Agencia Prensa Rural
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

Urgente
Desalojo en Villavicencio amenaza a más de 1.400 familias
dhbajoariari / Lunes 23 de febrero de 2009
 

El desplazamiento por segunda vez está tácitamente prohibido por los tratados internacionales. Mucha de la gente que está a punto de ser desplazada, ya fue en una ocasión sacada de su tierra a manos de una conflicto que no da tregua.

Comentan los habitantes de esta comunidad los factores económicos y sociales que los llevaron a tener que optar por lo imperiosa necesidad de invadir terrenos marginales que son de propiedad de la administración municipal.

Más de 1.400 familias llevan aproximadamente 10 meses instaladas en un terreno de 14 hectáreas. Allí se asentaron estas familias junto a sus hijos, hermanos, esposos, madres cabeza de hogar y demás víctimas de la carencia del derecho humano y digno a una vivienda.

En este terreno se encuentran instaladas personas víctimas del conflicto, desplazados, personas vulnerables que, como más de cuatro millones de personas, están en algún lugar del territorio colombiano tratando de sobrevivir.

Este terreno donde ya está formado y planificado un barrio llamado el 13 de Mayo, está en peligro de ser desalojado por una decisión del gobierno municipal, el cual es su propietario. Se dice que el lunes 16 de marzo llegarán a este sector 600 miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad). Según las fuentes que se han consultado, ese día estarán presentes las autoridades municipales y departamentales, además de organismos de control del Estado como Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Personería, ICBF, Acción Social, la Unidad de Atención y Orientación a Población en Situación de Desplazamiento (UAO); y del orden judicial estará la Fiscalía General de la Nación, entre otras más que presuntamente estarán por velar que la actividad se realice en un completo orden.

Se tiene conocimiento, por intermedio de un informe rendido por un comité del barrio, de que el desalojo es inevitable. La respuesta de la comunidad es que no quieren perder su ilusión de tener un lote de terreno donde ubicar sus familias, ya que el Gobierno no les ha solucionado en nada la realización de este derecho.

El defensor del Pueblo, por su parte, dijo que él no va a intervenir para que se frene el proceso de desalojo, pues sus funciones no son las de auspiciar las invasiones. El trabajo de él, según dijo, es sólo de intervenir para que no se maltrate a alguien, desconociendo que este asentamiento es el producto del abandono estatal a que está sometida la inmensa mayoría del pueblo metense, villavicense y colombiano; y que el solo hecho de entrar a desalojar a los pobladores de este barrio de hecho constituye una grave violación a los derechos humanos, máxime cuando allí viven personas en condiciones sociales y económica muy precarias.

El alcalde exige una suma de dinero por lote de cinco millones y medio de pesos, que dada la sumatoria de las 14 hectáreas, ésta saldría por un valor de aproximadamente ocho mil millones de pesos, valor por lote que ni siquiera tienen terrenos en zonas exclusivas de la ciudad.

El peligro yace en el evento del desalojo, la inminente violación de derechos de toda índole, derechos humanos, derechos civiles sociales y políticos, derechos de los niños, de los ancianos, de los niños especiales, de las mujeres madres cabeza de familia, en fin: un total de violaciones en derechos por parte de la administración municipal sin tener un solo pronunciamiento en defensa, garantía y desarrollo de los derechos por parte del Gobierno Departamental y menos del Gobierno Nacional, los que simplemente pasan en decir que esperan que no haya lesionados o perjudicados, pero no se vislumbran soluciones verdaderas y rápidas.

En tal sentido:

Convocamos a la comunidad nacional e internacional, esta que trabaja en defensa de los derechos de las gentes, en defensa de los derechos de los pueblos, y en contra de las agresiones escritas, intelectuales y materiales de los gobiernos locales a que nos pronunciemos en contra de este acto antipopular que pretende llevar a cabo el gobierno municipal de Villavicencio en contra de personas que, como anotamos anteriormente, son personas que se vieron obligadas a asentarse en este terreno porque sus condiciones económicas no les permitían adquirir una vivienda para sus familias.

A la Defensoría Nacional del Pueblo, para que delegue una persona directa de su despacho, pues la posición del defensor de la regional del Meta es estar al lado de las decisiones locales del Gobierno.

Exigimos al Presidente de la República que actúe en derecho y defina una solución rápida y verdadera que garantice los derechos de esta comunidad que actualmente vive en condiciones lamentables sin una verdadera y digna solución de vivienda.

Señores miembros de los medios de periodismo independientes, solicitamos de manera encarecida su presencia en esta comunidad. Se deben denunciar los atropellos y las políticas y compromisos de gobierno, las condiciones en las que vivimos y viven en estas comunidades, y la inminente amenaza en la cual estamos donde la Fuerza Pública actuará desde el mandato civil del administrador municipal, y, como en hechos anteriores, tememos que entren asiendo uso de la fuerza desmedida en contra de los habitantes de este barrio.