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CPDH: Un laberinto hacia la paz
 

En lo que va corrido de año y desde que el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) continuó con la iniciativas de apoyo y acompañamiento a los diálogos que se adelantaron en La Habana, Cuba, entre el Estado colombiano, en cabeza del gobierno de Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las FARC-EP, así como en la ardua tarea de difundir lo acordado por las partes y el acompañamiento y aportes en el proceso de implementación, la situación de seguridad de los miembros del CPDH se ha venido deteriorando a costa de diferentes agresiones, hostigamientos, persecuciones, asesinatos y desapariciones a nivel nacional.

El CPDH ha participado activamente en el comité de acompañamiento al mecanismo tripartito de verificación de los acuerdos de paz, conformado por el Gobierno nacional, las FARC-EP y la sociedad civil, lo cual se traduce en el aumento exponencial del trabajo de la organización, aumentando también la presencia de nuestros miembros en los diferentes espacios, haciéndose cada vez más visible.

Dicha situación se viene recrudeciendo en las regiones donde el CPDH hace presencia, debido al trabajo incansable por la promoción, protección y defensa de los derechos fundamentales de los colombianos, especialmente por hacer presencia en los territorios más alejados e históricamente golpeados por el conflicto armado y el abandono estatal.

Érika Gómez, actual secretaria ejecutiva (e), afirmó que “el Comité se ha caracterizado por denunciar las graves agresiones, violaciones y vulneraciones a los DDHH y al DIH”. Así mismo, resalta que la organización “ha tenido como principio apoyar las diferentes iniciativas de paz y los diferentes procesos de diálogos y salidas negociadas al conflicto armado. Por ende, el actual momento histórico que vive el país no es la excepción, motivo por el cual está ligado directamente al aumento e incremento de las situaciones de riesgo para nuestros miembros”.

El Comité señala como crítica la situación que se está viviendo actualmente en el departamento de Arauca, así como las de algunas seccionales como Valle del Cauca, Caldas y Norte de Santander, sin que se cuente con medidas idóneas a fin de garantizar la actividad de defensores de derechos humanos, que a su vez se han caracterizado por trabajar arduamente en la construcción de paz.

Un claro ejemplo de ello fue el lamentable caso que se presentó en Arauca, cuando el compañero Milton Mora, el 11 de marzo de 2016, fue asesinado en la puerta de la sede del CPDH por desconocidos que lo estaban esperando a la salida de una reunión. Las cámaras que la Unidad Nacional de Protección había otorgado como medida de protección colectiva venían presentando una avería que se reportó oportunamente, aunque nunca fue resuelta.

Además del asesinato cometido contra nuestro compañero, dos miembros permanecen desaparecidos desde el mes de febrero del presente año, todo ello con la intención de que se abandone el trabajo de capacitación sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que vienen adelantando con las comunidades, y dificultando el trabajo de denuncia frente al incumplimiento del Estado en el proceso de implementación.

En el Valle del Cauca Rodrigo Vargas, miembro del Comité, encabeza varios panfletos amenazantes que los grupos paramilitares Águilas Negras y Autodefensas Gaitanistas hicieron circular por la ciudad de Cali. Debido a esas amenazas y a la persecución constante por parte de personas vinculadas al paramilitarismo, se vio obligado a desplazarse para poder salvar su vida, quedando plenamente demostrado así que en la actualidad no hay un verdadero desmonte de las estructuras paramilitares.

La defensora de derechos humanos María Ruth Sanabria, adscrita al CPDH de la seccional de Arauca, tuvo que salir desplazada hacia Bogotá debido a los continuos seguimientos y hostigamientos por parte de desconocidos. Además, se vio obligada a desarrollar una gira de incidencia con entidades del Estado para recibir protección efectiva que de momento no se le ha brindado.

En Caldas las desapariciones forzadas, que se han tornado masivas y de las cuales no hay más información ni acciones por parte de las autoridades, pintan un desalentador paisaje para la defensa de los derechos humanos. Darío Eccehomo, a pesar de tener reconocido un riesgo extraordinario según los criterios de la propia Unidad Nacional de Protección, no tiene absolutamente ninguna medida de seguridad por parte del Estado.

María Cardona, también miembro del CPDH en Caldas, sufre a diario de seguimientos y su domicilio es continuamente asediado por desconocidos que pretenden acallar la voz de denuncia que eleva el Comité en el Eje Cafetero.

“Quedan en evidencia las falencias, lo inadecuado y lo inapropiado de las medidas que otorga la UNP”, afirma Érika Gómez. Precisamente las medidas que en algunas oportunidades se brindan por parte de la Unidad no se ajustan a las necesidades de cada caso en particular, las medidas de protección no logran garantizar plenamente el ejercicio y labor de los defensores de DDHH y líderes sociales que vienen trabajando con las comunidades. Muestra de ello es el alto número de homicidios sistemáticos que se han perpetrado en todo el país, especialmente la oleada y el pico de violencia ejercida el año inmediatamente anterior y lo que va recorrido del año en curso.

Incluso la seccional Bogotá viene siendo hostigada con seguimiento y “chuzadas” a diferentes miembros. Ante la inoperancia del Estado, se debe destacar que, desde el CPDH, en diferentes oportunidades se ha hecho especial énfasis en el reiterado abuso de autoridad por omisión, debido a que en diferentes oportunidades se han denunciado de manera oportuna y ante las autoridades competentes las agresiones y vulneraciones sufridas, sin que se obtengan avances significativos en las investigaciones penales y disciplinarias a las que haya lugar.

El Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) sigue siendo presa del laberinto que los actores armados y el Estado han impuesto para silenciar la voz de la gente comprometida con la paz. Sin embargo, y pese a todas las vicisitudes, el CPDH está plenamente convencido que se alcanzará la implementación de lo acordado entre el Estado y las FARC-EP, abriendo así paso a la construcción de una nueva Colombia en paz.