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Cartagena del Chairá (Caquetá)
La población del Bajo Caguán continúa su drama
La Misión Humanitaria de Seguimiento a la Problemática del Bajo Caguán encontró graves infracciones a los derechos humanos y múltiples infracciones al derecho internacional humanitario.
Camilo Raigozo / Miércoles 25 de marzo de 2009
 
Pobladores de Remolino del Caguán exigen sus derechos. Foto Lina Martínez.

Durante los pasados días 4, 5 y 6 de marzo, una Comisión de Seguimiento a la región del municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá), más exactamente a la zona del Bajo Caguán, visitó varios corregimientos y veredas aledañas al río del mismo nombre, verificando el estado y cumplimiento de los compromisos pactados entre las comunidades y autoridades civiles y militares en materia de desarrollo social y cumplimiento del respeto a los derechos humanos, así como del derecho humanitario para con los moradores.

Entre las organizaciones gestoras y partícipes estuvieron la Asociación de Juntas Comunales (Asojuntas) y sus secretarías técnicas, la Asociación de Economías Solidarias (Asoes), el Comité de Cacaoteros de Remolino del Caguán y Suncillas (Chocaguán), la asociación de comerciantes, la Asociación de Instituciones y Centros Educativos (Asidebac) y los Núcleos Comunales en la Unificación: El Caguán Vive.

Varias organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, representantes de la Defensoría Comunitaria, de la Organización de las Naciones Unidas y periodistas de medios alternativos formaron parte de la Comisión.

Entre las violaciones a sus derechos fundamentales que vienen padeciendo los pobladores de la zona, las que no han variado desde la visita del año pasado, están: estigmatizaciones, falsos positivos, capturas arbitrarias, allanamientos ilegales, amenazas, torturas, desplazamiento forzado, restricción a la movilidad de alimentos, medicinas y combustibles, fumigaciones indiscriminadas, ausencia de personal médico y centros de salud, ausencia de profesores y centros educativos idóneos, falta de vías de comunicación y de servicios públicos, entre otros.

La Comisión pudo constatar también que se sigue infringiendo de manera sistemática el derecho internacional humanitario, puesto que el Ejército y la Armada continúan manteniendo bases operativas dentro de las áreas civiles aledañas a viviendas, centros educativos, culturales y de salud, poniendo en alto riesgo la seguridad de las comunidades, principalmente de los niños, en medio del conflicto armado. Cuando varios miembros de la Comisión preguntaron por qué las instalaciones del puesto militar se encontraban resguardadas dentro de áreas civiles protegidas por el DIH en el caserío Remolino del Caguán, la respuesta del mayor Montenegro fue contundente: “es que yo tengo que proteger la seguridad de mis hombres”.

En Cristales, el puesto militar es adyacente a la escuela del poblado. Sólo los separa una cerca de alambre, que de nada sirve puesto que la Misión observó cómo soldados permanecen dentro del centro educativo, en el patio de recreo de los niños.

Al finalizar el recorrido, la Comisión adelantó una reunión con las autoridades civiles y militares del municipio, en la que se les hizo saber su observancia, pidiéndoles el cumplimiento a los compromisos pactados en anteriores ocasiones y la puesta en marcha de forma inmediata de acciones para corregir las violaciones a los derechos civiles, destrozados por la política de “seguridad democrática” del régimen en la región.

Simultáneamente se conoció un panfleto anónimo entregado a las comunidades, en el que se loa la gestión de la actual administración del municipio y a la vez pone en grave riesgo la seguridad de connotados líderes sociales, a quienes se señala de ser “informantes de la subversión, asesinos, corruptos, extorsionistas, colocadores de bombas, resentidos y personas no gratas”, entre otros calificativos.

Entre los líderes afectados están: Yesid Doncell, Wilson Ocampo, Pacho Betancourt, Feliciano Sánchez, Edilberto Molina, Sandra Sánchez, Benicio Barrero y Alex Vanegas, entre otors, quienes el martes 10 de marzo dieron a conocer un comunicado público denunciando tales señalamientos.