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Lo logrado por las mujeres rurales en el acuerdo de La Habana
Nelly Velandia / Miércoles 5 de octubre de 2016
 

Muchas de las propuestas presentadas durante el proceso de negociación entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP fueron recogidas en el punto 1 del Acuerdo Final sobre Política de Desarrollo Agrario Integral y el punto 5 sobre Víctimas, lo cual lo consideramos como ganancias. Dichas ganancias son claves para poder trascender a partir del principio de igualdad y enfoque diferencial y de género al reconocernos a las mujeres rurales como ciudadanas autónomas sujetas de derechos de manera integral (salud, vivienda, educación, acceso al crédito en condiciones especiales a la tecnología, etc.).

Aun más importante es el hecho de colocarnos como prioridad para el acceso a la tierra de manera gratuita o a través de créditos especiales para la compra hasta completar la UAF, el que se nos formalice la propiedad de la tierra de manera gratuita o se nos restituya la tierra arrebatada, y el que se establezca que la tierras adquiridas sean inembargables e inalienables por un periodo de siete años.

Se contemplan varios planes relacionados, entre estos infraestructura y adecuación de tierras que incluye el mejoramiento de las vías terciarias, ampliación de la electrificación y conectividad, y el plan de riego y drenaje para la economía campesina y familiar. Estos planes son claves ya que nos facilita llevar los alimentos a las ciudades y disminuir las pérdidas en finca por esa falta de vías y adecuadas. Así mismo mejoraríamos nuestras parcelas ya sea a través del riego y el drenaje en caso de un verano severo o mucha lluvia. Que se amplíe el plan de conectividad contribuye a que no estemos tan alejadas del mundo, mejoraríamos nuestros conocimientos e incluso podemos mejorar el acceso a los mercados y se mejoraría esa relación entre campo y ciudad.

Por otro lado, en desarrollo social, las mujeres rurales hemos demandado el mejoramiento de la calidad e infraestructura de la salud en las zonas rurales, ¡y qué bueno que el acuerdo lo contemple!, por cuanto es un gran sentir y que no sea privatizando, y sobre todo en que se mejore la calidad y atención. La educación es muy importante para nuestras hijas e hijos y para nosotras mismas, pues es un avance para que las mujeres rurales podamos tener una educación técnica y profesional y de esta manera podremos hacer más sostenibles nuestros proyectos productivos.

Con el plan de vivienda rural planteado podremos mejorar nuestra calidad de vida y no tendríamos razones para irnos hacia las cabeceras municipales o las ciudades; por el contrario se contribuye a evitar la emigración.

Se plantan para la economía campesina estímulos que proponen planes centrales relacionados con la asistencia técnica y preservación de nuestras semillas; la generación de ingresos a través del capital semilla, en particular para las mujeres más empobrecidas y créditos de fomento; la asociatividad y la comercialización de nuestros productos para que nos los paguen a precios justos y la formalización laboral, que incluso ya había sido ganada en la ley 731-2002, donde se contempla que a igual trabajo igual salario.

El que se contemple la función social de la tierra permite no solo la seguridad sino también la soberanía y autonomía alimentaria, a que podamos producir y consumir nuestra propia comida, como el de generar excedentes para las ciudades. El que se reconozca la economía campesina, familiar y comunitaria es un paso trascendental en este acuerdo por cuanto se pone los ajos en el campo, máxime que aproximadamente el 75% de la comida consumida en las ciudades proviene de estas economías, que han estado olvidadas por las políticas públicas. Por otra parte quienes viven en las ciudades podrían acceder a alimentos sanos, de calidad y no importados, con suficiencia, calidad y nutrición.

Los planes tendrán la posibilidad de ejecutarse en los territorios, teniendo en cuenta su vocación agrícola y condiciones geográficas, ambientales, climáticas, entre otros aspectos y sin duda nos da un compás para que las mujeres rurales salgan adelante con sus proyectos de vida y se avanza en la justicia social a la hora de pagar impuestos, respondiendo a la regla del que más tiene, más paga.

Respecto al punto de víctimas, se podrá ejercer la verdad como un derecho, a que haya justicia para los perpetradores, la reparación sobre los hechos victimizantes y que no haya impunidad frente a aquellos delitos de lesa humanidad, como es la violencia sexual, sobre todo ejercida contra muchas mujeres rurales. Sabemos del reto del país para los más de ocho millones de víctimas, en su mayoría mujeres, para que se nos pueda resarcir los daños ocasionados.

La justicia transicional para superar el conflicto armado y la posibilidad de vivir con mayores garantías para el ejercicio de nuestros derechos, nos da también a las mujeres rurales la posibilidad de movilizarnos, expresarnos y disentir libremente, reconstruir nuestro tejido organizativo y fortalecer la esperanza de volver abrazar y darles la bienvenida a casa a nuestros hijos e hijas, que nos fueron arrebatados por la guerra.

Finalmente podremos decir que son grandes los retos tanto para este Gobierno y los que vienen, como también por parte nuestra en la exigibilidad y goce de nuestros derechos a fin de ganar autonomía económica, posicionamiento social a través del bienestar y el buen vivir y asegurar la comida de nuestras familias y del pueblo colombiano; como también al de contribuir con la superación el empobrecimiento de las mujeres al invertir en las mujeres de más bajos recursos.

Invertir en las mujeres rurales contribuye con la paz de Colombia.