Agencia Prensa Rural
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

Testimonios de prisioneras políticas
Somos más de 7.200 los presos políticos
Peace and Justice for Colombia / Lunes 19 de enero de 2009 / English
 

Los prisioneros políticos, un término que muchos colombianos nos acostumbramos a escuchar, pero
que muy pocos reconocen y muchos condenan al olvido. Los prisioneros políticos, aquellos compatriotas
que por pensar diferente fueron excluidos y recluidos en cárceles por representar un supuesto peligro
para la sociedad.

Prisioneros políticos, “los rebeldes”, los terroristas, esos son los calificativos con los que el estado
colombiano ha bautizado a personas de todos los sectores y clases sociales que se atrevieron a pensarse
un país diferente.

Desde hace años hemos visto cómo diferentes sectores de la sociedad han sido perseguidos con
diferentes excusas: lucha contra el comunismo, contra el narcotráfico y ahora contra el terrorismo;
primero fuimos testigos de la persecución y muerte de un partido político entero, nuestra UP, luego
vinieron los campesinos que por vivir en zonas de influencia insurgente, el estado llamo
“colaboradores”, después serian los luchadores sociales, indígenas, líderes comunales… y, cómo no,
estudiantes y profesores sobre todo de universidades públicas (típico de los regímenes más fascistas), todo esto evidenciado en los últimos días con las masivas órdenes de captura y peticiones descaradas
para obtener información de estudiantes y profesores.

Presentamos algunos testimonios de las prisioneras políticas recluidas en el Reclusorio
Nacional de Mujeres en Bogotá.


Blanca Nora Bastidas Carvajal

Testimonio recogido por Liliany Obando, prisionera política

Yo, Blanca Nora Bastidas Carvajal, soy una mujer de origen campesino. Mis padres de origen nariñense,
como muchas familias pobres migraron al Putumayo, donde como colonos empezaron a romper selva y
hacer su fundo y buscar mejores condiciones de vida. Allí llegue muy pequeña con mis padres y les
ayudaba en el trabajo de la finca.

Recuerdo que sembrábamos tomate, fríjol, maní, plátano, yuca, maíz, arroz, y criábamos gallinas y
marranos, todo para el consumo de la familia. Se vendía lo poco que se podía comercializar, el maíz y el
arroz.

La mayor parte de mi vida he estado en el Putumayo, allí conocí al padre de mis dos hijas y con él también nos dedicábamos al trabajo de la agricultura. Cuando me separé quede a cargo de mis dos hijas
como madre cabeza de familia y también asumí el cuidado de mis tres nietecitos, ya que mi hija quedó
viuda a sus 19 años. Yo me fui a vivir al caserío de Piñuña Negro y empecé a trabajar en salones de
belleza hasta que pude poner el mío propio, del cual procedían los ingresos con los cuales he sostenido a
mis hijas y mis nietas. Estando en Piñuña Negro tomé cursos de enfermería en el puesto de salud y por
decisión de los presidentes, en representación de las 15 veredas de Piñuña Negro, fui elegida miembro del
Comité de Salud Regional.

Desafortunadamente, por vivir en regiones en las que existe presencia de las guerrillas, los habitantes
que allí vivimos somos permanentemente hostigados por la Fuerza Pública y vemos cómo se cometen
atropellos a nuestros derechos sin distingo de sexo o edad.

Yo he sido victima de dos encarcelamientos injustos y por el mismo supuesto delito: “rebelión”. En la
primera oportunidad, el 24 de abril de 2006, agentes de la Policía llegaron hasta el salón de belleza de mi
propiedad y con órdenes de allanamiento y de captura. Me dijeron que estaba vinculada a un proceso por
una toma de la guerrilla en Teteyé, cuando yo ni siquiera conozco ese lugar. Junto conmigo detuvieron a
un profesor. Meses atrás se habían llevado a unos 14 habitantes de Piñuña Negro, entre ellos tres mujeres,
dentro del mismo proceso. Al profesor y a mí nos llevaron en un guardacosta hasta Puerto Ospina.
Allí quienes nos detuvieron nos trasladaron a un barco de la Infantería de Marina. Al día siguiente fuimos
transportados en un helicóptero del Ejército a Puerto Asís. En el aeropuerto nos esperaba un carro de la
Policía que nos condujo hasta la estación de Policía. Nuestras familias, vecinos y representantes de la
junta de acción comunal de Piñuña llamaban a la estación para preguntar sobre nuestro paradero, pero
los policías les respondían que no tenían conocimiento de nosotros. Entonces los vecinos y familiares
llamaron pidiendo ayuda a la Cruz Roja y a organizaciones de derechos humanos. Sólo entonces de la
estación de Policía reconocieron que nosotros estábamos detenidos allí. A mí me tuvieron todo el día en
una pequeña celda esposada a los barrotes de una ventana y ni siquiera para ir al baño me soltaban las
esposas.

