Como resultado de un arreglo entre el gobierno del presidente Santos y la Minga de la resistencia indígena, campesina y afro, se ha suspendido la movilización y el bloqueo de las vías, entre ellas la Panamericana, a la altura del departamento del Cauca.

Se han firmado unos documentos y se planearon reuniones ministeriales y presidenciales para el 17 y 22 de junio del año en curso.

La pregunta que resulta necesario plantearse es si no asistiremos en los próximos días a la conocida elusión del Gobierno y al desconocimiento rampante de cada uno de los puntos comprometidos.

Lo digo porque esa es la experiencia histórica desde el famoso levantamiento de los Comuneros del Socorro en Santander, al finalizar el siglo XVIII, hasta los más recientes paros y huelgas campesinas del año 2013, en las que la actual Administración asumió unas responsabilidades que después, una a una, fueron desconocidas por los ministros y tecnócratas de Planeación Nacional para propiciar la frustración e indignación de las masas.

Conociendo tal circunstancia, se explica la decisión de la Mesa de diálogos de La Habana, por exigencia de las FARC, de establecer un instrumento jurídico-político meticuloso y bien pensado para darle estabilidad y seguridad al tratado final de paz.

Es el protocolo que se incluye en el Acto legislativo de paz que en la actualidad está para control de exequibilidad de la Corte Constitucional y, aun así, las fichas parlamentarias de la mermelada se dieron mañas para colgar un mico que genera incertidumbre, por la mala fe con que se procedió.

Es lo que me hace plantear la sugerencia a los dirigentes de la Cumbre Agraria, que se encontrarán con el Gobierno nuevamente, sobre la necesidad de establecer una herramienta contundente para impedir que todo lo que se ha incluido en los documentos de cierre del reciente capítulo de la Minga se haga humo y se tenga que regresar a la acción directa con bloqueos y acciones colectivas.

Un ingrediente central en tal sentido tiene que ver con las garantías y respeto por los derechos políticos de las masas agrarias. El reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos.

El reconocimiento de la Mesa Única Nacional como interlocutor directo y legitimo para bloquear el divisionismo y oportunismo que se promueve y paga desde el Ministerio de Agricultura.

Un paso en la dirección garantista es la disolución del Esmad y de todo el mecanismo policial contrainsurgente utilizado para sofocar e impedir el ejercicio de los derechos a la organización y la movilización.

Es por tal razón que resulta trascendente el reconocimiento de las competencias de las guardias indígenas como instituciones autónomas de control social y territorial, dejando la Cumbre Agraria la constancia para seguir exigiendo el reconocimiento similar a las guardias cimarrona y campesina.

Una medida de tal magnitud debe estar acompañada de decretos y resoluciones inmediatas.

De igual forma es prioritario garantizar el acceso a los medios de comunicación para que la guerra mediática de los poderosos no estigmatice ni enlode los pliegos ni el repertorio de la protesta utilizado por los movimientos populares.

Por eso se acordó con los campesinos e indígenas iniciar la construcción de una política pública de comunicaciones para la paz entre la Cumbre y el Gobierno nacional.

Que se expidan normas de la mayor jerarquía presidencial y ministerial para dar el reconocimiento institucional y político correspondiente a la Cumbre Agraria y demás organizaciones, como interlocutores y agencias legitimas de la sociedad civil.

Que el Gobierno expida de manera inmediata decretos y normas orientadas a perfilar el próximo estatuto de garantías para los movimientos sociales, consensuado en el documento sobre participación política y democracia ampliada de la Mesa de diálogos de La Habana entre el Estado y las FARC.

Configuración de una gran coalición de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo medios independientes, alternativos y comunitarios de comunicación, que se encargue de la veeduría y seguimiento de los pactos agrarios, la cual debe tener todas las garantías y apoyos gubernamentales. Tal alianza debe publicar informes permanentes de advertencia y llamados de atención a las partes para que los problemas que se pretende resolver con los diálogos.

