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Paz encarcelada y basureros humanos
Prisioneros en desobediencia civil se cosen la boca. Peligran sus vidas.
Eliécer Jiménez Julio / Martes 26 de julio de 2016
 

"Se dice que no se conoce a un país hasta que no se está en sus cárceles" Nelson Mandela

Mientras el gobierno colombiano, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, habla de paz y se prepara para confrontar la protesta social que se vislumbra aumentará en este país suramericano después del post-acuerdo con la insurgencia de las FARC-EP y da su aprobación para abrir las puertas a las multinacionales para que sigan saqueando las riquezas nacionales sin conflicto armado, está dejando morir a más de 121 mil reclusos, de los cuales 8 mil son mujeres, unos 4 mil son prisioneros políticos y otros 110 mil son presos sociales, confirmándose que del total de estos prisioneros unos 40 mil son solo sindicados.

Así lo establece en parte un estudio dado a conocer por la propia Defensoría del Pueblo de Colombia publicado el 18 de julio del presente año y que coincidió con el inicio ese mismo día de una jornada de desobediencia civil que llevan a cabo decenas de prisioneros políticos y sociales en diferentes cárceles colombianas las cuales se mantiene hasta el momento, cuando ya los prisioneros se han cocido la boca. Todo esto pasa sin que los grandes medios de comunicación y el propio gobierno colombiano se ocupen de lo que ocurre en estos “basureros humanos” donde hay depositados más de 121.249 personas de las cuales el 20 % están enfermos, ya que en el registro médico de pacientes oficialmente figuran unos 10 mil prisioneros, mientras los que esperan atención médica sobrepasa los 14 mil. Confirmándose además que en el 52 % de las cárceles colombianas no les suministran medicamentos a los prisioneros enfermos [1].

José Albeiro Manjarres Cupitre, Pedro Rosas Pérez, Jesús Miguel Velandia León, John Jairo Moreno Hernández, Miguel Ángel Lozano Álvarez, Francisco Luis Correa Gallego, son algunos pocos nombres de una extensa lista de prisioneros políticos que el Estado colombiano dejó morir en las mazmorras ya que no recibieron atención médica y medicinas a tiempo, sin mencionar las decenas de prisioneros sociales fallecidos en estos “basureros humanos”. Personas, seres humanos que no tienen dolientes y son invisibilizados. En estos momentos existen unos 150 prisioneros políticos y otros miles de presos sociales, también cuyas vidas penden de un hilo o, por no decir mejor, de una adecuada atención médica para no correr la misma suerte que sus compañeros de reclusión, “ lo que se podría calificar como asesinatos premeditados de parte de los funcionarios del Estado”.

La denominada población reclusa en Colombia suma unos 160 mil, distribuidas 121 mil en establecimientos de reclusión penitenciaria, 36 mil con reclusión domiciliaria, 4 mil bajo control de vigilancia electrónica cuyos aparatos funcionan en un 50%, todos estos a cargo del INPEC. Hay más de 2.300 detenidos en establecimientos municipales, mientras otros 1.400 están en establecimientos de la Fuerza Pública.

Hay que contar los 17 mil prisioneros colombianos en el exterior, en su mayoría recluidos en cárceles de los Estados Unidos, Brasil, España, México, Panamá, Perú, y Venezuela. Indicándose que en USA están 3 prisioneros políticos, Simón Trinidad, Sonia e Iván Vargas pertenecientes a las FARC-EP y que se espera puedan regresar al país una vez se firme el acuerdo de paz definitivo con esta organización insurgente, especialmente Trinidad quien todo el tiempo ha estado incluido como negociador en la mesa y quien se espera esté en la firma del acuerdo final.

A pesar de la entrada en vigencia el pasado 5 de mayo de una emergencia nacional carcelaria y donde este organismo adscrito al Ministerio Público había señalado que “al término del primer trimestre de 2016, el 90 por ciento de las prisiones carecía de todo tipo de asistencia en salud para la población privada de la libertad”, al día de hoy los avances para mejorar la situación de estos “morideros humanos” son pocos ya que los niveles de hacinamiento se mantienen en un 55% con una población de 121.249 internos frente a una capacidad instalada para 78.055, lo que representa un sobrecupo de 43.194 personas repartidos en 138 penales en todo el país.

