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La vida por la tierra
Aumenta el terror contra los reclamantes de tierras, mientras los procesos de restitución van a medio paso en medio de la burocracia institucional
Carolina Tejada / Martes 14 de febrero de 2017
 
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Porfirio Jaramillo, reclamante de tierras asesinado por los paramilitares.

Inició el año con más malas noticias que empañan al país. Un nuevo reclamante de tierras, esta vez Porfirio Jaramillo, un humilde campesino del Urabá, fue secuestrado y asesinado. Su muerte se suma a otras tres de reclamantes a quienes en lo corrido del año les segaron la vida.

Porfirio Jaramillo era un líder reconocido en el Urabá. El pasado domingo 29 de enero, fue secuestrado en su vivienda ubicada en la vereda Guacamayas, en el municipio de Turbo, ante los ojos de amigos y familiares, y conducido en una moto con rumbo desconocido por varios hombres armados. El cuerpo de Porfirio fue hallado el domingo en la carretera que conduce de Nuevo Oriente a Chigorodó.

Organizaciones de derechos humanos aseguran que Porfirio habría sido víctima en varias ocasiones de persecuciones y amenazas en contra de su vida. Una de esas amenazas la recibió hace cuatro meses por medio de una comunicación en donde le daban un plazo para abandonar su finca. Porfirio denunció ante los órganos de control y aseguró que las amenazas venían de los mismos grupos que lo habían desterrado de su tierra. Por esta misma situación y ante la preocupación por resguardar su vida sin tener que volver a abandonar su territorio, el campesino solicitó amparo ante la Unidad Nacional de Protección, pero esta solicitud fue rechazada. Porfirio murió sin ninguna garantía del Estado.

En el ojo de los paramilitares

El director de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega, lamentó los hechos y aseguró en una comunicación pública que van 19 personas víctimas pertenecientes al amplio grupo de reclamantes de tierras en el Urabá, y aseguró que ese panorama “se constituye como una masacre a los reclamantes de tierras a los que les fueron arrebatadas. Continúan los paramilitares en la región asesinando y desplazando y concebimos esto como un mensaje. La forma como se han producido los asesinatos, degollando a las personas, torturándolas para crear el terror y el miedo y que el Estado no tenga ninguna autoridad, ni soberanía sobre el pueblo de Urabá”.

Vega, al igual que diferentes ONG, asegura que es urgente que el Gobierno nacional ponga en marcha un plan para frenar dicha oleada de violencia contra esta población, a la cual hoy se le revictimiza, y asegura: “El Gobierno debe suspender la restitución de tierras, y primero garantizar la vida de la gente. Puede comprar tierras y compensarles a esas personas que fueron despojadas, no puede seguir esperando a que los asesinen o a que mueran en ese tiempo a la espera”.

Las condiciones de vulnerabilidad en las que murió Porfirio no son ajenas a las de miles de reclamantes de tierras en el país. Este humilde campesino había sido desplazado en 1997 por los grupos paramilitares y para el día de su muerte vivía en un pedacito de la finca que le arrebataron y que le había sido devuelto en el 2014.

La situación de la restitución

Mientras la burocracia política del país se rasga las vestiduras por la ley de restitución en medio de intereses marcados por las grandes extensiones de tierras, hoy a manos de multinacionales y empresarios del país, a lo largo y ancho del territorio nacional, miles de personas humildes que fueron desplazadas de sus propiedades, en muchos casos torturadas o con su grupo familiar vertebrado por la pérdida de forma violenta de sus familiares, como mecanismo de terror para obligarles a salir de los territorios, se encuentran en el abandono y ante la ineficiencia de unas instituciones que no agilizan los procedimientos para dar cumplimiento a los derechos de los reclamantes.

Cinco años después de puesta en marcha la ley, son múltiples las críticas y las víctimas a quienes los grupos paramilitares han vuelto a amedrantar. En el momento que se presentó la ley se habló del compromiso de que al menos se deberían restituir 2’400.000 hectáreas en todo el país.

Según afirmó el año pasado la Fundación Forjando Futuros, su equipo de trabajo ha analizado 1.500 sentencias publicadas por la Unidad de Restitución de Tierras y el Consejo Superior de la Judicatura, y al mes de abril solo el 3,4% de solicitudes de restitución han sido resueltas judicialmente a nivel nacional.

Lo cual arroja que de 87.118 peticiones para la devolución de tierras a sus verdaderos dueños, solo han sido falladas en los estrados 2.943 peticiones. Uno de los territorios del país en donde más se vivió la violencia paramilitar fue en la Costa norte. En algunos de los departamentos de esta zona del país, a la fecha no se ha resuelto ni la mitad de las solicitudes.

Casos como los de La Guajira o el Atlántico son de preocupar. En estos departamentos, de las cientos de solicitudes presentadas, en el segundo semestre del año pasado se había resuelto el 0%. Y en casos como el Cesar, de las 6.044, solo se ha resuelto el 0,78%. En términos generales, en cinco años se habrían restituido solo 197.927 hectáreas en todo el territorio nacional.

Los escándalos

Esta situación se da a pesar de que la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno nacional adelantar un plan en seis meses desde noviembre de 2015, para poder cumplir con la meta de otorgarles los derechos a las personas despojadas antes del 2021.

Meses atrás, la misma fundación Forjando Futuros señaló que existen empresas opositoras en el marco de los procesos judiciales de restitución. Es decir: empresas que han aparecido como dueñas de cientos de hectáreas de tierras, apelando la compra de los terrenos bajo la condición de “buena fe”. Sin embargo esa buena fe nunca se probó.

Entre esas empresas, según la Fundación, se encuentran: “Argos, Continental Gold Limited, Exploraciones Chocó, Anglogold Ashanti, Sociedad Agropecuaria Carmen de Bolívar, Sociedad Las Palmas, Agropecuaria Palmas de Bajirá, Inversiones Futuro Verde, Palmagán, A. Palacios y Todo Tiempo”.

Compra de mala fe

También aseguran que el Tribunal de Restitución de Tierras de Cúcuta habría establecido en una sentencia que la empresa Argos no compró de buena fe una parcela de un campesino en El Carmen de Bolívar, y agrega que usó “diferentes figuras jurídicas” para acumular tierras de desplazados. Esta situación obligó a la Fiscalía a abrir una investigación contra la cementera.

Situaciones como esta se vienen presentando en todo el país, muchas de ellas están igualmente relacionadas con políticos regionales, ganaderos y empresas que han sido señaladas de pagar a grupos paramilitares para amedrantar a quienes adelantan los procesos de restitución de sus tierras.

El caso de Porfirio Jaramillo cobra gran importancia ya que se suma al millar de reclamantes que han sido violentados o asesinados por querer reclamar sus derechos en sus territorios. El modus operandi se centra en la generación de terror, las amenazas, y en este caso particular, la desaparición física de humildes campesinos a manos de los grupos paramilitares.