De no ser así, lo que viene es pura baba y tal vez allí se esté armando un escenario para que pululen los Venus Albeiros Silvas de marras con sus conocidos fraudes y afrentas a la dignidad popular, que tanto le gustan al ministro feudal de Agricultura, el señor Iragorri.

Por supuesto, todo este esquema de blindaje debe ser replicado en las localidades, departamentos y regiones para que las autoridades locales asuman su responsabilidad y competencias respectivas.

Como quiera que esta propuesta tenga un referente concreto recojo en este artículo los detalles de los acuerdos hechos en el Cauca entre el ministro Cristo y las organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes.

Se trata de una línea de base que permite medir al instante la implementación y verificación de cada uno de los puntos de las coincidencias.

Diez actas específicas y una general se firmaron el domingo 12 de junio, en Santander de Quilichao (Cauca) entre el Gobierno nacional y los voceros de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, como Mesa Única Nacional, como resultado del acuerdo para levantar el paro tras 15 días de movilizaciones en el país.

Estos son los principales puntos de lo acordado entre el Gobierno y las comunidades:

Campo de garantías

El Gobierno reconoce la protesta social como un derecho y se compromete a hacer un llamado a la no estigmatización ni vinculación de la Cumbre y la Minga con grupos armados al margen de la ley.

El compromiso consiste en brindar plenas garantías al ejercicio del derecho a la protesta social en todo el país, y acordar elementos centrales frente a los manifestantes judicializados, y al establecimiento de protocolos civilistas para la actuación de la Fuerza Pública frente a los manifestantes.

Se establece que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo harán el proceso de seguimiento, monitoreo y verificación a las garantías de seguridad y protección a las comunidades movilizadas en el territorio nacional.

Campo de paz, participación y derechos humanos

El Gobierno se compromete a combatir, investigar y judicializar las estructuras paramilitares actuantes en los territorios y a ofrecer garantías de protección a los líderes de organizaciones sociales que son acribillados con la complicidad de los cuerpos policiales y militares.

El Gobierno nacional se compromete a crear una comisión de alto nivel para el análisis y recomendaciones que busquen soluciones de la crisis carcelaria.

Se realizará una audiencia pública en el Congreso para abordar la reforma tributaria y seguir con audiencias regulares para presentar la agenda de país desde el movimiento social.

Las partes concertarán la creación de un mecanismo de participación efectiva e interlocución directa cuyo diseño y desarrollo se realizará en un plazo de tres meses.

Campo de tierras

El Gobierno se compromete a explorar la viabilidad jurídica del reconocimiento de otras figuras territoriales campesinas no incluidas en la ley 160 de 1994, que solo reconoce las zonas de reserva campesina. El plazo máximo será de 30 días calendario para conformar el equipo y otros 30 para la formulación del instrumento jurídico, incluyendo la financiación de la ruta respectiva.

Reconocimiento de los Territorios Campesinos Agroalimentarios.

Efectuar la identificación física y jurídica de las tierras productivas con el objetivo de restituirlas.

Realizar una identificación física y jurídica de las tierras productivas con fines de redistribución a campesinos sin tierra y poca tierra.

Reconocimiento político del campesinado por parte del Estado. El Ministerio de Agricultura se compromete a gestionar con el DANE la inclusión de la categoría ‘campesino’ en el censo nacional.

Derogar la Ley Zidres.

Campo minero-energético

Se conformará una comisión conjunta entre la Cumbre Agraria y el Gobierno para revisar los títulos minero-energéticos, contratos de concesión y asociación, y otras autorizaciones ambientales relacionadas, otorgados en territorios indígenas, afrocolombianos, campesinos y de comunidades urbanas, para verificar que cumplan con los requisitos legales vigentes.

Revocar títulos y autorizaciones ambientales que no cumplan con los requisitos legales y constitucionales.

Llevar a cabo un gran diálogo nacional minero-energético, liderado por la Cumbre Agraria y apoyado por el Gobierno, que produzca insumos para una política pública en la materia; también se realizarán evaluaciones piloto de carácter socioeconómico de proyectos minero-energéticos.

