Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó
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Inminente desalojo de comunidad minera en Montecristo, Bolívar
Aheramigua / Sábado 6 de mayo de 2017
 

Aheramigua denuncia la inminente consumación de hechos violatorios de los derechos humanos en el municipio de Montecristo, Bolívar, en virtud del auto proferido por la Agencia Nacional de Minería cuyo fin será ordenar el desalojo inmediato de más de 300 núcleos familiares, mediante el uso de la fuerza.

A petición de la Cooperativa Multiactiva del Caribona- Coopcaribona, titular del contrato de concesión No. JG4-16531 ubicado en jurisdicción del municipio de Montecristo, Bolívar, la Agencia Nacional de Minería expidió el auto de trámite No. 986 del 14 de diciembre de 2016 que determinó que la solicitud de amparo administrativo presentada por el titular minero cumplía con los requisitos legales. Posteriormente, mediante Auto No. 83 del 22 de marzo de 2017 se determinó fijar fecha para la diligencia de verificación de la perturbación y posteriormente desplazamiento al área objeto del amparo administrativo para el día 8 de mayo de 2017 a las 4:00pm.

Debe alertarse que la colectividad de familias de “Mina Walter” es una comunidad en la que actualmente existe un asentamiento informal con cerca de 197 viviendas, al interior de las cuales habitan 387 núcleos familiares, sujetos de especial protección constitucional entre los que se encuentran niños y niñas, personas de la tercera edad, madres cabeza de familia, personas en situación de discapacidad, población desplazada y víctimas del conflicto armado, afrodescendientes, cuya subsistencia y, en general, sus modos de vida digna dependen en su totalidad del oficio de la explotación artesanal y tradicional en pequeña escala de minas de oro existentes en este territorio.

Pese a que los mineros tradicionales que trabajan en la zona han iniciado los trámites de legalización minera (respuesta a solicitud que aún no se ha dado por parte del Gobierno) e incluso se encuentran en discusión con la Cooperativa Multiactiva del Caribona- Coopcaribona respecto a la suscripción de un subcontrato de formalización minera, se ha decidido reactivar el desalojo de esta comunidad, generando por consiguiente la violación masiva de derechos humanos, dado que estos procesos de cierre y desalojo implican el acordonamiento de la zona por parte del Ejército y Policía Nacional, generando una grave e inminente trasgresión de los derechos de las comunidades de mineros tradicionales, desconociendo que Mina Walter es una población de histórica tradición minera, actividad está que ha provisto el sustento de las familias de este territorio.

Estas acciones de desalojo y de cierre no contemplan ningún plan, ni medida de atención social a las familias a quienes se les privaría de manera abrupta su única fuente de subsistencia y de trabajo durante años, profundizando así una crisis humanitaria y conllevado a situaciones de mayor iniquidad, marginación y pobreza con los habitantes de esta región.

Denunciamos la responsabilidad del Estado Colombiano, frente al absoluto desconocimiento de los derechos de minería tradicional, a causa de las deficientes irregulares e improvisadas políticas de titulación minera en el país, las cuales nunca reconocieron o exigieron al momento de la entrega de estos títulos mineros, que se identificara previamente a las poblaciones que tradicionalmente han tenido a la minería como un oficio de subsistencia.

Durante años estas familias de mineros tradicionales han aplicado de forma incasable a procesos de formalización y legalización que el Gobierno ha rechazado de manera sistemática, lo que evidencia el trato injusto y desigual con esta población. Por el contrario se entregan y se privilegia la entrega de títulos mineros a empresas extranjeras y grandes empresas que emprenden acciones de amparos administrativos y medidas de desalojo y criminalización tratando como “perturbadores” a los mismos habitantes y pobladores históricos y con arraigo en territorio.

Alertamos sobre el riesgo de desplazamiento forzado, vulneraciones y atropellos que se producirían de llevarse a cabo estas medidas que no atienden a ningún criterio de proporcionalidad o razonabilidad, como tampoco de enfoque diferencial con los pobladores de esta zona en la que habitan también familias propietarias de tierras, niños y niñas, comunidades campesinas y víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Privar de la fuente de trabajo y de subsistencia acarrea vulnerar todos los proyectos de vida digna y demás derechos de estas comunidades, dejándolas en un estado de incertidumbre y de indefensión.

Las medidas previstas por los amparos administrativos no atienden a ningún criterio de “interés general”, como lo ha querido presentar la empresa, sino que por el contrario favorecen exclusivamente los intereses particulares de estas compañías, por encima del interés de protección de los derechos sociales de toda una comunidad que ha subsistido de la minería tradicional.

En aras de la protección a los derechos fundamentales de estas comunidades y para evitar que sufran perjuicios irremediables, atropellos y violaciones a sus derechos y libertades fundamentales, es indispensable invocar se le dé tramite a esta petición a través de una atención prioritaria (Art. 20 Ley 1437 de 2011) y solicitamos una respuesta eficaz, oportuna, concreta y de fondo que atienda a la esencia y fines del derecho fundamental de petición (Art 23 C.N), cuya realización permite la preservación de un orden justo, democrático y participativo, respetuoso de las disposiciones legales y de la prevalencia de las garantías y derechos.


Asociación de Mineros de Mina Walter- Asomiwa

Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez-CCALCP

Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó- Aheramigua

Federación Nacional de Paz Fenalpaz

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos-CCEEU