Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
:: Magdalena Medio, Colombia ::
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Nuevas amenazas contra Gilberto Guerra, coordinador general de la ACVC
 

En el mes de noviembre del 2006, el ejército asedió e intimidó a la familia de Gilberto Guerra en el nordeste antioqueño. En la vereda Ojos Claros, del municipio de Remedios, su hermano José Alfredo Guerra fue amenazado de muerte por supuestamente estar involucrado con la guerrilla. Igual amenaza recibió Enrique Guerra en la misma vereda.

El día 11 de diciembre, en la vereda San Francisco, municipio de Yondó, fueron detenidos arbitrariamente por militares del Batallón Calibío dos muchachos. Uno de ellos era Eduard Alberto Guerra. Cuando los militares se enteraron de que era hijo de Gilberto Guerra le dijeron que “sabemos que su papá está en la ciudad. La familia tiene que responder porque todos son auxiliadores de la guerrilla, todos son iguales, coordinados por Gilberto, tenemos que cazarlo”.

Coronel Alberto Enrique Castillo Urquijo, responsable de la Acción Integral en la Segunda División del Ejército Nacional. Foto IPO.

Los militares que patrullan la región han dicho en público que su “plan de batalla” tiene como principal objetivo y enemigo a la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC). Ya el año anterior el coronel Castillo había manifestado que la “acción integral del ejército está dirigida a acabar con el brazo político de la guerrilla en el Magdalena Medio”, refiriéndose a la ACVC.

Gilberto Guerra es uno de los fundadores de la ACVC, hace 10 años. Es un campesino desplazado de Puerto Berrío, donde su familia fue expropiada en el año de 1982. Gilberto ha sufrido la persecución casi toda su vida, recientemente y después de un largo proceso jurídico adelantado por la ACVC y la corporación jurídica Humanidad Vigente, le fue levantada una orden de captura que gracias a un montaje judicial estuvo vigente durante cuatro años. En la actualidad se desempeña como coordinador general de la ACVC.

La integridad física de Gilberto Guerra y de sus familiares está en manos y es responsabilidad del estado colombiano. Este caso, como todas las demás violaciones a los derechos humanos que se dan en la región, será llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.