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Comunidades del Guayabero rechazan erradicación forzada
Agencia Prensa Rural / Sábado 29 de julio de 2017
 

Durante tres semanas comunidades del Guayabero han rechazado la erradicación forzada, lo cual los ha llevado a organizarse. La comunidad ha denunciado violaciones de los derechos humanos por parte de la Policía. También exigen al Gobierno Nacional cumplimiento de los acuerdos de La Habana. Los cultivadores se encuentran en el proceso de sustitución concertada de cultivos de uso ilícito, pero piden garantías por parte de las instituciones. Defensores de derechos humanos y delegados de organizaciones nacionales se han acercado a dialogar con las autoridades.

La región del Guayabero comprende municipios y veredas del sur del Meta y el departamento del Guaviare. Allí, especialmente en el municipio de Puerto Rico, Meta, la policía antinarcóticos y erradicadores han accionado. La comunidad se ha organizado para impedir dicha actividad, puesto que de esos cultivos depende su supervivencia, ya que por las condiciones de la región ningún otro cultivo permite ingresos que garanticen mantener a sus familias. Por ello, miles de campesinos se han concentrado en diferentes veredas desde el 8 de julio, en campamentos para evitar la erradicación forzada de los cultivos.

Se ha denunciado la violación de los derechos humanos por parte de la Policía Antinarcóticos, los erradicadores y el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, especialmente durante la jornada del 17 de julio, en la cual, policías Antinarcóticos acompañados del ESMAD se dispusieron a atacar a los campesinos concentrados en la vereda La Reforma, jurisdicción del municipio de Puerto Rico, Meta. Según la denuncia, no sólo intentaron dispersar a la comunidad con bombas aturdidoras y gases lacrimógenos lanzados en ángulo letal, sino también la policía antinarcóticos atacó con balas y granadas de fusil a los campesinos y periodistas que se encontraban en el lugar, dejando como saldo varios heridos y daños ambientales. Entre ellos, uno con bala de fusil, que se encuentra en cuidados médicos examinando si podrá recuperar la movilidad de su pierna, quien tuvo que ser trasladado en hamaca y una canoa durante horas hasta el puerto de San José del Guaviare.

Además, de otros con heridas menores, que lograron refugiarse entre los árboles y comejenes, que evidencian los ataques.

Voceros de Ascatragua (Asociación de Campesinos Trabajadores del Guayabero) y la Fundación DHOC (Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia) denuncian que posteriormente estos tres grupos de la fuerza pública intentaron esconder la evidencia, enterrando en paquetes los casquillos, granadas y demás residuos que dejó el ataque. También, se han conocido casos de saqueos y daños en varias viviendas, como la quema de ranchos.

Estos hechos se dan en medio del proceso de sustitución concertada de cultivos de uso ilícito, en el cual las familias de la región han participado activamente, pasando documentación y yendo a las asambleas convocadas por líderes comunales y gobierno. Como sucedió en el acuerdo de sustitución que se realizó el 28 de febrero en San José del Guaviare y la asamblea del 21 de julio en Puerto Rico. Esto, en el marco de los acuerdos de La Habana entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional, especialmente a lo que refiere a la sustitución de cultivos de uso ilícito en diferentes regiones del país.

Sin embargo, y pese a la voluntad de los campesinos, no ha sido posible avanzar más allá de la documentación hasta el momento, puesto que las vías de acceso a sus parcelas son bastante precarias y no permite que otro tipo de cultivos sean rentable para el mantenimiento de las miles de familias que allí habitan. Mientras tanto, el Gobierno Nacional ordena erradicar cultivos a corto plazo, lo cual impide que los campesinos confíen en la voluntad de éste para sustituir las matas de manera concertada. Por su parte, la policía argumenta que adelanta los operativos porque se encuentran en un parque nacional natural, aunque los campesinos colonizaron la zona años antes de haber sido declarado PNN.

Al lugar han arribado comisiones de defensores de derechos humanos, miembros de Marcha Patriótica, la Cumbre Agraria, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, COCCAM y diferentes medios de comunicación alternativos, para dialogar con las autoridades, fuerza pública y hacer la verificación y cubrimiento mediático de los hechos. Se harán los respectivos trámites pare denunciar los abusos de la fuerza, como también, se adelantarán los respectivos diálogos con las autoridades, para buscar una solución pacífica a la situación que vulnera los derechos humanos y fundamentales de las comunidades.