Una reunión pública en el municipio de Sabanas de San Ángel (Magdalena) parece ser el punto de partida de una nueva campaña contra el proceso de restitución de tierras que se enmarca en la ley 1448 del 2011.

Esta embestida, avalada por la Procuraduría General de la Nación y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), busca entorpecer la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que impulsa el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

A pesar de los pobres resultados de la restitución (sólo el 3,4 por ciento de las solicitudes han sido falladas a favor, por unas 197 mil hectáreas), beneficiarios del despojo de tierras pretenden bloquear esta iniciativa que busca restablecer la propiedad agraria usurpada en el marco del conflicto armado.

Los opositores a la restitución cuentan no sólo con el apoyo gremial de Fedegán, sino el institucional que les ha brindado la Procuraduría de Alejandro Ordóñez, uno de los organismos que más ha obstaculizado el avance de los objetivos de la ley.

“Alegan la buena fe exenta de culpa (…) como si la buena fe del último ocupante tuviera la virtud mágica de eliminar la ilegalidad del despojo original y consolidar la propiedad”, plantea Alejandro Reyes, experto en temas agrarios, sobre la reunión de San Ángel.

A ese encuentro, celebrado el 5 de abril pasado, le siguió otro en San Alberto (Cesar). Reuniones que parecen inaugurar una nueva campaña contra la restitución de tierras, que también se ha expresado en espacios como la movilización uribista del 2 de abril.

“Los paramilitares masacraban a los campesinos, los terratenientes compraban a huevo la tierra y ahora el Centro Democrático y Fedegán se alían para defenderlos”, señala el analista León Valencia sobre esta iniciativa. “Centro Democrático y Fedegán se alzan contra la restitución”, redondea.

La reunión de San Ángel tuvo lugar en una zona que fue uno de los mayores epicentros del accionar paramilitar en el Caribe, donde “tuvo asiento el bloque Norte de las autodefensas, encabezado por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, quien despojó a cientos de familias campesinas”, como señala Alejandro Reyes.

Por eso, ese encuentro podría considerarse un equivalente a lo que fue el “Pacto de Chicoral” de los años 70, con el cual se truncó la reforma agraria impulsada en la década anterior.

Con el Pacto de Chicoral, como se le conoció a una reunión efectuada en esa localidad del departamento del Tolima, funcionarios del gobierno de Misael Pastrana (1970-1974), congresistas y las élites ganadera y agropecuaria acordaron frenar la redistribución de tierras que venía implementándose con las leyes de reforma agraria de 1962 y 1968.

Este pacto se materializó en un nuevo paquete de leyes que frenó el lento esfuerzo redistributivo de los gobiernos anteriores y marcó un nuevo periodo en la política agraria nacional en el que imperó la concentración de la tierra.

En esta nueva coyuntura, las élites del sector agropecuario y su expresión política, el Centro Democrático, están haciendo un llamado a detener el proceso de restitución de las tierras a los campesinos que las perdieron en el marco del conflicto armado (principalmente por obra de los grupos paramilitares).

La campaña que ahora encabezan José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, y el procurador Ordóñez es infundada, pues la propia ley prevé la compensación, con otras tierras o dinero, para los propietarios que adquirieron u ocuparon de buena fe predios que deban ser restituidos a sus dueños originales. Pero para el uribismo, curiosamente, son “víctimas” de la Ley de Víctimas.

Además, Ordóñez debe estar, como alto funcionario que es, ayudando a cumplir la ley, en este caso la 1448 del 2011, y no obstruyéndola. Y tampoco debe “prestar su nombre y su posición para la defensa de los despojadores, cobijados en la capa mágica de la buena fe exenta de culpa”, como pide Reyes.

A los limitados resultados de la restitución, se le suma ahora esta cruzada antirrestitución que se inauguró en San Ángel y que en años anteriores se ha materializado en forma violenta con el asesinato de reclamantes y líderes agrarios. (Según la fundación Forjando Futuros, han sido asesinados 73 reclamantes de tierras desde la promulgación de la ley hasta enero pasado).

Por eso, el reto ahora es evitar un nuevo “Pacto de Chicoral” para que la tierra deje de estar concentrada en manos de despojadores y vuelva a las manos del campesinado.