocos días antes, el comandante Timoleón Jiménez en carta abierta con el título de “Serias perturbaciones se ciernen sobre la paz”, denunció que hubo bombardeos y ataques militares contra las unidades de las FARC-EP: “(…) después de la suspensión ordenada por el Presidente Santos, nos han bombardeado el 27 de julio en la vereda Huitoto, bocana del Caño Puntilla, municipio de Puerto Guzmán, Putumayo, y el día 4 de agosto en la vereda Dios Peña del municipio de San Miguel, también en el Putumayo, para no hablar de una serie de provocaciones por tierra contra nuestras unidades en distintas regiones del país. A diferencia nuestra el gobierno incumple una vez más su palabra. ¿Qué busca?”.

Como siempre suele hacerlo, el presidente recibió con frialdad la decisión humanitaria y trascendental, mientras que los analistas y estudiosos del tema aseguraban que desde hace cuarenta años no se conocía un mes de tanta tranquilidad como agosto del presente año en lo que respecta al conflicto interno.

Pero la Mesa de Diálogo va bien. Como nunca se ha llegado tan lejos al decir de los propios voceros del Gobierno. Para Timoleón, “si consideramos además los acuerdos parciales alcanzados previamente sobre los puntos 1, 2 y 4 de la Agenda, podemos aseverar, con franco optimismo, que la Mesa de Conversaciones de La Habana está cumpliendo, de modo más que satisfactorio, con el propósito que se persiguió cuando las dos partes convinieron instalarla. Que se hubiera podido avanzar aún más, según el criterio fácil de la impaciencia, no resta la menor importancia a lo efectivamente logrado”.

Dificultades del proceso

Aunque no quiere decir que no queden varios problemas por resolver. Para las FARC-EP, en las célebres “Perturbaciones” de Timoleón, el Gobierno ignora las “salvedades que están pendientes, es como si no existieran”; desconoce los acuerdos parciales, el Gobierno Nacional habla y actúa como si no estuvieran en el refrigerador, lo cual resulta preocupante; es más, va en contravía de ellos como el Plan Nacional de Desarrollo, el fuero militar de impunidad y el Código Nacional de Policía; la negativa a cualquier tipo de armisticio o de cese bilateral de fuegos; el Gobierno sigue fortaleciendo el aparato bélico del Estado y continúa preparándose para la guerra de gran escala; la negativa a reconocer el carácter político de la insurgencia y la bilateralidad de los diálogos; los inamovibles de que no se pueden discutir ni el modelo económico, ni el carácter de las Fuerzas Militares, entre otros; y la judicialización de la lucha social y popular.

Mientras avanza la ronda 40, en Colombia continúa la persecución contra el Partido Comunista, la Unión Patriótica y Marcha Patriótica y las redadas en las zonas agrarias. Como en los viejos tiempos de represión y del terrorismo de Estado. Al tiempo los voceros gubernamentales se niegan a reconocer la existencia del paramilitarismo y de sus crímenes, apoyados por la Fuerza Pública, ganaderos, empresarios y políticos tradicionales. ¡Así no se construye paz!

Previo a la Ronda 40 la Delegación de Paz de las FARC-EP se reunió con delegados del Frente Amplio y otras organizaciones, con el Subsecretario General para Asuntos Políticos de la ONU, Miroslav Jenca, monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Nel Beltrán Santamaría, obispo de Sincelejo y el padre Darío Echeverri de la Comisión de Conciliación Nacional y el ex fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo.

¿Comisión Legislativa o ANC?

En la víspera de la nueva ronda de conversaciones, el presidente Santos, como suele hacerlo, lanzó al aire sin mayor desarrollo la propuesta de un Congresito para refrendar los acuerdos. El debate se abrió con beligerancia y los parlamentarios arremetieron contra él, el más suave fue el presidente del senado Luis Fernando Velasco, quien dijo que era una especie de “golpe de estado contra el Congreso”.

Luego, en la medida que el Gobierno ofreció la zanahoria bajó el tono del debate y el Congreso, que poco o nada ha hecho por los diálogos, resolvió entrar a negociar fórmulas para ser protagonista de lo que no han querido respaldar. Si algo ha sido notorio es que los partidos de la Unidad Nacional, salvo unos pocos congresistas, no han querido rodear de apoyo al mandatario en su principal bandera, más bien lo han dejado solo al vaivén de sus debilidades y concesiones al alto mando militar y a la extrema derecha uribista.

El Gobierno Nacional y los voceros de los partidos oficialistas llegaron a un principio de acuerdo con el compromiso de tramitar una reforma constitucional para crear una comisión legislativa especial para desarrollar los acuerdos de La Habana. Todos salieron muy contentos y alegres de la Casa de Nariño. Solo que se les olvidó una cosa, un pequeño detalle, un simple trámite que es definitivo: debe discutirse con la contraparte y ser aprobado en la mesa de diálogo. De lo contrario no tendrá ninguna validez para la guerrilla, como no lo tienen el referendo y la justicia transicional, impuestos por el Gobierno sin consultar a la otra parte. Todo el mundo sabe que la propuesta de las FARC-EP es la Asamblea Nacional Constituyente, que abordaría la refrendación de lo aprobado, la decisión sobre los desacuerdos y podría profundizar en otras reformas fundamentales que el Gobierno se niega a debatir.

El debate sobre la justicia

Para las FARC-EP es incomprensible que mientras el fiscal Eduardo Montealegre desempolva procesos contra los miembros del Secretariado para enredar más el acuerdo sobre el tema de la justicia, no avance un ápice en las investigaciones sobre los 69 defensores de derechos humanos, líderes políticos y sociales, asesinados en los primeros meses del presente año, 25 más que sufrieron atentados, 334 que fueron amenazados y 4 detenidos arbitrariamente. Lo anterior, demuestra, para los voceros guerrilleros, “la existencia de una política sistemática dirigida a perseguir, encarcelar y silenciar a los dirigentes sociales, líderes de movimientos alternativos y defensores de los derechos de todos los colombianos”.

Otro tema que se coloca en el centro de la discusión es el de los 9.000 presos políticos, detenidos de conciencia, que deben ser liberados antes de la firma del acuerdo. “Una Colombia en paz con democracia, presupone terminar con semejante aberración. Un buen comienzo sería aliviar el terrible hacinamiento y las condiciones de reclusión, organizando patios especiales para los prisioneros políticos y de guerra”, dicen las FARC-EP. Es lo que ignoran los académicos criollos y del exterior que se autodenominan con pedantería “colombianólogos” y que creen saberlas todas. Pontifican de lo divino y lo humano. Reducen la solución a que las FARC-EP “respondan a las víctimas y se vayan a la cárcel” mientras que de los crímenes de Estado y de sus cómplices no dicen nada, estos quedan en la impunidad. Es el sesgo histórico que colocan, una trampa a la realidad del conflicto y el saboteo a la paz, porque en últimas bajo esos criterios será difícil el acuerdo.

Periodistas y analistas de la derecha condicionan todo a que los jefes de las FARC-EP se vayan a la cárcel. No entienden qué es la justicia restaurativa y menos aún que se trata de un problema político más que jurídico. A la cabeza de los primeros están las ine­fables María Isabel Rueda y Salud Hernández Mora, que tienen sus pecados que no confiesan.

En estas condiciones falta mucha tela por cortar, aunque si hay la voluntad de ambas partes se podrá llegar a los acuerdos cruciales de justicia, dejación de armas, cese bilateral de fuegos, mecanismo de refrendación, siempre y cuando el Gobierno entienda que son decisiones bilaterales de acuerdos de consenso.