El Comité de y para los derechos humanos de San José de Apartadó denuncia los actos de hostigamiento, amedrentamiento, violación a los espacios de deliberación comunitaria y en suma, actos de guerra psicológica dirigida contra la comunidad campesina de San José de Apartadó por parte del Ejército Nacional a través de altos oficiales adscritos al Batallón Voltígeros de la XVII Brigada. Así mismo se denuncia la violación a los derechos fundamentales a la integridad física, la salud y la vida de los líderes comunitarios Jesús Arley Cartagena y Laura Cataño Serna quienes fueron detenidos el pasado 22 de diciembre y recluidos en las cárceles de Pedregal y Bellavista de la ciudad de Medellín infrigiendo los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

El pasado domingo 3 de enero de 2016 se llevó a cabo la reunión de la Junta de Acción Comunal del casco poblado del corregimiento de San José de Apartadó en el salón comunal, para deliberar y tomar decisiones sobre asuntos propios de la comunidad, la reunión se terminó a las 5:00 pm. Horas después, a las 10: 30 pm aproximadamente, el presidente encargado de la Junta fue abordado en su lugar de trabajo por el teniente Amariles de la base militar del Batallón Voltigeros de la XVII Brigada del Ejército Nacional acantonada en el casco poblado del corregimiento. El militar instó al líder comunitario para que trabajara con el Ejército como informante. Así mismo le manifestó que “ahora que Arley y Laura están en prisión sí vamos a poder trabajar con la Junta de Acción Comunal y ahora sí se van a venir los proyectos para este pueblo”, le dijo que esas órdenes venían desde afuera, de altas instancias y le relató todo lo tratado en la reunión que se había llevado a cabo horas antes, dándole a conocer que ellos se enteraban de todo lo que se hablaba en las reuniones de la comunidad. El líder fue fotografiado junto a otros soldados y le ofrecieron mercados y plásticos para la comunidad, ofertas que este rechazó.

Al día siguiente, el lunes 4 de enero, cerca de las 11:00 pm se paseó por las calles del casco poblado una camioneta blanca de alta gama con vidrios polarizados que al parecer transportaba personal militar y en la parte externa trasera llevaba a un individuo que tenía el rostro tapado con un pasamontañas.

Poco después llegaron cuatro individuos, presuntamente militares que cubrían sus rostros con pasamontañas, hasta la casa de la suegra del presidente de la Junta de Acción Comunal y le dijeron a la señora que le comunicara al líder “que dejara de ´mariquiar´ con eso de la Junta de Acción Comunal si no quería perder a su familia”. Estos hechos generaron temor en el presidente de la Junta quien manifestó su intención de abandonar el pueblo junto con su familia. Igualmente atemorizados se encuentra los pobladores quienes recuerdan con terror las masacres de los años 90´s cuando sujetos vestidos de militares y encapuchados incursionaban en este tipo de vehículos para cometer asesinatos y desapariciones.

Actualmente el casco poblado permanece militarizado con exagerada presencia de hombres que ostentan armamento de alto calibre. El 5 de enero se llevó a cabo una operación militar comandada por el Coronel Germán Rojas Díaz, desde las 4:00 hasta las 7:30 pm, en la que una gran cantidad de personal militar motorizado portando armas de largo alcance y dos camionetas llenas de soldados hicieron ronda durante ese lapso de tiempo por todo el caserío. Mientras tanto varios soldados corrieron de un lado para otro y entraron a algunas viviendas, otros repartieron dulces a los niños y otros fotografiaron a las personas que se encontraran en la calle, otros apostados en los caminos que de las veredas (poblados rurales) conducen al casco poblado tomaron fotografías de todas las personas que venían del campo hacia el pueblo. El temor que todo este despliegue de guerra generó en la población, hace prever un posible desplazamiento forzado por cuenta del Ejército Nacional poniendo en riesgo el tejido social y organizativo de la comunidad.

