Mientras en los grandes medios de comunicación el Ministro de Defensa, la Canciller y el General Jaime Carvajal -comandante de la segunda división del Ejército colombiano- negaban las denuncias del campesinado organizado en El Catatumbo, un comunicado oficial de la Agencia para los Refugiados de la ONU desde Venezuela -con fecha del 14 de febrero- afirmaba lo siguiente:

Desde el pasado 11 de febrero un grupo de personas cruzó la frontera en busca de protección desde el corregimiento La Gabarra, en Norte de Santander, Colombia, hacia el sector “El Cruce”, municipio Jesús María Semprún, estado Zulia, Venezuela. Estas personas, que arribaron en su mayoría a través del río Catatumbo, afirman temores de persecución y amenazas de presuntos grupos armados ilegales que pretendían ingresar a la zona tras el proceso de desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

A no ser que una agencia de la ONU se preste para el engaño, es indiscutible que un número aproximado de 400 campesinos se vieron obligados a cruzar la frontera hacia Venezuela atemorizados por el retorno de grupos paramilitares a esta estratégica subregión colombiana. Esto según los últimos reportes recibidos el domingo 19 de febrero por parte del Frente Fronterizo por la Paz.

Funcionarios del alto gobierno, consiente o inconscientemente, olvidan que desde 1999 esta región padeció uno de los capítulos más sanguinarios del terror paramilitar en Colombia. Según el portal verdadabierta.com en el periodo de cinco años, entre 1999 y 2005, fueron asesinadas 13.919 personas. Los responsables de estas muertes selectivas, masacres, desmembramientos y desapariciones fueron los grupos paramilitares que contaron con la colaboración directa o indirecta del Ejército que también se beneficiaba de estos actos de terror mediante ejecuciones extrajudiciales de inocentes que les permitía demostrar resultados operacionales.

Es imposible que las comunidades del Catatumbo no reaccionen con vehemencia y gran preocupación al sentir que hechos parecidos a los de esa época se puedan llegar a repetir; más aun cuando se supone que con el proceso de paz y la dejación de armas por parte de la guerrilla el objetivo es el contrario: desterrar la violencia definitivamente y garantizar inversión social y desarrollo para la región.

Entre el 17 y 19 de febrero se realizó la visita en sitio de la comisión de verificación extraordinaria que fue convocada por la Asociación Campesina del Catatumbo -Ascamcat-, el pueblo indígena Barí, el Comité de Integración Social del Catatumbo -Cisca-, la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, la Corporación Regional pr la Defensa de los Derechos Humanos -Credhos-, el CPDH, entre otras organizaciones. Se contó también con el acompañamiento del senador Alberto Castilla y delegados de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano. Así se pudo constatar y documentar la validez de las denuncias de los campesinos e indígenas, en un recorrido que incluyó la visita a las veredas Caño Tomás, Las Timbas, El 40, el corregimiento La Gabarra y el campamento humanitario en Caño Indio.

Ni los campesinos de la región, ni el pueblo indígena Barí están mintiendo. Hombres armados con prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares se encuentran en la región y, según informaron a los campesinos, son “paras” que dejarán trabajar pero al que no trabaje con ellos, lo matan. La respuesta del Gobierno no puede ser llamar alarmistas o mentirosos a los campesinos, ni centrarse en más militarización del territorio como fue anunciado por el Ministerio de Defensa que prevé aumentar de 6.300 a 8.500 los uniformados en la región para reforzar las fuerzas especiales y el batallón antinarcóticos. Más que presencia militar, que se sigue viendo con desconfianza por parte de las comunidades, se exige el desmonte del paramilitarismo y efectividad en los programas estatales que ayuden a superar la pobreza estructural y a hacer realidad la sustitución de cultivos declarados ilícitos.

En asamblea campesina se socializó una primera versión del informe de la comisión que será entregado a la comunidad nacional e internacional. Allí se aprobaron, entre otras medidas, convocar a una reunión de emergencia a todas las autoridades de la región con invitación especial a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final y a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y No Repetición, responsables de atender varias de las denuncias según el Acuerdo de paz; así mismo se invitará a la Comisión de Paz del Congreso de la República y a organizaciones que puedan atender las denuncias, brindar las medidas de seguridad inmediatas y precisar una ruta concreta para la implementación de los acuerdos, especialmente en lo relacionado con los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito y la Reforma Rural Integral.

Lo que vive el campesinado y el pueblo indígena del Catatumbo se puede resumir en las palabras del presidente de una de las JAL en la región durante una de las asambleas: “¡Esta vez no vamos a salir corriendo, esta vez vamos a resistir, la historia no se puede volver a repetir!”.

@gabocolombia76