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Opinión
Corrupción Radical, Cinismo radical, Statu quo Radical, pero no Cambio Radical
Daniel Pardo Cárdenas / Jueves 5 de octubre de 2017
 

La decisión de Cambio Radical de no votar la Ley Estatutaria de Justicia Especial de Paz causa revuelo con justa razón. La elección de las magistradas y los magistrados del Tribunal de paz fue el detonante para que los directivos del partido, con el apoyo de Vargas Lleras, ahora invoquen “intereses superiores”, “principios”, que les impiden votar la Ley. Aunque ese partido mantuvo siempre una posición ambivalente frente a las negociaciones, esta determinación es un espaldarazo definitivo al acuerdo que no deja de sorprender si se tiene en cuenta que Vargas Lleras fue vicepresidente y ministro por siete años en el gobierno cuya bandera principal fue la paz. La pregunta que queda, más allá del problema cuantitativo de las votaciones –que parece poder resolverse sin contar los votos de la bancada de CR–, es por el significado político de esta movida.

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En Colombia, gran parte del descrédito de los partidos políticos –decía Carlos Gaviria Díaz–, más allá de las formas y exceptuando un par de casos (como hasta hace unos años, el compromiso político del Polo Democrático o la disciplina casi fascista del Centro Democrático), es que no son políticos como tal. Hay agrupaciones que formalmente reciben esta denominación, hay estructuras electorales con presencia regional o nacional, hay representantes, banderas, camisetas, cachuchas y botones; pero, en estricto sentido, no hay organizaciones que defiendan ideologías políticas que se disputen el poder de gobierno con otras. El Partido Liberal, el Conservador, La U, Cambio Radical, etc., desde hace diez, veinte, cincuenta años (o incluso desde el principio de la vida republicana en este país) han funcionado como organizaciones oligárquicas que se han repartido de maneras más o menos descaradas su poder de clase.

El caso de Cambio Radical, partido relativamente joven que pretendió ser una disidencia del Partido Liberal, condensa especialmente los vicios de la cultura política colombiana: poder oligárquico por nepotismo, centralismo, corrupción, alianzas paramilitares, avales a candidaturas más que cuestionables, etc., etc. Y, desde luego, no es ajeno a una ideología brumosa, “meliflua y babosa”. Para un espectador resulta casi imposible discernir cuáles son sus principios de acción, su tendencia política, sus posiciones frente a problemas coyunturales, etc. Así, que CR hiciera parte de la Unidad Nacional; que Vargas Lleras, con todo y la ambigüedad de sus posturas, fuera ministro y vicepresidente del gobierno de Santos, cabía dentro de la normalidad de la cultura política colombiana, pues, al fin y al cabo, los partidos nunca le han rendido cuentas a nadie: ni a la sociedad, ni a sus electores, ni a otros partidos, ni al Congreso…ni siquiera a sus propios códigos.

Pero que, después de mamar varios años de la ubre del Gobierno que tuvo como única bandera respetable la paz, CR responda al llamado de Santos a decidir si hacen parte o no de la coalición de Gobierno declarando que: “Nuestro norte es el interés superior, no las posiciones de un Ministerio o las que pueda definir un Gobierno. Aquí nos elige el pueblo colombiano para representarlo a él, no a los intereses de un ministro”, como lo dijo Rodrigo Lara, y que “En Cambio Radical no negociamos nuestros principios y posiciones claramente argumentadas, pensando siempre en el interés general de todos los colombianos”, como lo afirmó Jorge Enrique Vélez, director nacional del partido, es un acto irrestricto de hipocresía que debe ponernos más que alerta frente a cuáles son los intereses que, de repente, este partido tiene que defender de cara a las elecciones del 2018.

El abismo que hay entre “pueblo”, “principios” y “posiciones” y lo que en realidad es Cambio Radical es la mejor indicación de que su retiro tiene otras causas y que invocar al pueblo como norte y guía es la cara cruelmente cínica de quienes quieren mantener una apariencia de héroes democráticos cuando no tienen otra necesidad que, a como dé lugar, cuidar sus intereses frente al Acuerdo de paz y lo que este implica. En esto no hay misterio, ya que el cinismo de CR se extendió al comunicado de prensa en el que publicaron las razones para alejarse de la paz. Resumidas cuentas, admiten que sus “principios innegociables” son los que los identifican como clase terrateniente, productora de materias primas y financiadora de grupos paramilitares.