El 26 de abril fuimos trasladados a la cárcel de Puerto Asís, que entonces era una cárcel mixta.
En ese momento nos llevaron a indagatoria donde nos leyeron los cargos. A mí me acusaban del
homicidio de dos soldados que habían muerto en la toma de Teteyé. Sólo al escuchar semejante cargo yo
sentía que se me hundía el piso y no pude dejar de llorar sobre el escritorio durante largo rato. Quienes
nos acusaban eran dos testigos sin rostro, Norbey Osorio y Neider Damián, recuerdo que eran sus nombres.

Después de esa audiencia a las mujeres que estábamos en la cárcel mixta nos pasaron a la nueva cárcel o
pabellón para mujeres donde tocaba pagar para conseguir una celda.

Luego los dos testigos que nos acusaban no volvieron a comparecer y a los siete días de la captura fuimos
absueltos y recuperamos nuestra libertad. Entonces volví al caserío y continúe trabajando en mi
peluquería.

En el 2007 seguía siendo miembro del Comité de Salud y también era afiliada a la Asociación
Campesina del Putumayo, que es filial de Fensuagro.

El 24 de febrero de 2008, agentes del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) llegaron al
caserío de Piñuña Negro y empezaron a llevar a la gente del pueblo y de las veredas al polideportivo.
Allí concentraron a más de 200 personas, hicieron una fila de mujeres y otra de hombres y después de
pedir la cédula empezaban a detener a algunos de los allí presentes. A mí me detuvieron cerca de mi
casa, iba con mi nietecita. Los agentes del DAS nunca se identificaron ni tampoco presentaron orden
para allanar mi casa. Después me dijeron que como tenía antecedentes, por la anterior detención de la
que salí absuelta, quedaba nuevamente detenida y nos llevaron a todos los que detuvieron ese día a un
barco de Infantería de Marina. En una cabina estábamos las dos mujeres que detuvieron ese día y en la otra
los 12 hombres. Durante tres días nos tuvieron ahí y durmiendo en colchonetas en el piso. La comida nos
la enviaban los vecinos del caserío. Después nos trasladaron a Puerto Asís (Putumayo). Todos los
detenidos somos campesinos y la mayoría somos afiliados a la Asociación Campesina del Putumayo (Ascap), filial de Fensuagro.

Nos tuvieron en el batallón de Puerto Asís. Allí nos tuvieron dos días incomunicados. Luego nos
trasladaron a la Policía. Estando ahí, unos abogados nos sacaron por hábeas corpus. Quedamos libres
como a las 11 de la noche. Yo me fui a una casa en el pueblo junto con otra de las detenidas conmigo,
Epifania Quiñónez. Siendo las dos de la mañana siguiente llegaron a golpear a esa casa unos hombres
vestidos de civil a detenernos nuevamente. Dijeron que eran de la Policía. Nos llevaron para la estación
de Policía a mí y a Epifania y al día siguiente nos llevaron al aeropuerto y en un Hércules del Ejército
nos trasladaron para Bogotá. No nos explicaron por qué. Nos llevaron así sin ropa ni nada. Los que nos
acusan dicen que soy enfermera de la guerrilla, sólo porque pertenezco al Comité Regional de Salud de
Piñuña Negro.

En Bogotá nos tuvieron en las instalaciones del DAS durante unos siete días. Sólo nos permitían una hora
de sol. Luego fuimos trasladados: las mujeres a la reclusión de mujeres Buen Pastor y los hombres a la
cárcel La Picota.

Quiero denunciar cómo el ejército y los órganos de justicia hacen pasar a las personas civiles para que se
hagan pasar como guerrilleros desertores, quienes luego son los que declaran en contra de la población,
como nos pasó a nosotras.