Las cárceles que tienen más superpoblación son las de Riohacha, en La Guajira con un 500% de hacinamiento, Santa Marta con 350% y Valledupar con 300%. Todas estas ubicadas en la Costa Atlántica colombiana donde las condiciones de reclusión son infrahumanas ya que sumadas a las altas temperaturas de la región, están el nulo suministro de agua a los reclusos que se limita a una hora por día, poca atención médica y la pésima alimentación.

Pero la tendencia de esta caótica situación es a agravarse ya que en los centros de detención transitoria como las URI y estaciones de Policía, como es el caso de la Estación permanente de Policía de Valledupar, capital del departamento del Cesar, al norte del país, donde hay cupo para 20 personas permanecen 193, con un hacinamiento del 870 por ciento. “Solo hay un sanitario y dos duchas, todos fuera de servicio. Un orinal comunal con problemas de obstrucción, razón por la cual la población privada de la libertad se ve obligada a hacer sus necesidades en botellas y bolsas plásticas que luego son acumuladas con desperdicios de comida y toda serie de residuos, los cuales constituyen una amenaza evidente a las condiciones de salubridad en ese lugar” [2].

En estos infiernos en que están convertidas las mazmorras colombianas, solo existe un médico por cada 500 prisioneros, los cuales no laboran por las noches ni los fines de semana. Un ejemplo claro es que en “la cárcel Modelo en Bogotá sobreviven unos 5 mil internos y hay un solo médico de turno que lo único que soluciona es un dolor de cabeza”, tal como lo denuncia el colectivo de prisioneros políticos “Francisco Correa”.

La peor parte del problema la llevan los más de 2.100 enfermos mentales ya que no hay suficientes psiquiatras ni psicólogos. Prisioneros expuestos a la violencia por su situación mental y donde más de 150 de estos reclusos enfermos son mujeres. Esto sin contar que más del 70 % de las empresas prestadoras del servicio no entregan las medicinas y existen casos como la cárcel de Sincelejo donde algunos de los 640 reclusos con VIH en todo el país, se están muriendo, ya que desde hace más de 8 meses no reciben tratamientos. Igual pasa con otros 104 que padecen cáncer, entre ellos muchos de carácter terminal.

La resocialización no existe ya que “hay 544 espacios comunes para 117.018 presos en 138 prisiones. La empresa privada tiene 61 maquilas en los penales, que le dan trabajo a 1.441 prisioneros. Solo 12 de cada mil reclusos en Colombia tienen la posibilidad de emplearse en estos lugares y donde los niños tampoco se salvan de esta infrahumana situación ya que más 100 de ellos viven con sus madres en las mazmorras colombianas [3].

Mientras el panorama en las cárceles colombianas es desolador, al interior de las mismas la lucha de los prisioneros políticos, los cuales suman unos cuatro mil, más los sociales, agrupados todos en el Movimiento Nacional Carcelario continúa y aumenta cada día con jornadas de desobediencia civil pacíficas, especialmente en la cárcel Picota de Bogotá. Allí, entre otros, se cosieron la boca Efraín Ortiz, Sergio Carevilla, José Cartagena para protestar por la falta de atención médica. A la protesta se sumarían en las próximas horas otros reclusos que están dispuestos seguir coserse la boca.

Afuera los familiares de los reclusos y algunas organizaciones defensoras de DDHH alertaron a los organismos defensores de DDHH ya que varios de los reclusos que permanecen con la boca cosida están enfermos y sus situaciones de salud podrían agravarse. Los reclusos intentan llamar la atención del gobierno nacional y la comunidad internacional a fin de buscar soluciones de fondo ya que, como lo han denominado los mismos colectivos de prisioneros políticos, “son torturas, penas de muerte disfrazada de sanción penal” y donde se “exige de parte del Estado colombiano un mecanismo de atención administrativa y práctica en salud para la población carcelaria donde definitivamente el Estado excluyó la vida como derecho supremo de la naturaleza y se regresó a la pasada etapa de la esclavitud ya que la única respuesta es el silencio, la corrupción y la impunidad institucional en las direcciones y personal administrativo y de guardias a cargo de las cárceles” .

