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De nuevo crisis en la institucionalidad del país por falta de ética
Agencia Prensa Rural / Jueves 21 de septiembre de 2017
 

La crisis actual en la institucionalidad del país trae al recuerdo cuando se hablaba de disolver el Congreso y restructurar al Estado. Estas cuestiones han estado presentes en la mentalidad de los ciudadanos colombianos desde antes de la Constitución de 1991, hecho trascendental que buscó la modernización del país y el cambio de una democracia representativa a una participativa. A pesar de ello, en cada época electoral salen a la luz nuevos escándalos políticos, como el proceso 8000, la parapolítica, la Ruta del Sol, los sobornos de los Nule, el caso de Agro Ingreso Seguro, Reficar, Odebrecht, en otros.

En las pasadas semanas el nuevo escándalo que llama la atención es sobre la corrupción que se tomó las altas cortes, que fueron compradas para alterar sus fallos. El caso del magistrado Jorge Pretel está en la memoria puesto que allí se evidenció cómo en la Corte Constitucional también a partir de dádivas se transformaban las decisiones.

En un artículo de Viva la Ciudadanía sobre la crisis en la administración de justicia se exponen tres ejes en los que radica la problemática de rama judicial:

Como primer elemento, la autonomía. Los altos cargos de las cortes son elecciones netamente políticas donde no pesa tanto la meritocracia, sino el favor político de quienes más adelante pueden ser juzgados por los magistrados.

Como segundo elemento, se carece de independencia por las presiones del poder ejecutivo, legislativo, económico y de los grandes medios, que pueden influenciar o alterar la toma de decisiones jurídicas.

Finalmente, la transparencia de estos servidores públicos, de las altas cortes. Es cuestionable que muchos logran llegar a sus cargos con investigaciones pendientes de familiares o seres allegados, hechos de corrupción o padrinazgos políticos cuestionables.

El caso de Gustavo Moreno, José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte sobresale en estos momentos, puesto que son hombres de altos cargos que se ven envueltos en una red de corrupción jurídica, que según los observatorios jurídicos hasta ahora es la punta del iceberg.

La investigadora del Cinep Elena Patarroyo dice que “no nos concebimos como una sola nación en la que todos debemos cuidarnos y, en consecuencia, no cuidamos lo que es de bien para todos, los bienes públicos”. El Estado esta permeado por la corrupción y muchos de sus funcionarios tienen sus cargos para el beneficio propio y no para el bien común.