Nosotros conocíamos como finqueros de la localidad al señor Polo y su hermano Edwin Murcia. Todo el
pueblo los distinguió a ellos, a sus padres, a sus hermanos que son quienes haciéndose pasar como
guerrilleros desertores nos acusaron.

Yo me pregunto: ¿en dónde esta la seriedad de los fiscales y jueces? ¿Por qué no investigan primero?

Igual es el caso del hijo de los señores Alfonso Lizcano y Teresa Leiva, quien aparece entregándose
como guerrillero cuando todos lo conocimos como un muchacho del pueblo. Ese es el resultado de
llamadas redes de informantes, de las tales recompensas, “los falsos positivos”.

Este 24 de noviembre de 2008 cumplí nueve meses desde el momento de mi detención, nueve meses como
sindicada sin que se haya resuelto mi situación jurídica, nueve meses desde cuando fui violentamente
separada de mis hijas y mis nietecitos. No puede estar en el nacimiento de la última de mis nietas y hoy
sufro aquí pensando en que ellas quedaron desamparadas.

Ni siquiera se me ha permitido el acercamiento familiar trasladándome a una cárcel más cerca a donde
viven mis hijas.

En estos nueve meses, por nuestra situación de pobreza y la larga distancia, no he podido recibir la visita de
mis hijas. Sólo en una oportunidad mi hija de 16 años vino a verme y por traer documento original no pudo entrar al patio. Sólo nos permitieron una entrevista de 25 minutos, después de soportar el trato
humillante al que nos sometió la guardia de turno que ni siquiera quería permitirnos que nos diéramos
un abrazo.

En mi caso, estoy a la espera de que, por lo menos, mientras se resuelve mi situación jurídica, se me dé la
detención domiciliaria para por lo menos estar cerca y cuidar a mis niñas y mis nietecitas.

Después de toda la persecución de que he sido victima temo por la seguridad mía si vuelvo al pueblo y
la de mis hijas a quienes no he podido sacar de allí por falta de recursos.

Esperamos que las senadoras comprometidas con la lucha por los derechos de nosotras las mujeres
puedan hacer leyes que en el caso de nosotras las presas políticas y también sociales, tengan en
consideración nuestra condición de madres cabeza de familia y se nos otorgue la detención domiciliaria,
bien sea mientras resolvemos nuestra situación jurídica o para pagar nuestras condenas. No hacerlo sólo viola nuestros derechos como madres y los de nuestros hijos.

También esperamos que el día de hoy, el país se entere que somos más de 7.200 los presos políticos que
estamos en las cárceles por trabajar organizadamente en nuestras comunidades, por denunciar los
atropellos a los que nos somete la Fuerza Pública, por pensar distinto o por el solo hecho de vivir en
zonas de conflicto.

Paola Ramírez

Mi nombre es Paola Ramírez, soy estudiante del tercer semestre de Ciencia Política en la Universidad
Nacional de Colombia. Hasta hace tres semanas ejercía como docente en un colegio de validación para
adultos y junto a mi compañero trabajaba en un negocio de internet.

El 4 de noviembre de este año fui capturada con mi compañero Andrés Reyes, (líder comunal y técnico
en sistemas) por el delito de rebelión, tras un armado montaje que ubica nuestros nombres en un
supuesto PC de un líder de las FARC.

A pesar de no tener pruebas suficientes y ningún tipo de antecedente penal, el fiscal argumentó en
nuestra audiencia que no éramos aptos para vivir en sociedad, que éramos peligrosos y que no
merecíamos acceder a aquellos beneficios que tanto paramilitares, asesinos, ladrones, narcotraficantes…
acceden con una facilidad increíble.

¿El peligro que representamos será por estudiar, enseñar, o, peor, por ayudar a nuestra comunidad? No, el
peligro que representamos es pertenecer a la oposición, estudiar, leer los “libros prohibidos”.

Es necesario, mejor dicho urgente que el conjunto de la sociedad colombiana se entere y se conciencie
de esta situación, que cada uno piense que puede ser el próximo y que es urgente que acabemos con esta
cacería de brujas para que nazca por fin un país en donde quepamos todos.

