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La historia a contrapelo
Neoparamilitarismo y violencia
Se intenta convencer a audiencias más o menos sojuzgadas que ya no existe paramilitarismo sino simplemente delincuencia común o bandas criminales; hasta se ha construido, para uso masivo, la sigla problemática de “bacrim”.
Sergio De Zubiría Samper / Jueves 26 de enero de 2017
 

Las desafortunadas reacciones del ministro de Defensa frente a los asesinatos de campesinos y dirigentes sociales nos deben colmar de inmensa preocupación. El ministro Villegas ha afirmado en entrevista radial: “No hay paramilitarismo, así que aceptar eso es darle garantías políticas a quienes no lo merecen. Hay asesinatos pero no son sistemáticos. Si lo fueran sería el primero en aceptarlo”. Ojalá su tono autocrítico de “aceptarlo” logre predominar antes de que sea demasiado tarde.

Se intenta convencer a audiencias más o menos sojuzgadas que ya no existe paramilitarismo sino simplemente delincuencia común o bandas criminales; hasta se ha construido, para uso masivo, la sigla problemática de “bacrim”. Seis lugares comunes inspiran este dispositivo negacionista: a) Estas bandas no tienen ningún propósito contrainsurgente ni antisubversivo; b) Carecen de vocería e influencia en el campo político; c) No poseen una estructura militar; d) Tampoco han logrado control territorial; e) Obedecen exclusivamente a fines del narcotráfico; f) Los asesinatos no son “sistemáticos”.

Centremos en dos de ellos: la carencia de vocería política y la no sistematicidad de los crímenes. El Centro Nacional de Memoria señala que del total de los 1.123 municipios existe presencia de “grupos ilegales posdesmovilización” en 339, es decir el 30% del total nacional. Estos grupos “posdesmovilización” son los principales responsables en Colombia de las violaciones de los derechos humanos y tienen por objetivo principal a las personas reclamantes de tierras.

El Informe sobre paramilitarismo de Indepaz (2015) constata la presencia de mínimo 14 estructuras “narcoparamilitares” en 338 municipios del país y ratifica que estas estructuras armadas hacen presencia en 298 desde hace más de seis años. Llega a identificar 17 diferentes organizaciones operando, siendo el Clan Úsuga (270) y los Rastrojos (111) los que mayor presencia tienen en los municipios del país. Se suele decir que “carecen de vocería política”, cuando nadie puede desconocer la campaña planificada por parte del presidente de Fedegán y el ex procurador contra los luchadores por la restitución de tierras; con marchas nacionales del uribismo y la extrema derecha contra el proceso de paz.

La exigencia de “sistematicidad” de los crímenes contiene también criterios de principios para su valoración. ¿Es acaso la temporalidad, los sujetos, los lugares, las circunstancias, los determinadores, etc.? Desde el inicio de la implementación del acuerdo se han asesinado 15 dirigentes regionales, en los primeros 20 días del año 2017 y en solo 24 horas en Córdoba fueron asesinados cuatro compatriotas. Cada tres días y medio matan a un dirigente territorial comprometido con la paz. Nadie con un corazón humanista puede desconocer la intención selectiva contra la paz desde los territorios.