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Todo listo para el inicio del Paro Cívico en el Sur de Bogotá el 27 de septiembre
Hernán Durango / Martes 26 de septiembre de 2017
 
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Reunión en Ciudad Bolívar

Dos importantes encuentros realizados en las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa el lunes 25 finiquitaron los detalles para la realización de la jornada de protestas en el sur del Distrito Capital a partir del miércoles 27 de septiembre.

En el barrio Arborizadora Baja de la localidad Ciudad Bolívar, delegados de decenas de organizaciones sociales, colectivos ambientales, juveniles, culturales, asociaciones universitarias, juntas comunales de esta localidad y de la localidad de Usme definieron aspectos preparativos. De igual forma, en el centro de Bosa tuvo lugar otro encuentro con las organizaciones de Bosa, Keneddy y de Soacha. De esta manera todo queda listo para el inicio de las manifestaciones de protestas desde tempranas horas del miércoles 27 de septiembre en los territorios del sur para exigir soluciones de fondo a temas como el botadero de basuras Doña Juana, movilidad, inseguridad, salud, educación, entre tantas necesidades a las cuales la administración del señor enrique Peñalosa no le presenta salidas favorables.

El Paro desde el Sur cuenta con amplio respaldo popular y de las organizaciones de los trabajadores de la ETB y el magisterio agrupado en la ADE. Otras organizaciones del Distrito Capital anuncian su participación en las concentraciones en varios puntos del sur, ya que consideran que es una iniciativa que surge a raíz de los diferentes conflictos socioambientales que se viven en el sur de la ciudad en la cuenca del río Tunjuelito.

De acuerdo a la información divulgada por el sindicato ADE, la primordial justificación es la tragedia humanitaria alrededor del basurero Doña Juana.

Los organizadores del Paro del Sur esperan la vinculación activa de las comunidades y de la ciudadanía en general. Exhortan a la opinión pública nacional e internacional a brindar respaldo y solidaridad para impedir cualquier tipo de atropello oficial frente al ejercicio del derecho constitucional a la movilización pacífica y organizada. Exigen a las autoridades distritales y nacionales prestar atención a las peticiones y abrir mecanismos de diálogo y concertación para encontrar soluciones a los planteamientos de las comunidades.