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Opinión
Las guerras contra la implementación
No puede verse sino como un sabotaje al proceso de implementación la actitud irresponsable del Congreso, donde en la práctica en él avanza una especie de contrarreforma por la modificación al acuerdo que, en la práctica, desdibuja los logros contenidos en el acuerdo final.
Alfonso Castillo Garzón / Sábado 18 de marzo de 2017
 

Después de toda la propaganda mentirosa que se realizó frente al proceso de paz con ocasión del plebiscito del 2 de octubre, sobrevino una nueva ofensiva mediática, ahora su centro es ocultar el incumplimiento del Gobierno de lo pactado y en todo caso con el claro propósito de desprestigiar la primera fase de la implementación. Esa ofensiva desinformativa ha estado a cargo de los voceros de la ultraderecha, los cuales se han encargado de intentar desprestigiar a los guerrilleros que han dado el gran paso de abandonar la lucha armada para intentar la lucha política.

Esta campaña mediática a la que se ha prestado la gran prensa ha tenido episodios como el señalamiento que se hizo para mostrar a guerrilleros en fiestas y “excesos” en el fin de año, así como el asunto de las disidencias o, quizás lo más grave, el tratamiento irresponsable del tema de los niños en las filas de las FARC, intentando crear un panorama inhumano, cuando el propio Gobierno no ha dejado conocer el protocolo pactado conjuntamente para el tránsito de estos niños a la vida civil.

Igualmente, no puede verse sino como un sabotaje al proceso de implementación la actitud irresponsable del Congreso, donde en la práctica en él avanza una especie de contrarreforma por la modificación al acuerdo que, en la práctica, desdibuja los logros contenidos en el acuerdo final.

En el debate del procedimiento vía fast-track se ha visto todo tipo de vicios y chantajes para presionar al Gobierno, a cambio de prebendas, presupuestos y burocracia. Al mismo tiempo el Gobierno muestra su falta de voluntad, por un lado al tardarse en la presentación de iniciativas legislativas; y de otro lado, la ausencia de consultas al movimiento social y particularmente a las víctimas, lo que por supuesto contradice la cacareada centralidad de las víctimas en el proceso de implementación.

A la fecha solo han sido aprobadas unas cuantas leyes, justo aquellas que aseguran la desmovilización y dejación de armas de la guerrilla. Más allá de ello es pasmosa la forma en que el Gobierno anuncia su intención de presentar proyectos: tres o cuatro en Reforma Rural Integral, dos o tres del acuerdo de participación, la ley de jurisdicción especial, a la fecha nada sobre modificación la ley de víctimas ni sobre la perspectiva de géneros y diversidad.

La tendencia general en todos los aspectos es que el Gobierno guarda hermetismo sobre las normas que se presentarán a debate al Congreso, insistimos que este proceder va en contravía del espíritu del acuerdo final de paz de garantizar cumplir procesos de participación de la sociedad en la implementación.

Igualmente es evidente la falta de voluntad política del Gobierno para cumplir lo pactado. El mejor ejemplo de ello es la negligencia en la adecuación de los campamentos de las Zonas Veredales Temporales de Normalización, donde la guerrilla inicia su proceso de incorporación a la vida civil. El atraso y corrupción que el país ha conocido en la construcción de espacios dignos y oportunos para los guerrilleros no pueden leerse sino como un ataque a la implementación porque con ello solo se lanzan mensajes de desmoralización a quienes han decidido con sinceridad hacer una apuesta por la culminación de la lucha armada.

Se requiere mayor decisión del Gobierno Nacional para impulsar procesos transparentes de construcción de las normas para la implementación, así como una actitud más decidida en el cumplimiento de lo pactado, apoyándose en las organizaciones sociales y, en todo caso, sacando la implementación del circuito de corrupción. Si no se hace esto también se está saboteando el proceso de paz.

Finalmente, a pesar de estas consideraciones que se leen como riesgos y peligros en la implementación, es importante seguir insistiendo en que el país está asistiendo a un momento de oportunidad para los cambios y transformaciones que requiere el país.

Sin embargo es bueno insistir en que el acuerdo final de paz no es en sí un acto transformador, él es en cambio un detonador de la movilización social. Es decir: solo si la sociedad estudia y apropia este acuerdo, lo hace suyo, y promueve un amplio proceso de movilización social y política para exigir cumplimiento de lo pactado con las FARC, además de aprovechar la mesa de diálogo con el ELN, para fortalecer la exigibilidad y cumplimiento de algunos de los elementos de potencial transformación del acuerdo. En ello reside la importancia de este momento excepcional de la historia moderna del país.