Según denuncia la Corporación Colectivo de Abogados Suyana, funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en el establecimiento de San Isidro, en la capital caucana, pusieron en riesgo la labor de esta organización humanitaria, al impedir su acceso a los pasillos de la cárcel este lunes 22 de mayo, lo que interpretan como represalia por haber exigido que uno de los recluidos recibiera la adecuada atención médica.

Según la corporación Suyana, el jueves 18 de mayo, en un partido de fútbol entre presos de las FARC y agentes de la policía, el guerrillero Richard Ico Caupaz fue lesionado gravemente, por lo cual se ordenó su traslado al Hospital Universitario San José de Popayán. Sin embargo, aduciendo la pérdida de la remisión, la guardia impidió su oportuna atención médica.

La abogada Clara Inés Erazo, al conocer esta situación, intercede el viernes 19 ante la dependencia de Sanidad para que se repita el procedimiento y se gestione el traslado del recluso al hospital, como en efecto se hizo con diagnóstico de fractura en tibia y peroné.

El lunes 22, la compañía de la guardia externa se opuso a que la corporación Suyana realizara el censo y los trámites de ley 1820 en los pasillos afuera de los pabellones, y los limitaron a uno de los patios de visitas familiares o hasta los cubículos, lo que nunca había ocurrido antes. El mayor Holger Perez Acevedo, director de San Isidro, manifestó que la abogada Clara Ines Erazo Maca había violado el permiso toda vez que había accedido a una zona restringida, esto es, el área Sanidad.

Argumenta la organización humanitaria que “dentro de las funciones de la Corporación está el velar por la defensa del derecho a la salud del prisionero, siendo la asistencia al área de sanidad una respuesta mínima que se espera de alguien que le asiste jurídicamente y que viéndolo afligido en su humanidad, intentó proveerle de la atención médica urgente, lo cual no se había hecho hasta el momento. Aunado a ello y considerando la negligencia con que actuó la guardia ante el incidente, la carga correspondiente al funcionario público del Inpec, de prestar la atención óptima y el traslado, fue asumida por la abogada”.

Colectivos y activistas de la solidaridad con los presos políticos han expresado su inquietud frente al incumplimiento que se viene dando a la amnistía acordada para los prisioneros de las FARC, especialmente las múltiples trabas jurídicas y administrativas, y el continuo maltrato a la población carcelaria.