Gloria Yaneth Calvache Vargas

26 Nov. 2008- Bogotá DC RNM “Buen Pastor”.

Mi nombre es Gloria Yaneth Calvache Vargas. Fui capturada el 10 de febrero del 2004 a las dos de la
mañana en Peñas Coloradas, El Caguán, con 16 personas más, incluidos niños y menores de edad,
trabajadores y una señora enferma de 50 años. También la guerrillera Anayibe Rojas Valderrama “Sonia”
y otros cuatro guerrilleros. Estas personas armadas se encontraban allí en nuestra finca porque llegaron a
pedir posada en altas horas de la noche.

La captura fue arbitraria, porque nos trataron como guerrilleros y nos sacaron semidesnudos, nos tiraron
al suelo, nos esposaron y nos colocaron el pie en la espalda. Nos llevaron al batallón de Florencia (Caquetá) en helicóptero. Allí nos ultrajaron psicológicamente diciendo que si no colaborábamos nos iban a
matar. Empecé a exigir mis derechos y el trato adecuado para la señora enferma y me llevaron a un baño
desastroso y me decían que si no me callaba me llevarían a otro peor. Nos trasladaron al Búnker en la
ciudad de Bogotá. El trato cambió mucho. Sólo hubo una cosa que me desagradó. Fue la visita de la DEA. Eran gringos y una señora traducía lo que ellos nos decían: que colaboráramos, y como no dijimos lo
que ellos querían escuchar, a un muchacho le pegaron una patada y lo insultaron. En la finca incautaron
base de coca, la cual le habían dado a guardar a mi esposo. Prácticamente en esta zona la gente vivía de
esto y eso el Gobierno lo sabia. Yo no sabia que eso estaba allí, pues el día antes apenas había llegado de
viajar. El caso es que a mi esposo lo condenaron a ocho años por ese delito. Yo estuve detenida dos años y cuatro
meses y durante este tiempo que estuve detenida mi familia sufrió una persecución intensa. Ellos vivían
en Gigante (Huila). Los paramilitares los amenazaron diciendo que eran auxiliadores de la guerrilla y que
ellos tenían información que una hermana estaba detenida por ser la esposa del hermano de “Sonia”.

Mi madre y mis hermanos salieron desplazados con mis hermanitos pequeños, mi hija en ese entonces
contaba 6 añitos. También la familia de mi tía. Sin plata y con unas cuantas piezas de ropa, no
tenían para pagar el hotel. Los niños perdieron el año de educación. Mis hermanos desesperados
viajaron a Chaparral (Tolima) con unos supuestos amigos y fueron desaparecidos (mis dos hermanos, la
esposa de uno de ellos y el esposo de una tía, fueron cuatro los desaparecidos). Mi madre colocó la denuncia
en la Fiscalía y hasta el momento no hemos tenido ninguna información. Hemos escuchado por otros informaciones de que a ellos los asesinaron, pero no nos han entregado cuerpos ni nada referente al caso.

En ese entonces me sentía tan impotente y no sabía qué hacer. Le comenté a la directora de la reclusión. En ese momento era la doctora Yeny Morantes, ella se preocupó mucho y llamó a Derechos Humanos.

Les comenté el caso que por favor me colaboraran para recuperar los cuerpos por medio de la Cruz Roja o
por otra entidad. Pero no hicieron nada. Esto sucedió hace tres años. Mi madre y mi tía y también la esposa
de uno de mis hermanos que estaba embarazada quedaron solas sin apoyo alguno y con menores bajo su
responsabilidad. Esta ciudad les quedó muy pesada y regresaron al Huila, claro está que a otra ciudad
porque a Gigante no pueden volver. Estando detenida tuve unas visitas, en dos ocasiones de un capitán
del Ejército y otra persona que no se qué rango tenía en el Ejército y me dijeron que declarara en contra
de “Sonia”, que si lo hacía venia un fiscal de Estados Unidos a supervisar directamente mi declaración,
que me sacaban de la cárcel y me llevaban con toda mi familia a EU a vivir y me daban plata para
vivir súper bien. Que lo que pasaba era que no tenían pruebas para condenar a “Sonia”, pero si yo
declaraba en contra de ella era una prueba contundente por ser la cuñada y así la condenaban a la
máxima pena. Yo les respondí que no podía hacer eso porque nunca vi a “Sonia” en esos hechos que
ellos me decían que dijera (que compraba coca y se reunía con narcos en mi casa).

