El Estado confesional fue superado en Colombia, pero el procurador nos quiere devolver a éste. La guerra hay que superarla en Colombia, pero el procurador y el Centro Democrático quieren mantenernos en ésta. El carácter libertario y democrático de la Constitución Colombiana, aunque refractaria de viejas aspiraciones conservadoras reaccionarias y debilitada por la contrarreforma que hizo de ésta la catapulta del modelo económico neoliberal, representa sin embargo un espíritu filosófico que sintetiza el ideal del Estado Social de Derecho; sin duda ese espíritu es contrario a la visión totalitaria, conservadora y reaccionaria que profesa quien hoy está investido como Procurador General.

La Constitución establece que el Procurador General de la Nación es el supremo director del Ministerio Público y tiene las funciones de vigilar el cumplimiento de la Constitución; proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad; defender los intereses de la sociedad y los intereses colectivos. Es maniquea y sesgada la postura del Procurador cuando usa su poder para defender a los miembros del Centro Democrático que son objeto de judicialización por parte de la Fiscalía, que ha procedido con pruebas concretas ante sus crímenes. La verdad es que quienes vienen siendo perseguidos, amenazados y asesinados son líderes sociales desprotegidos e indefensos, integrantes de la oposición real en Colombia, la que en medio de mil dificultades, señalamientos, persecución y represión construye un movimiento social para el cambio. Cuyos integrantes vienen siendo eliminados impunemente por el paramilitarismo, verdadera amenaza y obstáculo para alcanzar un acuerdo sobre el fin del conflicto armado. Si su defensa del derecho fundamental a la oposición política en Colombia es auténtica, entonces debería ordenar abrir investigaciones y procesos contra quienes vienen asesinando a los líderes sociales en Antioquia y en otras regiones del país.

Las decisiones del actual jefe del Ministerio Público evidencian una completa parcialidad e interés de anteponer sus convicciones ideológicas (caras a la Hermandad San Pio X o Sociedad lefevrista de Colombia por Tradición, Familia y Propiedad, organizaciones católicas dogmáticas que buscan por su intermedio volver a Colombia una república confesional) a la defensa de la Constitución. Los resientes asesinatos contra integrantes de los movimientos sociales en Colombia, esos sí configuran un contexto de permanentes violaciones al derecho fundamental a la oposición política.

El papel del Procurador, como el de los altos funcionarios del gobierno, si de verdad quisieran servir al interés supremo de la paz como mandato constitucional, tendría que ser uno de los principales abanderados de que en Colombia el fin del conflicto armado se materialice, para que se haga realidad su función de “vigilar el cumplimiento de la Constitución”. Su retórica de que quiere una paz sin impunidad sirve de bocina a los intereses más reaccionarios del mal llamado Centro Democrático, que se incendia ante la detención de Santiago Uribe, hermano del expresidente, quien fue acusado por la Fiscalía con pruebas contundentes por su participación en crímenes y por la conformación del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles, que perpetró masacres y asesinatos contra campesinos y pobladores del nordeste de Antioquia entre 1995 y 1998.

Monseñor Ordoñez ha utilizado su investidura para oponerse no sólo a los diálogos de paz de La Habana, su posición anticomunista es visceral, está ligada a su pasado. Siendo miembro de la Hermandad San Pio X o Sociedad Lefevrista de Colombia, participó activamente el 13 de mayo de 1985 de la quema colectiva de libros y revistas “impíos” frente a la Biblioteca Pública Municipal de Bucaramanga, exigiendo al bibliotecario entregar libros y revistas cuyo contenido, según los seguidores de Tradición, Familia y Propiedad (TFP), "podía perturbar las mentes juveniles". Durante su "acciones" como católico y anticomunista fue un prolífico defensor del paramilitarismo desde sus orígenes, a sabiendas que éste es uno de los principales obstáculos para el logro de una verdadera reconciliación: “No podemos desconocer que las auto-defensas se ajustan a las normas de la moral social, del derecho natural y de nuestra legislación positiva. Pensar lo contrario es, por decir poco, una absurda ingenuidad” declaró al diario Vanguardia, de Bucaramanga, en 1987.

Se opone radicalmente a la posible conexidad de un delito común a delito político a pesar de la sentencia de la Corte Constitucional y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que establecen tres criterios para determinar el delito político y sus conexos. La Constitución Política de 1991 establece que el tratamiento de delito político puede ser utilizado con cuatro finalidades distintas: conceder amnistías e indultos; prohibir la extradición; castigar con una pena benigna a quienes son condenados por este hecho; y permitir la participación política.

Queda claro, como afirma un destacado investigador periodístico, que su discurso de hoy viene de sus convicciones de siempre. Ese es el Procurador que se tiene, un incendiario y antípoda de las libertades y la paz en Colombia.