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USO condena amenazas del Gobierno a luchadores por la paz
Unión Sindical Obrera / Domingo 14 de febrero de 2016
 

La Unión Sindical Obrera de la industria del Petróleo conoció sobre una preocupante amenaza de judicialización emitida por el Gobierno Nacional a quienes se entrevisten en La Habana con la delegación de paz de las FARC.
La parte final de la amenaza señala:

“La autorización del Gobierno Nacional es la única garantía de que las personas que se reúnan con delegados de las FARC-EP lo hacen en el marco de la Mesa de Conversaciones y no con otros fines. Además los delegados de las FARC-EP, si bien tienen sus órdenes de captura suspendidas, aún se encuentran en la ilegalidad. Por lo tanto quienes se reúnan con los delegados de las FARC-EP sin autorización del Gobierno Nacional se exponen a ser objeto de investigaciones por parte de las autoridades judiciales competentes”.

Durante el gobierno de la seguridad democrática de Uribe Vélez el país sufrió la fatídica cacería de brujas, las judicializaciones generalizadas, el encarcelamiento y hasta los asesinatos contra cientos de personas que lideraban iniciativas de paz, entonces estaba prohibido -y se elevó al nivel de delito- hablar y proponer la paz.

El artículo 22 de la Constitución Política colombiana establece: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Desde comienzos del proceso de diálogo se ha impuesto abusivamente la arrogancia presidencial, al considerar que el Gobierno es el único dueño del proceso de paz y en consecuencia se ha aislado a la sociedad y sus expresiones organizadas de cualquier iniciativa y participación.

Es por lo menos torpe que en el actual estado del proceso de paz, cuando se comienza a hablar sobre los mecanismos de refrendación que deben convocar a todo el país, sea el Gobierno quien atraviese este escollo al proceso amenazando con abrir procesos sumarios a los impulsores de la paz.

Se hace un llamado al Gobierno para cesar sus salidas autoritarias, esa actitud tiene a los colombianos en esta confrontación y a eso se quiere renunciar. El país debe superar esta etapa de terror institucional, de amenazas y de persecución. La paz debe dejar de ser un delito y convertirse en una esperanza nacional de democracia y reconciliación.