De los cuatro motivos ofrecidos, que están entrelazados entre sí, me interesa reparar en dos. El primero, “…rechazar la composición del Tribunal Nacional de paz” porque “la mayoría de los magistrados tienen una clara tendencia política que, de entrada, no genera ninguna garantía para la sociedad civil por el claro prejuzgamiento que tienen sobre las acciones ocurridas en relación con el conflicto armado interno”; el segundo, que “El Tribunal Nacional de Paz no puede convertirse en una herramienta para vincular a terceros que no han hecho parte de los grupos armados al margen de la ley”, de manera que, dicen, “Es deber de CR proteger a todos los sectores productivos y en particular a los ciudadanos que han invertido en el campo colombiano y fueron víctimas del conflicto, que hoy pueden ser revictimizados por un tribunal que no les ofrecerá garantías jurídicas suficientes”.

Vamos a ver. La primera razón citada no resiste mayor análisis. Por una parte, si se tiene en cuenta el análisis del profesor Uprimny se puede mostrar en dónde empezaría una discusión medianamente seria sobre la idoneidad del Tribunal, tarea para la cual el comunicado de CR no está siquiera en fase embrionaria; por otra, hace falta elaborar con rigor teórico qué es lo que llaman un “prejuzgamiento”, si es que alguien, haga parte del Tribunal o no, está exento de tener una concepción del conflicto en Colombia y, además, si esto afecta “de entrada” cualquier juicio que pueda hacer sobre un proceso.

Con todo, como acá no se trata de evaluar la probidad lógica del comunicado, sino su importancia política, interesa ver cómo de esta razón parte la segunda nombrada, esto es, que, de rechazar la idoneidad del Tribunal, se pasa a decir que el deber del partido es proteger a los terceros que puedan ser señalados en los procesos. Esta es la motivación que nos pone en el corazón de la cuestión: el partido quiere “proteger” a los productores, en particular, a los empresarios, a los inversores que puedan ser señalados como “terceros” en los procesos de la JEP, es decir, como financiadores, actores intelectuales o partícipes del conflicto en cualquier forma –como agentes de desplazamiento, desposesión, robo de tierras, etc.–. De manera que es el miedo de los capitalistas, inversores, dueños de tierras y riqueza de ser señalados como actores del conflicto, cuando y si lo determina así el Tribunal, antes que cualquier valor moral o democrático, lo que ha llevado a CR a romper de manera estrepitosa con la coalición de Gobierno.

Puesto de otra manera, de lo poco que este partido dice claramente es que quiere proteger los intereses de la clase poseedora de este país y que, si para eso tiene que abandonar el proyecto de por sí sufrido de la paz, está totalmente dispuesto a hacerlo. El lema parecería ser que, esté el país en paz o en guerra, todo se debe mantener como ha transcurrido hasta ahora: un statu quo de oligarquías que se han asentado plácidamente sobre las penas del pueblo.

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Una pregunta que deja todo esto es: ¿a nivel estratégico, se está acercando CR al Centro Democrático y a la posible coalición que este pudiera hacer con Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordoñez o se está posicionando, desde ya, como otra opción (más) de derechas en este país? Habría que decir dos cosas. La primera, que CR ha sido una opción de derecha desde siempre, como la mayoría de partidos políticos en Colombia. La segunda, es que el ejercicio de futurología es vacuo, máxime cuando no hay mayor información para aseverar si esa alianza es posible. Sin embargo, si uno busca dar un diagnóstico basándose en la tendencia histórica del posicionamiento político de las clases en momentos de crisis en los que ven amenazada su hegemonía, sería normal que CR busque en el Centro Democrático un aliado para mantener el orden discursivo y material que ha dominado por más de doscientos años este país.

Y, paradójicamente, tienen altas probabilidades de ganar las próximas elecciones presidenciales.

Palabras al margen