Desde hace muchos años los resguardos indígenas y comunidades campesinas del sur de Córdoba, al sentirse y vivir amenazados por la presencia de Minas Antipersonal (MAP) y Municiones Usadas sin Explosionar (MUSE), han solicitado al Gobierno Nacional la extracción de las mismas. En el marco del Acuerdo final entre el Gobierno del presidente Santos y las Farc-EP quedó afirmado:

“El Programa de desminado y limpieza de las áreas del territorio nacional se desarrollará en concertación con los pueblos étnicos y sus organizaciones representativas. Se atenderán de manera prioritaria los casos del pueblo Embera ubicado en el municipio Puerto Libertador, Córdoba, e Ituango en Antioquia”. (Página 208 del punto 6: “Implementación, verificación y refrendación” Inciso: 6.2. Capítulo étnico, 6.2.3. Salvaguardas y garantías: literal D)

El Daicma (Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal) ha priorizado los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano para ser desminados en el transcurso del primer semestre del año en curso. Hasta aquí todo parecería ir acorde, no sólo con las viejas solicitudes de las comunidades indígenas y campesinas, sino también en vocación de lo acordado entre el Gobierno nacional y las Farc-EP; pero desgraciadamente la realidad es otra:

Puerto Libertador y Montelíbano son municipios cuyos territorios se encuentran en un 90% en concesión minera. Desde luego para el Gobierno nacional y su política neoliberal prima la inversión extranjera, la extracción, explotación y exportación de nuestras riquezas naturales por encima del bien y dignidad de indígenas y campesinos, de su territorio, territorialidad y autodeterminación. El presidente Santos lo afirmó en la inauguración del puerto de Buenaventura “TCBuen” en mayo 13 de 2011. (Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en la inauguración del TCBuen) Textualmente dijo:

“Por eso he dicho, y lo recalco en este nuevo puerto, en este nuevo terminal que tanto nos entusiasma, que tenemos que seguir facilitándole la vida a los empresarios y a los inversionistas nacionales o extranjeros: las entidades del Estado, desde la presidencia de la república hasta la más pequeña oficina estatal, deben trabajar con permanente diligencia para que los trámites fluyan, para disminuir las trabas y los obstáculos burocráticos, para hacer que el inversionista se sienta en su casa, que esté siempre motivado”

Luego de la aprobación de la Ley 1776 del 29 enero 2016 “Por la cual se crean y desarrollan las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, Zidres” y que permite que mega proyectos se desarrollen en territorios “baldíos” de hábitat ancestral campesina e indígena, legitimando el despojo, destierro y desplazamiento forzado, en clara contradicción con la “Reforma Rural Integral, hacia un nuevo campo colombiano” acordado entre el Gobierno de Santos y las Farc-EP; la población indígena y campesina del sur de Córdoba está en inminente riesgo por las siguientes razones:

1. Las zonas ha desminar en los municipios Puerto Libertador y Montelíbano serán las que han sido validadas para “explotación minero-energética” y del interés de multinacionales; no las que favorezcan la habitabilidad y vivencia de las comunidades, mucho menos el sostenimiento de la fauna y flora y protección del Parque Nacional Natural Nudo del Paramillo, conocido como “Pulmón de Latinoamérica”.

2. La ley Zidres obliga a la población indígena y campesina asentada en “territorios baldíos” a desocupar el territorio para que empresas desarrollen proyectos trasnacionales o de explotación. Es así el caso de las comunidades indígenas Zenú y Emberá Katío, quienes ancestralmente han vivido el territorio pero no cuentan con resolución ministerial que otorgue la titularidad de los predios colectivos; lo mismo sucede con la mayoría de estas familias indígenas en el sur de Córdoba. (Las Zidres una guillotina para el campesinado)

A este monstruo llamado Zidres, legitimado por el Gobierno Santos, se le suma la puesta en marcha del “Plan Atrato-Gran Darién”. El 15 de febrero de este año fue elegido como presidente del concejo directivo de este “plan” el gobernador de Córdoba, Edwin Besaile. ¿Qué hay detrás de este plan y sus anticipadas inversiones?

1. La construcción de un nuevo puerto privado (como el “TCBuen”) en el Urabá Antiqueño al servicio de las multinacionales que exportarán níquel, carbón y demás metales ya que desde los años ochenta vienen estudiando, focalizando y explotando en el territorio surcordobés con Cerro Matoso, Gecelca y demás multinacionales minero-energéticas existentes y las que se crearán en las zonas que se van a desminar en el sur de Córdoba.

2. La construcción de un complejo agroindustrial en el Urabá Antioqueño para producir aluminio.

3. La consecución del proyecto hidroeléctrico Urrá 2, también conocido como proyecto “Río Sinú”, que asesinará el río San Jorge, acabará por completo con el majestuoso río Sinú y terminará por destruir las riquezas naturales que alberga el PNN Paramillo.

Las comunidades indígenas y campesinas del sur de Córdoba, que han vivido el horror y las secuelas de la construcción de Urrá 1, Cerro Matoso, entre otros nefastos proyectos, pueden dar fe de que cuando “se superpone el mapa de las multinacionales y el mapa de la presencia paramilitar: quedan exactamente igual”. El recrudecimiento de la presencia paramilitar, o a lo que hoy el ministerio de defensa llama “GAO” (Grupo Armado Organizado), para el caso el “Clan del Golfo” en el sur de Córdoba, no sólo obedece al control militar y económico ilegal del territorio y del producto derivado de la hoja de la coca; también están llegando para asegurar que estos megaproyectos de inversión extranjera sean efectivos y que todo aquel que se oponga sea quitado del medio.

¡Se vienen desplazamientos forzados!
¡Se vienen despojos, asesinatos y desapariciones forzadas!

Hoy la historia nos recuerda obligatoriamente a Kimy Pernía, líder indígena embera katío, desaparecido y asesinado por órdenes de Salvatore Mancuso, aliado militar del proyecto Urrá 1. También a las familias “reasentadas”, campesinas e indígenas, que hoy por hoy padecen hambre y desempleo al haber sido sacadas de sus tierras para la construcción de estos proyectos.

Por último, la semana pasada la Corte Constitucional dejó en firme el fallo que permite a los alcaldes del país vetar proyectos mineros en sus municipios si consideran que eso puede afectar su medio ambiente; razón por la cual en manos de Espedito Manuel Duque Cuadrado, alcalde de Puerto Libertador, y Francisco Daniel Alean Martínez, alcalde de Montelíbano, está consentir o no la destrucción del ecosistema y la degradación de las comunidades indígenas y campesinas de la región.