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Frente a amenazas paramilitares “nuestra respuesta es la vida”
 

Mientras en los campos y ciudades del país se habla de paz y se inician actividades participativas en la construcción de la misma, en los municipios del medio y bajo Putumayo se incrementan las acciones contra la estabilidad y tranquilidad de los putumayenses a manos de grupos criminales que se hacen llamar “Grupos de Limpieza Social, Escuadrón de Justicia y Muerte, Urabeños, Águilas Negras” entre otros.

En el departamento la presencia del paramilitarismo es una constante, es necesario recordar las acciones que marcaron la historia de las comunidades, se debe revisar y reconocer la presencia de estos grupos ya que afectan la consolidación real de paz. No es hora de callar, la actividad “El retorno al placer”, realizada el pasado 5 de marzo, en la que mujeres, madres, hijas, abuelas, hermanas de toda la región enseñaron la importancia de perdonar, de reconciliarse junto con hijos, esposos, abuelos, hermanos y padres; toda la sociedad necesita comprometerse: gobernación, alcaldías y demás entes competentes están llamados hoy a buscar y gestionar garantías para que la población putumayense denuncie y sea respetado su derecho a la justicia, la verdad y la no repetición; que todos entiendan el valor de la vida y la unidad de la familia.

Con indignación y total rechazo se debe informar hoy la crisis que atraviesa el departamento sobre todo en los municipios del medio y bajo Putumayo, en lo corrido del año van alrededor de 20 asesinatos, la mayoría a jóvenes (hombres y mujeres), muertes que coinciden con la difusión de cuatro panfletos firmados por los grupos paramilitares ya mencionados. Por su parte la Fuerza Pública (Policía y Ejército) y entidades competentes para atender la alteración del orden público han manifestado que los panfletos no deben generar temor en la comunidad y pobladores ya que los hacen con el objetivo de generar zozobra y nada más, que incluso los hacen cualquier persona. La diferente documentación y sistematización de los organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, así como la Defensoría del Pueblo, demuestran que en Putumayo sí se pueden prevenir hechos de violencia que atenúen el conflicto social y armado con la buena gestión de las administraciones municipales cuando dentro de su gestión presupuestal se destina el desarrollo de políticas sociales. Los orígenes de los conflictos son generados por la escases y la falta de oportunidades y los crímenes más atroces a su vez se generan por la falta de acceso a la justicia, la desigualdad y la miseria a la que son sometidas generaciones enteras que no acceden a educación pública gratuita y de calidad y a un empleo estable y con salario digno. Todo este escenario en el departamento debe terminar de una vez, los sectores y organizaciones sociales y la población civil en general deben contar con garantías desde el Estado para la permanencia en el territorio, con las respectivas veedurías y control.

Llama la atención que algunos de estos homicidios suceden en las cercanías de las instituciones educativas, surge la pregunta ¿Por qué las autoridades locales no han hecho desde ya un plan integral institucional que proteja a la comunidad, sobre todo cuando estos sucesos son contra población joven, que en la región también ha sido afectada por la falta de oportunidades de trabajo, educación de calidad? Es importante señalar que los impactos de la violencia y el conflicto armado en la región se da contra la población más desprotegida: los jóvenes y la niñez. Se hace necesario crear políticas públicas de prevención y promoción de los derechos humanos desde la primera infancia y desde la participación e inclusión en el presupuesto dirigido desde las alcaldías municipales con programas juveniles que logren atender las situaciones como ésta que estigmatizan la vida del joven principalmente desarraigado y también desplazado de la vida rural, generando de esta manera mecanismos reales que no permita justificar las famosas limpiezas sociales.

La seguridad de los ciudadanos de la región es responsabilidad de la Fuerzas Públicas, Policía o Ejército, pues si bien tendrían la capacidad para reaccionar y prevenir hechos, es imperativo también que las acciones estén de la mano de la institucionalidad en el marco del respeto al derecho internacional y los derechos humanos; se hace necesario un cambio de actitud frente al trato de la población civil que promueva confianza en las instituciones y una lucha efectiva contra la impunidad. Estas serían, entre otras, demostraciones hacia la paz que el territorio putumayense está construyendo.

Si bien es cierto hasta el momento los panfletos presentes en Putumayo amenazan directamente a los jóvenes, por consumo de “vicio” y actividades de vandalismo, en uno de estos se presenta amenazas a las comunidades étnicas y las “reservas campesinas” este último panfleto se difundió en el municipio San Miguel y sólo lleva a entender que se inicia una persecución a los procesos y organizaciones sociales firmado por el Bloque Capital D.C. de las Águilas Negras.

Desde las organizaciones sociales y la red de DDHH de Marcha Patriótica Putumayo se debe manifestar una vez más la indignación y rechazo ante estos hechos ya que atentan contra el sueño de paz con justicia social. Tal y como se ha manifestado constantemente ante la institucionalidad y los entes competentes, es necesario consolidar una política real en términos de DDHH teniendo en cuenta que la justificación de los panfletos lleva a reconocer incluso la necesidad de implementar políticas que aporten a la construcción de mecanismos para un buen vivir y la sana convivencia en los municipios de la región.

Por todo lo anterior se exige al Gobierno Nacional y departamental, a la Defensoría del Pueblo, Alta Consejería para los DDHH de la Presidencia, a las secretarías de gobierno municipal y departamental, Personerías, Naciones Unidas y demás entes de control competentes que busquen mecanismos que aporten a la real búsqueda de soluciones y acciones coherentes ante la atención inmediata a esta crítica situación. Cabe mencionar que no es nueva esta dinámica de difusión de panfletos en el país y en el departamento por lo tanto es urgente revisar los métodos y acciones que se han venido implementando.

También se convoca y se hace un llamado a las plataformas nacionales e internacionales de DDHH para hacer seguimiento y acompañamiento a la situación del departamento teniendo en cuenta la crisis generalizada que conlleva al riesgo para las organizaciones sociales y comunidades organizadas.