Asociación Campesina del Catatumbo
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Esmad genera crisis de derechos humanos en el Catatumbo
Agencia Prensa Rural / Martes 19 de septiembre de 2017
 

Los campesinos de la región del Catatumbo reiteran que el Gobierno nacional ha incumplido con los acuerdos frente a la sustitución de cultivos y que esto también infringe el Acuerdo final de paz en el numeral cuarto.

En rueda de prensa realizada el 18 de septiembre, Andrés Gámez, de la comisión de DDHH de Marcha Patriótica (MP) Norte de Santander, informó que en el corregimiento de San Martín, municipio de Sardinata, vereda 30, acompañaron a más 700 familias y 13 juntas de acción comunal, entre otros, quienes de manera voluntaria y organizada desde el 12 de septiembre decidieron realizar asentamientos, para poder detener y pausar la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, manifestando que tenían la voluntad de sustituir gradual y concertadamente los cultivos. Además, frente a dicha situación exigían la presencia del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

Al tratar de interlocutar con la fuerza pública, que hacía presencia en la zona y que estaba representada por la Policía Nacional, junto con el Esmad y Ejército, para encontrar un camino de diálogo, según la comisión de DDHH de MP, los representantes de estas instituciones expresaron que “la erradicación va […], el 13 septiembre comienza la erradicación forzada pero los días 20 y 21 de septiembre hay una reunión con el PNIS”.

En el informe se indica que el día 14 de septiembre, a las 5 am, el Esmad sin provocación alguna comenzó la gresca contra las comunidades campesinas, que contaban con mujeres y adultos mayores, al intentar pasar por encima de ellos. También se hace la denuncia de que los miembros de la fuerza pública atacaron los enceres de los manifestantes, así como sus medios de trasporte. 20 motocicletas fueron incineradas.

La comisión argumentó que “es preocupante ver cómo la fuerza pública no respetó lo que se dialogó el día anterior con ellos y pasaron por encima de los campesinos”. En el informe también se menciona el uso desmedido de fuerza por parte de los funcionarios estatales, quienes al parecer utilizaron armamento no convencional e hicieron disparos con sus armas de dotación. Cabe resaltar que en el paro del 2013 hubo varios asesinatos a manifestantes, hechos que involucraron al Ejército y la Policía. Hasta el día de hoy estos hechos siguen en la impunidad.

Wilder Mora, presidente de la Coccam del municipio de Tibú, manifestó que: “nosotros nos iremos a levantar del asentamiento campesino hasta que el Gobierno suspenda la erradicación y empieza la implementación de lo acordado en La Habana […] Los campesinos que nos encontramos ahí tenemos toda la voluntad para sustituir”.

Tanto manifestantes, como organizaciones sociales y comunidad dicen que el discurso del Gobierno es incoherente puesto que llama a la sustitución de cultivos después de erradicar forzosamente.