Al igual que el fiscal Néstor Humberto Martínez, el viceministerio de defensa Aníbal Fernández de Soto maneja la tesis de que en los casos de los asesinatos a defensores de DDHH y miembros de organizaciones sociales han sido por problemas externos y no obedecen a una sistematicidad.

El pronunciamiento se hizo en la instalación del primer Puesto de Mando Unificado (PMU) regional en Medellín. Asimismo manifestó que no se ha identificado un actor armado que sea el responsable de estos hechos.

Estas declaraciones se contraponen a lo denunciado por las organizaciones sociales y al movimiento político y social Marcha Patriótica (MP), que hasta el momento le han asesinado 126 de sus miembros desde su creación en abril del 2012. Teniendo un pico supremamente alto en este año (20 asesinatos) y en especial desde la firma del Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC–EP.

Los responsables de estos actos han sido señalados en sectores adversos al proceso de paz como la ultraderecha, paramilitares y algunos miembros del Estado, quienes han estigmatizando al movimiento social comparándolo con la insurgencia y buscan a toda costa torpedear la implementación de lo pactado.

Es así que en el último Consejo Patriótico Nacional (Copan) de MP, sus voceros declararon que detrás de esta arremetida están los mismos de siempre, que son los despojadores de tierras y élites regionales y nacionales que tienen y han tenido nexos con el narcotráfico, paramilitarismo y el robo y la expoliación de los territorios.

En ese sentido Todd Howland, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en comunicado de su oficina manifiesta que: “con preocupación, la Oficina observa que el 75 % de las víctimas de homicidio desarrollaban su actividad en ámbitos rurales y que los métodos de asesinatos y atentados manifiestan mayor grado de sofisticación para encubrir a los autores intelectuales”.

También resalta que “el Estado colombiano debe garantizar la protección y seguridad de la población en general incluyendo a las y los defensores en el contexto actual, en especial por la importancia de su rol para la construcción de la paz y la consolidación de una sociedad democrática. Estigmatizar a las defensoras y defensores, y señalarlos como colaboradores de grupos al margen de la ley, los pone en alto riesgo y obstaculiza su labor”, refiriéndose de esta manera a acciones realizadas por algunos servidores públicos que han hecho declaraciones temerarias y fuera de contexto.

La comisión de DDHH de MP ha insistido al igual que las organizaciones sociales y sus equipos jurídicos que hay un hilo conductor en la oleada de asesinatos que se han perpetrado en los últimos meses y por tanto no se puede calificar como hechos aislados.

Dar por hecho que estos asesinatos son acciones esporádicas e inconexas es volver a los tiempos de la Unión Patriótica, donde la justicia y los gobiernos de turno pasaron de agache un genocidio político.

El punto 3.4 del Acuerdo de Paz dice que “Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”.

Se pone de manifiesto la responsabilidad del Gobierno y el Estado de combatir estos actos de violencia y no quedarse en sofismas distractores como bandas criminales / delincuenciales y actos inconexos.