Como ya se había denunciado, el pasado 22 de diciembre de 2015 fueron detenidos y procesados Jesús Arley Cartagena, coordinador del Comité de Derechos Humanos y líder reconocido de la comunidad campesina del corregimiento de San José de Apartadó, y Laura Rosa Cataño Serna, presidente de la Junta de Acción de Comunal del casco poblado del corregimiento y miembro de la Asociación Campesina de San José de Apartadó y del Comité de Derechos Humanos. El 24 de diciembre Laura fue recluida en el pabellón de mujeres del centro carcelario El Pedregal en Medellín. Laura tiene 55 años de edad y padece una afección cardiaca crónica por la cual ha tenido que ser en varias ocasiones intervenida quirúrgicamente y se le han prescrito medicamentos de consumo permanente y vitalicio sin los cuales su salud y su vida se pondrían en riesgo, desde la fecha de su captura no ha tomado sus medicamentos ya que no ha sido posible conseguir la autorización para ingresarlos, la señora Laura requiere además de una dieta especial sin azúcares, ni harinas, ni frituras, dieta que por las condiciones de la cárcel no le han podido garantizar.

Por su parte Arley Cartagena fue recluido en la Cárcel Nacional de Bellavista en Medellín desde el 28 de diciembre de 2015, antes de su detención venía padeciendo un posible cuadro de tuberculosis y tenía programado un examen médico para confirmar o descartar el diagnóstico, desde su llegada al centro carcelario se encuentra en el área de sanidad, durmiendo en el suelo, y sin ser atendido por personal médico, ocasionando que se le empeoren los síntomas y poniendo en riesgo su vida y la de los demás internos pues de diagnosticarse esta grave enfermedad podría presentarse una epidemia debido a su alto grado de contagio.

Por todo lo anterior se responsabiliza, de presentarse cualquier situación que ponga en riesgo la integridad física y moral de los habitantes de San José de Apartadó o situaciones de desplazamiento forzado individual o colectivo, al Estado colombiano representado por la Fuerza Pública, Ejército Nacional de Colombia. Así mismo, teniendo en cuenta que desde el momento de la privación de la libertad de cualquier ciudadano, la garantía de sus derechos corre por cuenta directa del Estado, se responsabiliza entonces a este ente por la integridad física, la salud y la vida de Arley Cartagena y Laura Cataño, originadas por la negligencia en la atención médica que requieren.

El Comité de Derechos Humanos se responsabiliza ante la opinión pública nacional e internacional de develar el montaje judicial del que han sido víctimas los líderes capturados, demostrando su inocencia frente a los cargos que se les imputa.

Se exige, con base en los hechos anteriormente narrados, al Estado colombiano, en cabeza de la Presidencia de la República en su calidad de máxima instancia militar, que cese de una vez el irrespeto a los espacios de deliberación civil y comunitaria y se garantice el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y de expresión coartados por la intromisión de su fuerza armada. Que ordene así mismo a sus tropas la cesación inmediata de los hostigamientos y constreñimientos para obligar a los líderes y personas civiles a participar de la guerra y que termine la persecución contra los defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y miembros de la comunidad campesina del corregimiento de San José de Apartadó. Que se ordene la investigación y se adelanten los procedimientos internos de orden disciplinario contra el Teniente Amariles del Batallón Voltígeros de la XVII Brigada y demás infractores de los hechos denunciados.

Asimismo se exige que se emita una orden a través del Ministerio del Interior y Justicia a las autoridades carcelarias para que se garantice la integridad, salud y vida de los líderes comunitarios Laura Rosa Cataño Serna Y Jesús Arley Cartagena, prestando la atención médica urgente, oportuna e integral que requieren.

Se exige también a las entidades de control público: Defensoría del Pueblo, Personería, Procuraduría y Fiscalía General de la nación, que se inicien sin dilaciones y con garantía de imparcialidad las investigaciones, procedimientos y sanciones de orden disciplinario y penal contra los funcionarios públicos responsables de las graves violaciones contra los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario y que se activen de manera inmediata los mecanismos y protocolos de verificación y protección de derechos fundamentales de las personas, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos de la comunidad campesina de San José de Apartadó.

Por último se hace un llamado a las organizaciones sociales para que se identifiquen con la causa de la defensa de los derechos humanos, que tengan la sensibilidad de conmoverse ante el dolor ajeno, de indignarse ante el horror de la guerra y la injusticia sin importar la distancia, a que suscriban estas sentidas exigencias ante el Gobierno Nacional de Colombia teniendo en cuenta que son la conciencia de la humanidad y sólo esa conciencia puede detener el terror de los tiranos.