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Ejército detiene arbitrariamente integrante de Marcha Patriótica en Nariño
 

El pasado lunes 23 de mayo de 2016, en el municipio San Juan de Pasto, Nariño, cuando eran cerca de las 9:00 de la noche, Jairo Jurado -tras asistir a una reunión de carácter personal en el centro de la ciudad- abordó un taxi de marca Daewoo, con placas SVP 609, rumbo a su lugar de residencia. Después de un recorrido de dos cuadras el vehículo fue detenido por tres hombres, quienes se subieron al automotor armados con pistolas, identificándose como integrantes del Ejército Nacional. El conductor del vehículo, sin mediar palabra con los ocupantes, procedió a desplazarse realizando el siguiente recorrido: calle 18, entre carreras 22 y 24; carrera 24, entre calles 18 y 11; calle 11, entre carreras 24 y 40; carrera 40 (Avenida Panamericana) con rumbo al sur, hasta la entrada de la Base Militar Chapalito.

Durante el trayecto los presuntos integrantes del Ejército realizaron un interrogatorio sobre la actividad profesional, personal y política de Jairo; así como las actividades políticas de Diego Luis Caicedo y Carolina Bastidas, integrantes de Marcha Patriótica en Nariño, a quienes señalaron de ser colaboradores de la guerrilla de las Farc. También se refieren sobre las actividades de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio desarrolladas por Juventud Rebelde en la ciudad de Pasto. Después de la retención ilegal, siendo aproximadamente las 11:30 de la noche, Jairo fue trasladado hasta el barrio Chapal donde fue dejado en libertad.

Cabe señalar que Jairo Armando Jurado Estrada es docente de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Pasto; asimismo Diego Luis Caicedo y Carolina Bastidas son integrantes del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano -Pupsoc-; los tres hacen parte del Movimiento Político y Social Marcha patriótica en el departamento de Nariño.

Por todo lo anterior se responsabiliza al Estado colombiano en cabeza de Juan Manuel Santos Calderon, a la Gobernación de Nariño en cabeza de Camilo Romero, al brigadier general Luis Fernando Rojas Espinoza comandante de la III División del Ejército Nacional y al coronel Juan Carlos Rodríguez Acosta comandante de Policía de Nariño, por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos cometidas por fuerzas armadas irregulares en zona de operaciones de las unidades militares y policiales que dirigen.

Se exige al Estado colombiano, a la gobernación de Nariño y a la Defensoría del Pueblo el inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales. Asimismo adelantar las medidas necesarias para garantizar los derechos vulnerados en la región y desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, consagrados en los hechos de esta denuncia.

Se solicita a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, en el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado colombiano se apeguen a las normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas. Se insta a los organismos de derechos humanos y organizaciones populares a mantenerse atentos y alertas frente a la crítica situación de derechos humanos que está afrontando el departamento de Nariño.