El 17 de junio se realizará una reunión entre los voceros de la Cumbre Agraria y los jefes de cartera del Interior, y funcionarios de los ministerios de Agricultura, Medio Ambiente, Vivienda y de Planeación Nacional para abordar el tema de la relación campo-ciudad.

Compartimos adicionalmente el siguiente planteamiento de S. Leukos, para quien “el paro y la movilización de la Minga es, sin duda, un reto para el gobierno de Juan Manuel Santos, ante el histórico ordenamiento territorial que proponen las comunidades como modelo económico y de desarrollo. Esta propuesta de las comunidades en su pliego implica, necesariamente la inclusión de los planes de vida de las comunidades indígenas, campesinas, afros ante los organismos del Estado. El gobierno de Juan Manuel Santos debe realizar acciones de política pública y efectividad presupuestal para validar el pleno goce de los derechos de las comunidades como “sujetos de derechos” (ver http://bit.ly/1ronbFD).

Adicionalmente, llama la atención sobre que “actualmente, los territorios multiescalares de movilización de la Minga nacional son el gran nudo central para el gobierno neoliberal de Juan Manuel Santos, ante los reclamos de las comunidades. Los seis puntos referidos en el pliego ante el Gobierno permiten abordar dos elementos esenciales que toman un cauce territorial de resistencia: de un lado, el Gobierno no ha cumplido lo pactado en territorios regionales; y de otro, la impositiva implementación de un Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 de corte neoliberal, ineficaz y totalmente ajeno al curso territorial de las comunidades, el cual se impone bajo una línea para impedir los pliegos comunitarios e involucrarlos en un proceso de paz” (ver http://bit.ly/1ronbFD).

Prosigue: en Colombia, “no hay una política pública consultiva sobre los planes de vida de las comunidades y los territorios diferenciados e interétnicos. Las instituciones ministeriales, ni la legislación del Congreso jamás han propugnado por un diseño participativo local, regional para implementar una política pública nacional de las comunidades étnicas. En algunas ocasiones se ha realizado, pero bajo una labor técnica, pero ello no es consulta, ni participación; vivo ejemplo: los llamados mapas sociales realizados desde las instituciones gubernamentales municipales. Ello es un exabrupto y una falta de respeto para los derechos de las comunidades, pues estas no saben qué se hace con esto, ni para qué les va a servir de manera actuante o práctica. Los tecnócratas están equivocados con los territorios. Un territorio es más que una delimitación, es todo un contenido “desde dentro”, es una población y el corazón de un pueblo que piensa políticamente, camina bajo signos culturales y se construye fractalmente en espacios geográficos. No hay que enredarse. No existe aún en Colombia un modelo participativo gradual hacia la modelización de los territorios con democracia” sostiene Leukos, y coincidimos plenamente con ella (verhttp://bit.ly/1ronbFD).

Recomienda ella que “es necesario, en el escenario del próximo 17 de junio, en las instalaciones del Ministerio del Interior en Bogotá con los ministros o viceministros de Agricultura, Interior, Ambiente y Vivienda, así como el tema para abordar sobre la efectividad del Departamento Nacional de Planeación, evaluar las peticiones de las comunidades y avanzar hacia la construcción de un mecanismo que permita hacer un seguimiento de lo pactado”.

“Estas interlocuciones con el Gobierno, plantea Leukos, no deben quedar en deseos, ni en formas diletantes, sino que sean efectivas para el encuentro del 22 de junio con el presidente Juan Manuel Santos y este viabilice el camino de participación de manera política la agenda de lo pactado sobre los hechos inatendidos y omitidos por el Estado. El reto es grande políticamente, para que la inclusión sea verificable de los campesinos, indígenas y afros como sujetos de derechos. Los pueblos han sido víctimas del abandono del Estado. El derecho de las víctimas del país debe trazarse como una gran línea territorial, incluyente y de acción por reconocer los derechos de manera activa y efectiva de las comunidades”.

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