Incluso de esta situación no se salvan ni los guerrilleros indultados por el propio gobierno nacional con motivo de los diálogos de paz que se llevan a cabo en La Habana, Cuba, con las FARC-EP. Tampoco la población carcelaria de la tercera edad que a pesar de haber obtenido los derechos de atenciones médicas ante jueces interponiendo tutelas, no han sido atendidas.

La violación de los DDHH en las cárceles colombianas también se sigue dando con maltratos físicos a través de la tortura al interior de los penales, especialmente en los centros femeninos donde, a pesar de sus condiciones de vulnerabilidad, e invisibilidad, siguen resistiendo y denunciando las violaciones sus derechos aún con las represalias de parte de la guardia, que van desde los golpes hasta la negación de visitas de sus familiares [4].

La diversidad sexual en las cárceles colombianas con la comunidad LGTB también es discriminada y agredida. Este 22 de julio se conoció la agresión física violenta del dragoneante Castillo de la cárcel Picota contra Yurani Muñoz ,mujer transexual , prisionera política y representante de DDHH de la comunidad LGTB quien entabló denuncia penal contra el citado miembro de la guardia carcelaria. En Colombia unos mil reclusos pertenecen a esta comunidad, los cuales no escapan de las actitudes homofóbicas de sus compañeros de reclusión [5].

A pesar de que en algunas cárceles del país se comenzaron con grandes tropiezos a desarrollar y socializar todo el tema de víctimas con motivo de los diálogos de paz en búsqueda de una amnistía para los prisioneros políticos y de guerra la guardia de estos centros penitenciarios como la de Villavicencio, se obstinan en decomisar la entrada de documentaciones, cartillas pedagógicas de los acuerdos firmados entre la insurgencia de las FARC-EP y el gobierno y que son oficiales y públicos, así como la prensa alternativa y el periódico Voz del Partido Comunista Colombiano.

Los colectivos de prisioneros políticos, desde las diferentes cárceles en Colombia, se preguntan si desde las distintas instituciones del Estado se habla de paz, que se avizora un porvenir prometedor para nuestra patria, ¿Por qué se comenten dichas arbitrariedades? Si hablamos de paz debe haber hechos de paz por lo cual el INPEC debe terminar con esta estigmatización y persecución a los presos políticos.

Entre las pocas voces que se han pronunciado sobre el tema, llama la atención la del Representante del Polo Democrático Alternativo a la Cámara por el departamento de Antioquia Víctor Javier Correa Vélez: « Tenemos al 0.2% del país tras las rejas y, curiosamente, el crimen no ha cedido. Debemos pensar en otras soluciones, despenalizar conductas, hacer más rigurosa la imposición de la medida de aseguramiento, robustecer el sistema judicial, reforzar el sistema de defensores públicos abrumados por un numero inhumano de casos que deben atender, darle materialidad al preámbulo de la constitución y poner el acento en lo social del Estado social de derecho. No podemos ser cómplices como sociedad de la tortura masiva, a miles de connacionales muchos de ellos inocentes que se les niega todo por el afán de castigar, como si con esto solo bastara para mejorar la sociedad » [6].

Destacamos el trabajo de apoyo y solidaridad que desde la Red Internacional de Solidaridad con las Prisioneras y Prisioneros Políticos Colombianos, INSPP, viene desarrollando la socióloga, defensora de DD.HH y exprisionera política Liliany Obando, tanto con los prisioneros políticos y de guerra como con sus familiares, especialmente con la socialización del tema de los acuerdos de paz firmados en La Habana, Cuba, pero la cual no escapa de la revictimización a que está siendo sometida tal como se viene denunciando. "A pesar de los anuncios del gobierno y la insurgencia de las FARC-EP sobre la cercanía de un Acuerdo final, el Estado sigue dando muestras de su accionar represivo".