Eso era lo que ellos me pedían que dijera y yo nunca vi tal cosa. Me parece que son estrategias muy
bajas del Gobierno.

Salí por términos vencidos y en agosto del 2006 por evitar un juicio, ya que me encontraba embarazada, decidí aceptar cargos. A mi esposo le dieron prisión domiciliaria. Pasamos una situación económica muy
pesada. Luego capturaron a mi esposo el 19 de agosto del 2008 porque le abrieron otro proceso, dizque
porque él es el remplazo de “Sonia” su hermana, le hicieron un montaje porque la realidad es otra, no
teníamos ni para pagar el arriendo ni para pañales de nuestra bebé. El general Naranjo dijo en rueda de
prensa “noticias”: Que mi esposo enviaba cargamento de droga a otros países y que tenía bodegas y
bienes, y si eso fuera así tendríamos dinero al menos para el abogado, pero ni para nuestros hijos
tenemos. El 15 de octubre del 2008 me capturaron aquí en Bogotá, pero el DAS no tenia la orden de
captura.

En la estación de Paloquemao no me recibieron porque era ilegal mi captura. En el
momento que me capturaron no me trataron mal, pero cuando me llevaban para el DAS en la camioneta
me dijeron guerrillera y me agredieron verbalmente. Estuve dos noches y un día en el DAS de
Cundinamarca. Solicité la domiciliaria porque a mi madre le queda muy difícil hacerse cargo de mis
hijas porque tiene a su cargo dos menores más y no cuenta con el apoyo de nadie, no tenemos vivienda
propia y ella tiene que trabajar para subsistir con mis hermanitos y mis hijas. Me negaron la prisión
domiciliaria porque según el juez tengo tres hijas, una mayor de edad y dos menores, también se me niega
por expresa prohibición legal. La verdad no entiendo mucho de estas cosas, pero creo que tengo derecho
de estar con mis hijas y no sé el juez de dónde saca que tengo una hija mayor de edad, las dos hijas que
tengo son de 2 y 10 años de edad. Desesperada solicité al Inpec que me permitieran traer a mi bebé de
dos años al centro de reclusión para que conviva conmigo y poder brindarle el amor y atención que ella
necesita, ya que varias compañeras tienen a sus bebés con ellas en este lugar, pero no aceptaron diciendo
que cancelaron el contrato del Instituto de Bienestar Familiar. Les lloré, les supliqué, les imploré a la
directora y a la subdirectora, pero todo fue en vano. Estoy luchando para que en la apelación el juez
reconsidere y me dé ese beneficio de la prisión domiciliaria. La verdad lo necesito tanto por mis hijas y
mi madre. Mi hija de 10 años está muy afectada por todo esto, ¡pues son dos capturas de sus padres que
ha tenido que soportar en su corta vida! A cualquier niño de esta edad le afecta irremediablemente y el
único delito que he cometido ha sido enamorarme del hermano de una gran guerrillera. Si no hubiera
tenido la publicidad que le dieron a ella, tal vez no se hubieran inclinado tanto en nuestro proceso, pero
ésta ha influido demasiado. Me condenaron a 160 meses: 13 años. Me pregunto: ¿Dónde está la rebaja
por aceptar cargos y evitar un juicio y no seguir gastando el aparato jurisdiccional del Estado? Pienso
que este estado es injusto y no se respeta el derecho a la dignidad humana. ¿Por qué el hecho de que a
una persona las juzguen sin pruebas como “Sonia” y tras el hecho son incapaces de juzgarla aquí en
nuestra patria? ¿Y tengan la cobardía de valerse del país posesivo de EU para condenarla? Y lo más grave sin pruebas y vulnerar sus derechos como persona, como mujer y como madre. ¿Por qué ahora se
tienen que valer de un vil montaje contra el hermano de ella, sin pruebas sólo porque le pagan a gente
corrupta sin moral para que declare en contra de la persona inocente para poder extraditar y condenar.

Los prisioneros políticos también tenemos derechos de estar con nuestros hijos y que el Estado nos tenga
en cuenta para poder ejercer nuestra dignidad con respeto y humanidad.

Gracias por escucharme.