No le tembló la mano y estampó la firma en el documento que priva a más de doscientas familias paraguayas de un lugar donde afincarse privilegiando los intereses de los colonos llegados del Brasil que se fueron apropiando a través de una red de corrupción político-judicial de estas tierras adquiridas hace más de 25 años para ser destinadas a la reforma agraria.

En septiembre de 2016, Horacio Cartes dio el visto bueno para que la Policía y los colonos ingresaran a la colonia, derribaran más de doscientas casas, envenenaran los pozos de agua y destruyeran todos los cultivos de la comunidad.

Tanto el ministro del Interior como el comandante de la Policía defendieron el brutal procedimiento que dejó sin hogar a más de 200 familias y sin escuela a más de 200 niños.

En marzo de 2017, la Cámara de Diputados aprobó la expropiación de los lotes pero una vez más el presidente Cartes ignoró la decisión del organismo más democrático del país y vetó el proyecto.

El Ejecutivo argumenta que los títulos obtenidos de manera totalmente irregular por los colonos brasileños son legítimos y que todo puede arreglarse con la reubicación de las familias.

Esta política de traslado ha sido una constante durante el gobierno de Horacio Cartes que ha encontrado en esta alternativa una manera de proteger los intereses de brasiguayos y grandes terratenientes que se han apropiado de tierras en las zonas más ricas del país con la complicidad de las autoridades.

Según información a la que pudo acceder Nova, este caso interesa y mucho a los altos comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que admitió en octubre una medida para precautelar los derechos de las familias expulsadas.