Lejos de ajustar su actuación en clave de generar confianzas en la nueva etapa que se avecina, la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ha decidido dar continuidad al proceso de cobro coactivo en contra de la socióloga y defensora de derechos humanos Liliany Patricia Obando Villota, pretendiendo a través del mismo ejecutar la multimillonaria multa impuesta como parte de la pena por el delito de rebelión.

Sentencia, que debe recordarse, fue proferida en desarrollo de un cuestionado proceso, en el que se vulneraron todo tipo de garantías judiciales. Liliany no solo fue condenada por los medios, incluso desde antes de su captura, violando su derecho a la presunción de inocencia y a su intimidad, sino que la determinación judicial se basó en pruebas ilegales, desechadas por la Corte Suprema de Justicia en otras actuaciones [7].

Consultada Liliany Obando sobre la situación carcelaria colombiana, expresó que «ha sido muy importante el anuncio de las delegaciones de paz desde La Habana en referencia a la creación de una subcomisión de género que tiene que ver con la igualdad de derechos para las mujeres y comunidades de diversidad sexual, encabezada por María Paulina Riveros, del lado del gobierno y ‘Victoria Sandino’ integrante de las Farc-EP. Hay que hablar de justicia de género a fin de destacar la discriminación y subordinación que tradicionalmente viven la mujeres y como se exacerba en la prisión la violencia de género, como el ejercicio de la sexualidad altamente controlada y que compromete lo más íntimo del ser femenino en las pocas y sexistas ofertas de trabajo y estudio, en la escasas posibilidades para ejercer su decisión de ser madres en el duro tratamiento penitenciario y judicial. Lo más grave de todo es que en la prisión las mujeres se vuelven invisibles» [8].

Se espera también que las prisioneras, que en un 80 % son madres cabeza de familia, puedan ser beneficiadas con un tratamiento de justicia especial alternativa a la prisión ya que es muy triste ver la como la cárcel se hace extensiva a los hijos. Muchas de ellas viven con sus niños pequeños en las cárceles o estos lejos de ellos.

Indicó además que es importante que a la firma definitiva del acuerdo de paz, se de al mismo tiempo la amnistía e indulto para los todos prisioneros políticos incluidos los luchadores sociales, así como los insurgentes pertenecientes también al ELN y EPL como gesto de paz y reconciliación del gobierno colombiano. Ya que existe el temor que una vez firmado el acuerdo y no salgan de la prisión estas personas el gobierno comience a dar largas para sus libertades.

La dirigente se mostró de acuerdo en «la necesidad de seguir luchando por la repatriación de los presos en el exterior a fin de que cumplan sus penas en Colombia y en el caso de los paramilitares extraditados hacia las cárceles en los Estados Unidos es muy importante para el proceso de paz y dentro del punto 5 de víctimas que estos sean repatriados a fin que cuenten la verdad sobre la participación de estos y de quienes recibían órdenes para que cometieran los diversos delitos que se les acusa», concluyó Liliany Obando, quien viene socializando en distintas cárceles el punto de los acuerdos de La Habana a través de una cartilla denominada « Jurisdicción especial para la paz amnistía e indulto» [9].

Hay que sacar la paz de las cárceles colombianas, dignificando el ser humano y desde un Estado social de derecho que vele por un pueblo con oportunidades de trabajo, educación, techo, recreación, salud e igualdad social etc. así podemos comenzar a erradicar estos basureros humanos.

Pero mientras eso llega, invitamos a votar Sí a la paz con justicia social, a respaldar la lucha de los prisioneros políticos y sociales, pero también a apoyar y fortalecer tanto en Colombia como desde el exterior las distintas organizaciones defensoras de DDHH y de prisioneros políticos ya que han sido, son y seguirán siendo necesarias en esta etapa del post-acuerdo porque la lucha de masas por la paz con justicia social continuará más fuerte ya que el gobierno no está dispuesto a regalar, ceder ni cambiar nada en favor del pueblo y podemos regresar a las cárceles.