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Se arrecia persecución política al movimiento estudiantil y juvenil colombiano
Falso positivo judicial en Medellín tras la marcha del primero de mayo
Juventud Comunista Colombiana / Miércoles 4 de mayo de 2016
 

La Juventud Comunista Colombiana JUCO denuncia las detenciones arbitrarias efectuadas en la ciudad de Medellín durante la movilización del primero de mayo y de las que han sido víctimas los estudiantes de la Universidad de Antioquia Santiago Ángel, Juan Camilo Ángel, Cristian Camilo Peña y Alexis Casas Valencia, este último militante de la JUCO Medellín y todos ellos miembros de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU), a quienes bajo montajes judiciales se les ha imputado cargos de terrorismo y dictado medida de aseguramiento intramural, privándolos así de la libertad.

Los compañeros se encontraban participando de la jornada de movilización del Día Internacional de la Clase Obrera, la cual fue objeto de múltiples provocaciones e infiltraciones por parte de organismos de inteligencia del estado, y que a pesar de ello se desarrolló en completa normalidad por parte de los manifestantes; al término de esta, siendo las 12:20 p.m. nuestros compañeros fueron interceptados por policías de civil y sometidos a una requisa en la que se les separó de sus maletas durante aproximadamente 30 minutos, siendo luego conducidos a la Estación de policía Candelaria y de allí a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación, en donde se les acusa de estar difundiendo durante la movilización panfletos y pegatinas alusivas a las FARC-EP y de realizar grafitis intimidatorios contra la fuerza pública.

Es preciso denunciar que la Fiscalía General de la Nación durante el juicio nunca presentó ningún registro de dichos elementos, que además al momento de la detención nuestros compañeros fueron separados de sus maletas, y que dentro de los elementos de imputación se señaló el hecho de ser estudiantes de universidad pública. Cabe señalar además, que en el marco de la movilización del primero de mayo en la ciudad de Manizales, otro miembro de la JUCO fue bajado del bus en el que se dirigía rumbo a su casa luego de la jornada y retenido ilegalmente durante aproximadamente una hora por parte de la Policía Nacional.

Estamos ante un juicio político sustentado en viles montajes judiciales por parte del Estado colombiano que responde a la política sistemática de persecución basada en la doctrina contrainsurgente imperante en el orden social colombiano.

Alertamos y llamamos a la solidaridad de la comunidad nacional e internacional ante la sistemática oleada de asesinatos, persecución y criminalización que se ha desatado en nuestro país contra organizaciones sociales y populares dejando múltiples violaciones a los DDHH, como lo fueron el asesinato reciente del camarada Klaus Zapata, militante de la JUCO, el falso positivo judicial efectuado contra trece compañeros del Congreso de los Pueblos en la ciudad de Bogotá y el asesinato de líderes del movimiento social y político Marcha Patriótica, las amenazas a líderes juveniles, indígenas, afrodescendientes y reclamantes de tierras, entre otros, que constituyen una política de Terrorismo de Estado que busca acallar el rechazo generalizado a las medidas antipopulares de corte neoliberal y las demandas del movimiento social y popular por paz democrática, justicia social, educación como un derecho fundamental y bien común, pública, gratuita y de calidad.

Estos graves hechos son contrarios a la paz y a los importantes acuerdos parciales alcanzados hasta el momento en la mesa de La Habana entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional. Preocupa además las recientes manifestaciones de odio en el país expresadas en el Paro Armado de grupos paramilitares que tuvo ecos de justificación y aprobación por parte de ex-presidentes y altos funcionarios del Estado arraigados en el más reaccionario oscurantismo.

El Estado colombiano debe comprometerse a desprenderse y combatir efectivamente la doctrina contrainsurgente que continúa estando incrustada en sus instituciones. Estas graves situaciones ponen en duda el compromiso del Estado y el Gobierno colombiano por garantizar la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y por ende el respeto y protección de la protesta social como elemento indispensable de toda democracia.

Exigimos la libertad inmediata de los compañeros Alexis Casas Valencia, Santiago Ángel, Juan Camilo Ángel, Cristian Camilo Peña, y de todos los prisioneros políticos y de conciencia en Colombia, así como el cese de la persecución y garantías reales para el ejercicio de la movilización y la actividad política en nuestro país.

¡Las rejas no callaran nuestras voces!

¡No somos terroristas, terrorista el Estado que encarcela, desaparece y asesina!

¡No más falsos positivos judiciales!