Van quince días del paro armado y las calles de Puerto Libertador, municipio del sur de Córdoba, están solitarias, algunos locales comerciales cerrados. Un vendedor de frutas y verduras de la plaza de mercado nos dice que no tomemos fotos a ciertos lados porque hay personajes ahí que pondrían problema.

“Aquí en este punto quemaron una camioneta (dice el conductor deteniendo un poco el carro y señalando para ver los restos). Es que el paro armado se vivió muy fuerte en esta zona del departamento. En Puerto Libertador y su corregimiento Juan José, la gente aún tiene miedo, las amenazas continúan”.

El Urabá antioqueño, chocoano y cordobés y el bajo Cauca antioqueño fueron los que más sufrieron las consecuencias del paro armado realizado el 30 de marzo y primero de abril por el Clan Úsuga, pues esta es su zona de influencia. Algunos tienen la información de que el paro fue realizado para conmemorar los tres años de la muerte de Francisco Morelo Peñata, alias “el Negro Sarley”, quien actuaba como segundo al mando de los entonces “Urabeños”.

Es esta la segunda vez que el Clan Úsuga realiza un paro de esta índole. El primero se dio en 2012 como represalia por la muerte de Juan de Dios Úsuga, alias “Giovanni”, hecho que colapsó el comercio y el transporte en zonas de influencia de esta banda en seis departamentos.

Días de angustia

En un panfleto distribuido durante la semana antes del paro, pidieron a la gente cesar todas las actividades económicas, laborales y académicas. “Invitamos a que se sumen a esta propuesta los sectores sociales perjudicados por la crisis económica, social e institucional que enfrenta nuestra nación, frente a la corrupción que nos corroe, la negación del servicio de salud y a una educación gratuita de calidad”, dice el comunicado.

César Guerra, secretario de Educación de Puerto Libertador dijo que “desafortunadamente a nosotros no nos dio tiempo de actuar, porque la repercusión fue directamente sobre las instituciones educativas, tanto urbanas como rurales y con la población civil, donde nos vimos obligados a suspender todo tipo de actividades. Fueron dos días de angustia porque se paralizó la actividad educativa y con todas las dificultades que tiene la educación en nuestro municipio, lo que hizo fue agravar más la situación, quedamos con pocos profesores”.

Al segundo día del paro dieron una hora a los habitantes del municipio para comprar comida, sin embargo la gente dice que no alcanzó para mucho ese tiempo. Un bus que salió de Puerto Libertador hacia Medellín fue quemado en Tarazá. En Planeta Rica un joven abrió la gasolinera y fue asesinado.

Cuentan los campesinos de Juan José, corregimiento de Puerto Libertador que tres días antes de la fecha del paro, “llegaron camionetas con paramilitares, armados y uniformados, estuvieron caminando por las calles y luego no dejaron abrir nada, dos días nos quedamos encerrados en las casas”.

Fue sorprendente ver el corregimiento tan solitario, cuando en otras ocasiones tenía una dinámica bastante comercial. Preguntamos si esa soledad sólo se debía al paro y nos contaron que en parte sí, pero que también era porque no había cosecha de hoja de coca, lo que hace que la gente se vaya al campo a trabajar sus parcelas. “Estuvimos con zozobra esos días, con los pelos de punta, como decimos aquí, porque uno no sabe ni dónde ni cómo, queda uno sometido al encierro, a no salir a ninguna parte, se paralizan las actividades del campo”, cuenta un campesino del corregimiento.

Realidades de Juan José

Este es el corregimiento más grande de Puerto Libertador, con más de tres mil habitantes. Está ubicado en el Parque Natural Nudo del Paramillo. Es una región que ha vivido la violencia durante décadas, pues fue declarada zona roja en los noventa por la confluencia de diferentes grupos armados allí. Por esa época se realizó un paro cívico y la comunidad de Juan José acordó con el Gobierno nacional la pavimentación de la carretera de Montelíbano al corregimiento, aulas para la escuela, acueducto, compromisos que hasta ahora no se han cumplido.

“La carretera aparece pavimentada por el Estado, pero ustedes mismos vieron cómo está, toda destapada, el acueducto lo han hecho dos veces y no tenemos agua potable, el agua es de pozo. El gobierno ha sido olvidadizo con estas comunidades del alto San Jorge. Y vemos que los mandatarios de estos municipios, cuando envían recursos para el corregimiento, lo desvían, se hacen los locos”, dice Jesús Tamara quien lleva 56 años viviendo en Juan José.

La comunidad ha presionado al municipio para tener un centro de salud, condiciones para una vida digna, pero “hay un puesto de salud muy bonito, con buena infraestructura, y no hay médicos ni enfermeras, la ambulancia no funciona. A pesar de que estamos a orillas del río San Jorge no tenemos agua potable, tampoco tenemos maestros para la escuela, carecemos de tantas cosas, hemos sido huérfanos de las administraciones municipales”.

Hoy se vive una tensión en el sur de Córdoba porque siguen circulando panfletos con amenazas de un nuevo paro armado en Montería y algunos de sus municipios, la justificación es porque algunas zonas no cumplieron con cerrar el comercio y continuaron con sus actividades.

Sin embargo el comandante del Departamento de Policía de Córdoba dijo que la mayoría de esos mensajes que circulan han sido creados por jóvenes, “sabemos que son personas que no son de la banda criminal ‘Clan Úsuga’, también que son de unos sectores estudiantiles”. Las mismas comunidades saben que por sus territorios siguen circulando los paramilitares e intimidando a sus pobladores, llegan en motos, en carros y la calma sigue siendo interrum­pida.